¿Hay un componente político en la OPA de Gas Natural sobre Endesa? Por mucho que las intenciones de la gasista catalana pudieran ser estrictamente empresariales, es imposible apartar las connotaciones políticas de la operación desde el momento en que la misma entra dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Industria, cuyo titular, José Montilla, no ha hecho más que favorecer a Cataluña desde el principio de la legislatura, aunque sea a costa de los intereses del conjunto de la nación. Ahora todo apunta a que la historia va a volver a repetirse.
Nada más comenzar la legislatura, Montilla impuso una regulación restrictiva de los horarios comerciales, tal y como querían los comerciantes catalanes, y en contra de los deseos del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que abogó por una mayor liberalización para modernizar el sector comercial, atender a las necesidades de las sociedades urbanas del siglo XXI y luchar contra determinados componentes de la inflación española a través de una mayor competencia en la distribución minorista. Pero a Montilla esto no le importó demasiado y, aunque aumentó el número de festivos que las autonomías pueden autorizar la apertura de comercios, también redujo el mínimo obligatorio, lo que aprovecharon muchos gobiernos regionales para recortar las aperturas de los comercios en días de fiesta. Y todo por la eterna cuestión de favorecer a los botiguers, a costa, como siempre del sufrido consumidor. De esa misma manera, en vez de proporcionar un nuevo impulso a la apertura de grandes superficies, dejó las cosas como estaban.
Cuando La Caixa, que, como caja de ahorros que es, depende del gobierno de la Generalitat, impuso un cambio en la presidencia de Repsol YPF, de la que la entidad financiera catalana es el principal accionista, Montilla guardó silencio, si bien en este caso no había mucho que decir. Pero lo que ocurrió a continuación, en cuanto Antoni Brufau desplazó del sillón presidencial de la petrolera hispano-argentina a Alfonso Cortina, fue que el señor ministro levantó a Repsol la prohibición de construir nuevas gasolineras, una limitación impuesta por el gobierno del PP para limitar el monopolio de Repsol en la distribución de hidrocarburos y abrir las puertas a un aumento de la competencia que redundase en precios más bajos o en menores incrementos de los mismos. El resultado ha ido en sentido contrario, pero Montilla ha guardado silencio al respecto.
El traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona es otro de los aspectos en los que Montilla ha actuado a favor de Cataluña y de espaldas a los intereses nacionales. El anterior presidente de la CMT, Carlos Bustelo, se manifestó en contra de la operación, por un montón de razones de eficiencia y lógica. Pese a ello, Montilla impuso su criterio solo por favorecer a Cataluña, pese a los enormes perjuicios que va a ocasionar esta decisión a las empresas del sector. Por supuesto, Bustelo presentó la dimisión.
Ahora estamos en las mismas. Resulta que a Montilla le preocupaba enormemente el sector eléctrico y su capacidad para atender las necesidades crecientes de la economía y la sociedad españolas. Por ello promovió la elaboración de un libro blanco del sector, una de cuyas principales conclusiones es limitar el peso de Endesa e Iberdrola en el conjunto del sector. Sin embargo, en caso de triunfar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, no sólo no se producirá esto, sino que aumentará la concentración, esto es el poder, en el sector energético que, hoy por hoy, ostenta ya La Caixa a través de sus participaciones mayoritarias en Repsol y Gas Natural, que también tienen intereses en la rama eléctrica. ¿Qué dice Montilla al respecto? Pues nada excepto bendecir una operación que conocía desde principios de agosto y que respaldó implícitamente al hablar nuevamente a finales del mes pasado de la necesidad de cambiar a los presidentes de empresas privatizadas puestos por el PP.
¿Qué gana Cataluña con la OPA, si triunfa? De entrada, la autosuficiencia energética necesaria para cualquier proyecto independentista, ya que Endesa es la eléctrica que opera allí a través de FECSA. Pero también obtiene una segunda cuestión muy importante. Si la OPA triunfa, la Generalitat incrementará sustancialmente sus ingresos por los beneficios de Endesa que se impute Gas Natural. Si, además, en un momento determinado, la gasista decide trasladar a Cataluña el domicilio fiscal de la eléctrica, dichos ingresos aumentarán todavía más a través del IVA y del impuesto de sociedades de Endesa. ¿Quién pretende que detrás de todo este asunto no hay un componente político de por medio?
