El Gobierno, por boca de la ministra Elena Espinosa, declara a estas alturas que está cerca de un acuerdo con los agricultores que resultará en una rebaja para el sector de los impuestos sobre el gasóleo. Y ya ha avisado de que el agujero que se produzca en la recaudación cuando finalmente se cierre el acuerdo se pagará por medio de un aumento de los impuestos al resto de los ciudadanos. Espinosa resume eficazmente con sus palabras la esencia de la política económica de este Gobierno: ceder ante los grupos organizados con perjuicio del español medio, que no tiene ni los incentivos ni el tiempo para organizarse; y que, en consecuencia, se queda indefenso ante un Gobierno que ni piensa en él ni le defiende.
El caso de los agricultores no es el primero. Recordemos que Espinosa ya había cedido ante el sector pesquero, a quien se comprometió a proporcionar ayudas por valor de 9,5 céntimos por litro de gasóleo. Desde ese momento, todos los grupos de interés organizados se dieron cuenta de que el Gobierno cedería ante sus pretensiones si creaban suficientes problemas, y para ello el Ejecutivo estaba dispuesto a sacrificar al conjunto de los españoles. Nada más significativo que el hecho de que el mismo día que el Gobierno cerró un acuerdo con los pescadores, el sector del campo se lanzó con sus propias exigencias, que por las palabras de Espinosa serán al menos parcialmente concedidas. Si finalmente cede también en este caso, ya puede pensar el ciudadano medio, el español que no pertenezca a un grupo especial o altamente organizado, en rascarse el bolsillo. Vendrán nuevas movilizaciones y nuevas cesiones, que tendrán que pagar los demás.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofrece, con esta actitud, una sensación de provisionalidad. No piensa en los intereses generales de los españoles ni en su futuro a largo plazo. De este modo se afianza la impresión de que Rodríguez Zapatero no ve más allá de su programa radical y de las próximas elecciones. Y que todos los demás asuntos, que deberían recaer en el ejercicio normal del Gobierno, le resultan molestos y de escaso interés.
Esta actitud, esta debilidad con los grupos de interés particular, contrasta con el desprecio con que trata al ciudadano de la calle. José Luis Rodríguez Zapatero se negó a recibir a la asociación de padres de alumnos que venía respaldada por tres millones y medio de firmas. Su displicencia hacia las multitudinarias manifestaciones contra la negociación con ETA, en defensa de la familia y contra la LOE ha sido ciertamente notable. Cuando se trata de ciudadanos que se manifiestan por centenares de miles de personas y en representación de muchas más, pero con mensajes que no encajan con la deriva radical del actual Ejecutivo, el Gobierno ha demostrado una capacidad para la sordera voluntaria muy llamativa. Debilidad ante los fuertes y fortaleza contra los más débiles. Este debe de ser el talante del que siempre habla Rodríguez Zapatero.
