Una de las características fundamentales de una economía de mercado es lo que se conoce como soberanía del consumidor, esto es, la libertad de que disfrutan los ciudadanos para adquirir aquellos bienes y servicios que deseen, eligiendo con sus decisiones de compra qué productos triunfan en el mercado y cuáles no. De esta forma, esta teoría, que constituye una de las grandes aportaciones de Milton Friedman a la ciencia económica, contribuye sobremanera a explicar el funcionamiento de los mercados.
La gente adquiere cosas por motivos muy diversos. En unos casos, el comprador se fija en el precio de un bien, en otros en su calidad o en su diseño, en otros, en cambio, la decisión de compra es fruto de la publicidad y el marketing, de las preferencias de cada uno o de algo tan simple y sencillo como que la tienda más próxima al hogar distribuya una determinada marca de un producto y no otra. Pero hay ocasiones en que las decisiones de compra vienen motivadas por otros factores relacionados con la psicología de masas y con acontecimientos concretos que suscitan el rechazo de los consumidores hacia unos bienes en favor de otros. Estas actitudes son espontáneas y surgen como manifestación de rechazo hacia algo o alguien que la sociedad siente que les ha perjudicado. Fue el caso, por ejemplo, cuando hace unos años en España cayeron drásticamente las ventas de productos franceses y en las grandes superficies con pasaporte de nuestro vecino del otro lado de los Pirineos como rechazo a los ataques de los agricultores franceses contra los camiones españoles de fruta, ante los cuales París permanecía impasible. Algo parecido sucedió en Estados Unidos con los productos franceses en 2003 ante las críticas vertidas por el Gobierno de Francia contra los norteamericanos por la guerra de Irak. Y es lo que está ocurriendo ahora con los productos catalanes en el resto de España.
Los ciudadanos se sienten molestos con el Tripartito catalán por sus actitudes respecto al resto del país y, de forma espontánea y sin que haya ninguna organización perversa ni mano negra detrás deciden no adquirir productos catalanes. Esto empezó hace un año con la decisión de dividir el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca para trasladar parte de los papeles a Cataluña y ha seguido con cosas como las manifestaciones de Carod Rovira contra la candidatura olímpica de Madrid, el proyecto de reforma del Estatuto o la propuesta de un modelo de financiación autonómica insolidario con el resto de España. Ante ello, los españoles han reaccionado, de forma espontánea, ejerciendo su soberanía como consumidores y rechazando la compra de productos catalanes.
Calificar, sin embargo, estos hechos como boicot, como dice el Tripartito es no entender como funciona un mercado y la sociedad a la que sirve. Boicot es la campaña Compreu y no compreu porque esta organizada –en concreto por Omnium Cultural–, es financiada por la Generalidad a través de las subvenciones a quien la puso en marcha, es premeditada y responde a una finalidad clara: la inmersión lingüística mediante la promoción del rechazo hacia aquellas marcas que no etiqueten en catalán, a pesar de los costes que ello tiene para las empresas y a pesar, también y sobre todo, de que el castellano es el idioma oficial de este país, Cataluña incluida. Esto sí es un boicot y no la reacción espontánea de la gente, indignada por lo que sucede en y con Cataluña, que expresa su malestar y su rechazo mediante el libre ejercicio de su soberanía como consumidores. Y esto es algo que debe entender el Tripartito catalán: que, le guste o no, su actitud y sus actuaciones tienen un coste que, aunque algunos políticos catalanes estén dispuestos a asumir, la sociedad catalana no. El mensaje es muy claro respecto a cómo se tienen que arreglar las cosas, que no es, precisamente, a través del ministerio del Interior porque aquí no hay conspiración ni conjura organizada contra nadie; solo otro ejercicio de libertad que tanto molesta a algunos.