El ministerio de Trabajo ha ofrecido esta semana el dato de empleo del mes de agosto. El dato “no es bueno”, como ha reconocido el propio ministro de economía, Pedro Solbes. Es peor que eso, porque ha venido acompañado de una caída de 188.535 afiliados a la Seguridad Social, el uno por ciento del total. Solbes confía en que los datos de agosto sean algo puntual, pasajero, y que la situación mejorará en los próximos meses. No es labor del Gobierno tener esperanza, sino tomar medidas que favorezcan la creación de empleo. Pero ni las decisiones tomadas hasta el momento ni las medidas que acaba de anunciar nos permiten ser optimistas.
El primer varapalo del gobierno socialista contra el empleo fue la elevación del salario mínimo. Los salarios están determinados por el valor de lo que aportan a la producción. Si se prohíbe al empresario y al trabajador acordar voluntariamente unas condiciones salariales por debajo de determinado límite, simplemente no se realizarán dichos contratos, o lo harán fuera de la legalidad. Puesto que esta restrictiva medida incide sobre los salarios más bajos, afectará negativamente a los más jóvenes, a quien se les dificulta el inicio de su carrera profesional, y a los inmigrantes, que ante la imposibilidad de ganar un sueldo que el gobierno considere legal, tendrán que inclinarse por otras opciones.
A ello se sumará la prevista subida de los impuestos sobre las facturas de la luz, el tabaco y el alcohol, para destinar los ingresos extraídos al consumidor al gasto sanitario de las comunidades autónomas. La medida, además de estar mal encaminada, dado que lo realmente necesario es un replanteamiento del modelo sanitario, resulta muy contraproducente para la creación de empleo. Uno de los principales problemas de nuestra economía es la falta de competitividad internacional. Elevar los impuestos en un momento en que la creciente competencia fiscal en todo el mundo está obligando incluso a los vecinos más reacios a rebajarlos es una medida descabellada y que puede causar un daño importante a la creación de empleo. Lo que sería más inteligente es precisamente mejorar nuestro complejo, injusto e ineficaz sistema fiscal para aumentar el atractivo de España como destino de las inversiones. Es el camino que adoptó hace más de dos décadas Irlanda, con un éxito descollante.
Y, por último, nuestro gobierno está dispuesto a llevar a cabo una auténtica contrarreforma laboral. Los principales analistas y organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la OCDE, resaltan la escasa flexibilidad del mercado laboral español, que junto con otros factores estructurales mantiene nuestra tasa de desempleo muy por encima de nuestros principales socios. Las barreras al despido son barreras a la contratación, porque los empresarios tienen en cuenta todos los costes a la hora de dar empleo. Lo que necesita nuestro mercado laboral es más flexibilidad para que quien temporalmente se encuentre en el desempleo sepa que su contratación no será demasiado onerosa para su futuro empleador.
Es pronto para valorar los datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto. Pero ciertamente no son un buen dato y deberían servirle de aviso al Gobierno; lo poco que está decidiendo en materia económica, más lo que se anuncia, supone un ataque directo a la creación de empleo, que debía ser el primer objetivo en materia social.
