La petición que José María Cuevas ha dirigido al Gobierno para que el Ejecutivo aproveche la tramitación de los presupuestos de 2004 para reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social no es una novedad. Desde hace bastantes años, el presidente de la CEOE, y la propia organización que dirige, vienen reclamando esta medida que tanto perjudica a las empresas y a la creación de empleo. Pero, en esta ocasión, la demanda tiene un doble carácter especial. En primer término, porque la Seguridad Social ya no está en crisis, sino que sus cuentas se saldan año a año con superávit; en segundo término, porque, además de explicar la lógica de su petición, que la tiene, y mucha, Cuevas la acompaña del recordatorio al Gabinete de la promesa electoral que realizó el PP de reducir las cotizaciones en esta legislatura. Y ésta es la última ocasión que le queda al Gobierno para cumplir con lo prometido.
La petición de Cuevas es de lo más sensata del mundo. Las empresas tienen que pagar a la Seguridad Social una cantidad equivalente al 24% de la base de cotización de cada trabajador que tiene contratado, lo que encarece el empleo. Este es uno de los factores principales, junto al elevado coste del despido, que han explicado que la tasa de paro española sea mucho más alta que la media de la Unión Europea y constituye uno de los principales obstáculos a la hora de pisar el acelerador de la creación de empleo. La reducción de las cotizaciones sociales, en consecuencia, se configura como una pieza esencial en cualquier estrategia para lograr el pleno empleo que, además, tendría efectos benignos para el crecimiento económico, en unos momentos en los que no se puede contar con la aportación positiva del sector exterior, ya que más empleo es más consumo privado y, en consecuencia, mayores ritmos de actividad económica, ya que el gasto familiar supone, aproximadamente, dos terceras partes del PIB español.
A pesar de ello, Cuevas puede encontrarse con una nueva negativa del Gobierno a su petición, si bien matizada por posibles rebajas selectivas de las cotizaciones en favor de los colectivos más castigados por el desempleo, esto es, las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años. Y esa respuesta contraria puede venir explicada por la propia estructura financiera de una Seguridad Social que hoy registra superávit pero que con menos cotizaciones empresariales puede ver cómo desaparece ese saldo positivo en sus cuentas. Eso hoy no supone un problema para el pago de las pensiones, puesto que los ingresos por cotizaciones son más que suficientes para atenderlas, pero otra cosa es el mañana.
Con la vista puesta en el futuro, se creó el fondo de reserva, pero éste no es más que una ayuda, un alivio para atender los compromisos venideros, pero no evitará por sí solo que, en una década o algo más, el saldo de la Seguridad Social vuelva a escribirse con números rojos. Eso cambiará si se lleva a cabo una reforma del sistema de pensiones para transformarlo en un sistema mixto en el que intervengan también las aportaciones a planes y fondos privados, bien sea a título individual, bien bajo la forma de planes de empresa, de manera que estas cotizaciones sirvan para complementar en el futuro la pensión pública. Pero, hasta que se produzca esa reforma, las cotizaciones empresariales seguirán siendo necesarias para mantener la Seguridad Social saneada. Ese es el drama al que se enfrenta la CEOE: tiene toda la razón del mundo en su planteamiento, pero probablemente tendrá que esperar hasta que el Gobierno de turno se decida de una vez por todas a acometer la verdadera reforma del sistema de pensiones.
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