Un derecho que ningún gobierno del mundo debería atreverse a negar es el de propiedad. Los propietarios de Endesa tienen derecho a vender a quien prefieran sus acciones, sin intromisiones de ningún tipo. Absurdas y abstractas referencias a la "españolidad" no pueden servir para perjudicar a españoles reales y concretos, esos ciudadanos a los que Zapatero dice defender frente al mercado, que son los que tienen un interés legítimo en este asunto. Las medidas del Gobierno, aprobadas de urgencia, suponen una agresión al derecho de propiedad no sólo de los españoles, sino también de aquellos que en todo el mundo han confiado en que España era un Estado de Derecho y han invertido sus ahorros, ganados con esfuerzo, en Endesa.
El ministro condonado balbuceaba hoy, falto de la energía que otorga el convencimiento de estar haciendo el bien, las excusas escogidas para justificar este intento de evitar que una empresa europea compre a otra. Excusas son, pues de ser ciertas las razones que según el Gobierno han llevado a adoptar estas medidas, no se hubieran aprobado justo en el momento en que todos los inversores asumirán que se toman debido a la OPA de E.On. "Uno se plantea los problemas cuando los tiene", ha afirmado el secretario de Estado de la Energía como justificación. No cabe duda que hablaba por el Gobierno, aunque por su cargo debería hacerlo en nombre de todos los españoles, pues es Zapatero y los suyos los únicos que han visto en este intento de compra un problema.
El Gobierno no sólo daña así a Endesa, a sus accionistas y a los consumidores; crea un daño irremediable a la imagen de España entre los inversores extranjeros cuyo principal interés es obtener rentabilidad por su dinero, para lo que es imprescindible que se respete la libertad y la propiedad. Crear leyes contra empresas y operaciones concretas no hace sino dañar el clima de confianza en el Estado de Derecho que se necesita para evitar deslocalizaciones y fuga de capitales. Pedro Solbes, como economista, es perfectamente consciente de todo esto. Como socialista, en cambio, se calla y obedece al jefe.
La oferta de E.On no sólo es evidentemente mejor para los accionistas, sino que permite conservar uno de los operadores del mercado energético, mientras que la de Gas Natural eliminaba uno. Es pues, mejor para la competencia y, por tanto, para los consumidores. Las razones reales de esta intromisión del Gobierno en la libertad y la propiedad sólo se pueden encontrar, por tanto, en el precio que Zapatero ha prometido pagar a sus socios, los nacionalistas catalanes, y el temor al que pueden ponerle si La Caixa no obtiene el rendimiento esperado a la condonación del crédito de los mil millones.
El malvado Aznar había decidido alejarnos de Europa para ser un perrito faldero de un casi tan malvado Bush. De modo que, con la elección de Zapatero, España volvía a Europa, de lo cual todos debíamos felicitarnos. De la Vega seguía afirmando, hace pocas semanas, que "tenemos una fuerza muy especial porque hemos vuelto al corazón de Europa, como prometimos". Y llegó a afirmar que, dado el resultado del referéndum, tenían un plus de legitimidad ya que compartían con los ciudadanos "una profunda convicción europeísta". Ahora, sin ruborizarse, intentan impedir que una empresa alemana entre en el mercado español y desafían abiertamente a la Comisión Europea, que les había exigido no tomar decisión alguna relacionada con esta operación. La hipocresía socialista no puede dejar de producir sonrojo a cualquier observador imparcial.