Hace unos meses, algunas de las casas de Bolsa y bancos de negocios más importantes del mundo sugerían a sus brokers que operan en España que empezasen a aplicar una prima de riesgo a las acciones de los valores que cotizan en nuestro mercado, sobre todo a los de empresas que operan en sectores regulados. A principios de febrero, esta percepción se trasladó a sendos informes sobre el sector eléctrico de entidades como Citigroup, UBS Warburg, Merrill Lynch y Morgan Stanley en los que advertían que el marco legal en España es inestable y poco transparente. El contenido del plan para impulsar la productividad y el empleo que acaba de presentar el Gobierno justifica estas críticas.
El Ejecutivo ha iniciado una nueva reforma de la regulación del sector eléctrico, de espaldas a las empresas que forman parte de él, cuando en la pasada legislatura estas mismas compañías ya habían pactado con el Gobierno del PP un escenario estable hasta 2010. Sin embargo, ese marco estable ha durado lo que los populares en el poder desde que lo firmaron en 2002 y ahora los socialistas quieren hacer otra cosa, aunque no necesariamente para mejor.
Uno de los puntos del plan del Gobierno es establecer un sistema de fijación de tarifas más transparente. Sin embargo, el actual ya lo es. Es la fórmula para la revisión anual que acordaron el Gobierno y las eléctricas, publicada en el B.O.E., que debería estar vigente hasta 2010. De esta forma, las compañías del sector sabrían en todo momento la evolución de la tarifa eléctrica para los próximos ejercicios y, de esta forma, podrían planificar mucho mejor la financiación de sus inversiones futuras. De hecho, este sistema era una antigua demanda del sector que encontró eco y plasmación por escrito en la pasada legislatura. Pero ahora, con la intención declarada por el Ejecutivo en el plan, reaparece la incertidumbre sobre la corriente de ingresos futuros de las compañías porque el Gabinete ha adelantado la fecha de caducidad del sistema vigente sin decir cuál es la nueva. Y los eléctricos, otra vez, sin saber a qué atenerse y temiéndose que la rebaja de la tarifa vuelva a ser el principal instrumento en manos del Gobierno para reducir la inflación.
Si lo anterior ya basta por sí solo para generar bastante incertidumbre en torno al sector eléctrico, ésta aumenta mucho más después de que el Ejecutivo haya decidido aplazar hasta 2006 el pago de los costes de transición a la competencia –los famosos y controvertidos CTCs– y decir, además, que éstos se calcularán en función del nuevo método que surja a partir del libro blanco para la reforma del sector que encargó el año pasado el Ministerio de Industria. El sector, sin embargo, no necesita ninguna reforma; tan sólo avanzar en lo acordado con el anterior Gobierno del PP y revisar algunas cosas de acuerdo con el contenido de ese pacto. Así lo dijeron las compañías, pero Industria decidió prestar oídos sordos y se embarcó en una reforma cuya dirección hoy por hoy se desconoce, aunque ya se sabe, gracias al plan, que el sistema de cálculo de los CTCs se modificará. Nuevamente, las eléctricas vuelven a quedarse sin forma de poder estimar sus ingresos futuros, aunque sea de manera aproximada, con los problemas que ello supone a la hora de planificar sus inversiones.
Además, las incertidumbres no sólo están en lo que dice el plan sino también en lo que el Gobierno ha dicho que queda para la próxima semana. Se trata de una cuestión muy delicada, la de la participación en el capital de las empresas energéticas. El Ejecutivo, de entrada, ha empezado a hablar de aumentar los controles sobre aquellas entidades con participaciones superiores al 10% en el accionariado de una o varias compañías energéticas, un control que, en principio, es innecesario ya que el decreto de 26 de junio de 2000 impide a estas entidades ejercer derechos políticos en más de una de esas compañías en las que tiene inversiones si pertenecen a la misma rama de producción, esto es, si se trata de dos eléctricas, dos operadores de gas, etc. Pero ocurre que, por un lado, el Ejecutivo estudia también eliminar esas restricciones para facilitar la entrada de La Caixa en el consejo de administración de Endesa, que también opera en gas, cuando ya tiene participaciones significativas en otras dos compañías que trabajan en este ámbito: Repsol y Gas Natural, ambas también con inversiones en instalaciones de generación de electricidad. Y sucede también que el BBVA, a cuyo presidente el Ejecutivo ha tratado de moverle el sillón a través de Sacyr Vallehermoso, participa en el capital y el consejo de la petrolera y de Iberdrola y que la Comisión Nacional de la Energía, parece que a sugerencia del Gobierno, quiere que salga de uno de ellos. El lío, por tanto, está servido, aunque no nos coge por sorpresa puesto que desde el principio de la legislatura destacados miembros del área económica del Ejecutivo y de la Presidencia del Gobierno ya anunciaron movimientos corporativos en el sector energético. Todo esto no es más que la preparación del escenario para que dichas profecías se cumplan.
En sus informes sobre el sector eléctrico español, los principales bancos de negocios internacionales se referían también a la baja rentabilidad de las inversiones en él, algo sorprendente a la luz de los resultados de 2004 que han presentado Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa. Pero al referirse a esa baja rentabilidad, de lo que estaban hablando es de una previsible evolución bursátil pobre debido a que en la cotización de sus acciones empieza a incorporarse el riesgo regulatorio que ha resucitado el Gobierno cuando parecía que había quedado desterrado al menos hasta el final de la década. Y es que no se puede estar cambiando las reglas del juego cada dos por tres por razones políticas ajenas a las necesidades económicas del sector o del país.
