¿Hasta qué punto Pedro Solbes tiene libertad para ejecutar la política económica que a él le gustaría y que ha defendido en sus años como comisario europeo de Asuntos Económicos? El vicepresidente económico del Gobierno se encuentra en una tesitura difícil, alimentada por los silencios de Zapatero y las necesidades del PSOE de contar con el apoyo parlamentario de Ezquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida.
Los poco más de dos meses que Solbes lleva en el cargo han venido caracterizados por un pulso permanente con la mayoría de los miembros del Gobierno acerca de la política económica, a los que ha tenido que llamar la atención en más de una ocasión, mientras Zapatero calla en vez de imponer a todo el mundo la obligación de seguir las líneas marcadas por Solbes y no salirse de ellas, sobre todo sin hablar primero con el responsable de la política económica. Ahora, para complicar más las cosas, empieza el momento en que los partidos que apoyan a los socialistas en el Parlamento nacional empiezan a exigir contraprestaciones por sus votos. ERC e IU no otorgan al PSOE cheques en blanco, ni siquiera por eso tan de la izquierda española de que todo vale con tal de que no gobierne el PP. Por el contrario, con Zapatero y los suyos instalados en La Moncloa, ahora empiezan a exigir peajes políticos para mantenerlos en el poder. Y el de ERC ha sido muy claro.
El miércoles por la mañana amenazó a los socialistas con no votar los presupuestos para 2005 si desde el Gobierno nacional no se aliviaba la difícil situación financiera de Cataluña. Dicho y hecho. Al día siguiente, el miércoles, el propio Solbes anunciaba en el Congreso de los Diputados su intención de reformar la ley de estabilidad presupuestaria que, entre otras cosas, busca permitir que las comunidades autónomas puedan incurrir en déficit y relajar las exigencias de equilibrio presupuestario para entenderlas no de manera anual, sino en el conjunto de la legislatura. El anuncio de Solbes no deja de ser preocupante en tanto en cuanto la propia ley de estabilidad prevé mecanismos para que las autonomías con dificultades financieras puedan solucionarlas. Pero, claro, eso exige sacrificios y recortes del gasto, cosa a la que no parece dispuesto el tripartito de izquierdas que gobierna en Cataluña. Por consiguiente, volvemos a lo de siempre: las autonomías a gastar y luego que el Estado resuelva los problemas porque los ejecutivos regionales no quieren implicarse en el saneamiento de las cuentas autonómicas.
La ley de estabilidad presupuestaria nació, precisamente, para evitar estas situaciones. El equilibrio en las cuentas públicas de un país como el nuestro no es cosa sólo del Estado, sino también de las administraciones territoriales, porque sus saldos presupuestarios y su endeudamiento también computan en el conjunto nacional y limitan o amplían la capacidad de los distintos gobiernos para bajar impuestos. Esa es la realidad por la que se estableció una normativa destinada a consolidar el elevado grado de confianza adquirido por España ante los inversores institucionales, que se ha traducido en la eliminación de la prima de riesgo con Alemania o, dicho de forma directa, sencilla y comprensible, en unos tipos de interés históricamente bajos. Sin embargo, todo eso puede empezar a cambiar ahora.