El gobierno autorizó, en contra del criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia, la OPA de Gas Natural con veinte condiciones, tan duras que una de ellas se reducía a que "a los efectos de las condiciones anteriores, se entenderá que Gas Natural está formado por Gas Natural SDG S.A. y las empresas controladas por ella". Tal y como el propio Luis Berenguer había impúdicamente pedido en público, el gobierno asumía así el voto particular del presidente del TDC, al que habían nombrado a dedo pese al compromiso socialista de contar para ello con el Parlamento.
Hoy, ese mismo personaje ha mostrado su preocupación porque esta decisión "crea más confusión en la operación", que parece un escaso bagaje argumental para defender las posiciones del gobierno. Y es que, con confusión, el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia se refiere simplemente al cumplimiento de la ley. Es natural que muchos ciudadanos y, sobre todo, muchos inversores estén confundidos ante la continua arbitrariedad del gobierno, puesta de manifiesto por todos los tribunales a los que ha acudido Endesa. Y es que ya han sido cuatro los tribunales que le han dado la razón, al menos en las medidas cautelares que han adoptado. Primero, la Audiencia Nacional obligó a Conthe a tragarse la carta en la que exigía a Pizarro que se entregara en manos de Gas Natural sin defender a los accionistas. Una demanda similar de la propia Gas Natural fue desestimada en Barcelona. Además, un juzgado de primera instancia aceptó suspender cautelarmente la operación en vista de la posible ilegalidad del acuerdo previo de la gasista con Iberdrola. Y, por último, el Tribunal Supremo se ha sumado al coro judicial contra las decisiones de los condonados por La Caixa.
No es frecuente que el Tribunal Supremo suspenda actuaciones del Consejo de Ministros, y mucho menos cautelarmente. A la espera de que dé a conocer el fallo, parece claro que ha visto en aquella autorización indicios de ilegalidad. Y es que la jurisprudencia dicta que, cuando un gobierno no obedece el dictamen del TDC, debe justificar su decisión en términos de defensa de la competencia. Por eso la vicepresidenta anunció aquel viernes de febrero, en lo que parecía puro sarcasmo, que la operación fomentaría la competencia. No parece que los jueces la hayan creído más que nosotros.
Tras este nuevo varapalo, la operación está más lejos que nunca de poderse realizar, salvo que el gobierno logre convencer a los mandatarios de Endesa, con el BOE en la mano, de que es mucho más conveniente rendirse. Los promotores de la OPA parecen haberlo asumido así. Así, el presidente de La Caixa aseguraba que "en todos los conflictos humanos siempre hay posibilidad de pacto" pero que, de todos modos, la entidad que dirige no es "protagonista" de la operación; lejos queda la época en que se condonaban créditos milmillonarios a cambio de que el gobierno ejerciera de celestina en eso del semen de Gabarró.
Lo que sería inconcebible en cualquier "democracia avanzada" es que, tras derrumbarse judicialmente la operación para la que fue nombrado ministro de condonaciones, Montilla siga en su cargo, alegando una excusa tan pobre como que no va a "tener efectos prácticos" en su vida política porque es "reiterativa"; es decir, otro tribunal ya dictaminó el fétido olor que desprenden sus decisiones. Pero es vano pedir un poco de vergüenza o dignidad política a quien está acostumbrado a medrar en el oasis catalán.