Cuando la reina Isabel I de Inglaterra quiso atacar al Imperio español regido por Felipe II, una de las cosas que hizo fue dar a los piratas patente de corso, esto es, impunidad legal para asaltar los barcos españoles cargados de riquezas procedentes de América. El Gobierno del PSOE cree que la victoria en unas elecciones generales le otorga una de esas patentes de corso para asaltar con impunidad las empresas e instituciones privadas cuando, en realidad, la llegada al poder lo único que le proporciona es la capacidad de nombrar ministros y secretarios de Estado, altos cargos de la Administración y personal directivo de las empresas y organismos públicos, pero nada más. Esto es así porque se supone que vivimos en una democracia en la que el poder político tiene que respetar, en todo momento, el ámbito de lo privado. No hacerlo acarrea costes muy elevados y genera facturas que se pagan muy caras.
Desde esta perspectiva, el Ejecutivo ha cometido un grave error por pretender tomar al asalto la dirección del BBVA y hacerlo, además, de la forma tan burda en que está llevando a cabo el intento, queriendo implicar ahora en la operación ni más ni menos que a una institución del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, afortunadamente, hasta ahora ha respondido como, en teoría, cabe esperar de ella, esto es, no cayendo en la trampa que se le ha tendido.
Aún así, los daños ya empiezan a estar hechos y pueden golpear con dureza al conjunto de la economía española. De entrada, el primer perjuicio se lo lleva ya el propio banco. Cuando el BBVA estaba a punto de presentar una OPA sobre la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), el Gobierno italiano ha prohibido a los bancos extranjeros tomar participaciones superiores al 15% en el capital de las entidades nacionales, una decisión que se produce como consecuencia del respaldo que dio el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, al ataque de Sacyr-Vallehermoso al BBVA. Este hecho ya es de por sí grave porque acaba con una importante operación corporativa protagonizada por un banco español que le hubiera permitido afianzarse en un contexto internacional que, según los expertos, va a venir caracterizado en los próximos años por fusiones y adquisiciones trasfronterizas que van a modificar de manera sustancial el mapa bancario mundial. Pero, además, hay un segundo problema para el BBVA. De acuerdo con las normas contables de Basilea II, a finales de 2005 el banco español tendrá que dotar provisiones por su participación en el BNL, si antes no se ha deshecho de ella, porque no tiene el control de la entidad italiana. Eso, sin duda, afectará a los resultados del banco que, hasta el momento, vienen siendo muy buenos y explican la importante subida que ha experimentado en Bolsa en los dos últimos ejercicios. Seguro que los accionistas del BBVA estarán ‘encantados’ con la que les está haciendo el Ejecutivo de Zapatero.
Por desgracia, las consecuencias negativas de esta operación se extienden al conjunto de la economía española. El influyente Financial Times no dudo lo más mínimo en criticar, primero, el buen gobierno de las sociedades cotizadas en España cuando Sacyr-Vallehermoso inició el asalto al BBVA con toda impunidad. Y luego vino el segundo golpe del FT, en esta ocasión en forma de crítica a la credibilidad de Solbes debido al respaldo claro y explícito que dio el vicepresidente económico a la operación. Si en los mercados financieros internacionales había alguien que confiaba en la economía española, al leer las opiniones vertidas por el “salmón” británico seguro que cambió de idea. Porque esa es la consecuencia de lo dicho en todo este asunto por el FT, quien probablemente aprovechó la ocasión para, de manera indirecta, tratar de poner palos en las ruedas a la compra del Abbey por parte del SCH, una operación en la que, desde el principio, el diario económico británico ha estado en contra.
Además, todo esto era innecesario. Si los socialistas querían sacar a Francisco González de la presidencia del BBVA, lo único que tenían que hacer era esperar a que transcurriera el tiempo, ya que FG anunció el año pasado que permanecería dos años más al frente del banco y luego se iría. Un Gobierno inteligente hubiera aprovechado ese tiempo para trabajarse el nombramiento de un sucesor próximo a él, pero nunca se hubiera metido en una guerra semejante, y con tan pocas posibilidades de victoria, porque le desgasta a él mismo y cercena de raíz la confianza en la economía española. De hecho, hoy la imagen que transmite a todo el mundo es la de un país en el que reina la inseguridad jurídica, en el que el poder político puede actuar con toda impunidad sin respetar para nada los derechos del sector privado. Esto empieza a degenerar en una situación peligrosa para la economía española. Algunos inversores profesionales me comentan que las casas de Bolsa internacionales empiezan a recomendar a sus traders que en las operaciones con acciones españolas introduzcan una prima de riesgo, lo que significa precios más bajos; otros temen que esas sugerencias se trasladen, en unos meses, a los informes sobre la Bolsa española y las empresas que cotizan en ella; otros más se preocupan porque esta situación dé lugar a una posible reordenación de las carteras de los grandes inversores institucionales, en las que, en el mejor de los casos, darían menos peso a las empresas españolas y, en el peor, las sacarían de su cartera... En fin, que el panorama que se perfila es bastante preocupante porque todo esto, al final, se traduce en que a España afluye menos inversión, las empresas encuentran más dificultades para hallar recursos con los que financiar sus planes, los ahorradores obtiene una rentabilidad menor por su dinero y, en última instancia, todo ello acaba por golpear al crecimiento económico, que es la fuente de la que manan el empleo y el bienestar social.