Los socialistas españoles se han embarcado en una estrategia parecida a una escalera de caracol para romper el equilibrio presupuestario. A unas declaraciones que hablan de mantenerlo se suceden otras que cuentan con su final, para venir a continuación unas terceras que matizan muchas cosas y así sucesivamente mientras se asciende peldaño a peldaño, dando vueltas al asunto, con la vista puesta en el punto más alto en el que se sitúa el retorno al déficit público.
El PSOE empezó esta andadura antes de las elecciones del 14-M cuando criticó al Gobierno del PP por lo que llamó el “fundamentalismo” en torno al déficit cero. Luego vino Pedro Solbes, cuando aceptó el nombramiento como vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, con unas declaraciones en la que hacía especial hincapié en la importancia de la estabilidad presupuestaria. A continuación, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se descolgó en una entrevista en el diario El Mundo con la idea de que el concepto de estabilidad presupuestaria era para el conjunto de la legislatura, no para todos y cada uno de los años que la forman, y dijo, además, que mientras en España hubiera un problema de la gravedad del de la vivienda, la prioridad tendría que ser ésa y no el mantenimiento de las cuentas públicas equilibradas.
Después vino el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, que comentó su intención de crear en la Cámara Baja una Oficina Presupuestaria similar a la que existe en el Congreso de Estados Unidos, para dar la idea de que los socialistas no se creían eso del superávit del PP y que, en cualquier caso, estarían muy vigilantes con todo lo que tuviera que ver con los ingresos y los gastos del Estado. Y, finalmente, Solbes volvió a intervenir para señalar que algún año podría cerrarse con un ligero déficit. La dirección de los acontecimientos está clara, a pesar de tanto rodeo.
Ahora, para poner la guinda, Joaquín Almunia, candidato a suceder a Solbes como comisario europeo de Asuntos Económicos, en su intervención ante el Parlamento Europeo, que debe aprobar el nombramiento, acaba de manifestar que el objetivo marcado por el Pacto de Estabilidad de equilibrio o superávit presupuestario a medio plazo “debería tener en cuenta las condiciones específicas de cada país”. Esa condición es todo un cajón de sastre en el que cabe cualquier cosa. Puede entenderse como las dificultades estructurales de un Estado concreto para avanzar con cierta rapidez hacia la culminación del saneamiento de sus cuentas públicas; puede querer decir también que podría estar justificado algún retroceso en ese camino si un país atraviesa por dificultades coyunturales; pero también puede interpretarse como que las circunstancias concretas de un país requieran una acción política que incluya la vuelta a los números rojos para resolver un problema, por ejemplo, el de la vivienda. Si a ello se añade lo señalado también por Almunia acerca de la problemática habida en la aplicación de las reglas presupuestarias “requiere una revisión del actual marco”, el escenario para permitir la relajación fiscal está completo.