Tras más de un año de negociaciones, gobierno, sindicatos y patronal han llegado a un acuerdo que lo único que tiene de ambicioso es recibir el nombre de reforma laboral. Las reformas de los gobiernos del PP no lograron profundizar hasta donde era preciso en la flexibilización y liberalización del mercado de trabajo, especialmente tras retirar las tímidas medidas que provocaron la huelga del 20-J, fracasada en participación pero victoriosa por el sempiterno temor de la derecha a ser acusada de prepotente, intransigente o de tener "escasa sensibilidad" para el diálogo. Sin embargo, caminaron en la dirección correcta, y contribuyeron en no poca medida a que durante esos ocho años se crearan más de cinco millones de empleos, después de que la cifra total de españoles que trabajaban estuviera durante muchos años estancada en los doce millones.
La medida más importante que puede contener cualquier reforma laboral es la que afecta al precio del despido. Así, se habían anunciado rebajas en el mismo con el objetivo de fomentar la contratación fija. Y es que la única manera de reducir la temporalidad en el empleo es bajar el precio que el empresario tiene que abonar por contratar de forma indefinida. Toda empresa debe contar entre los costes de contratación la posibilidad de que deba despedir al empleado, ya sea porque éste no produzca lo suficiente como para pagar su sueldo o, más frecuentemente, porque la empresa sufra un periodo de vacas flacas. Si el coste de ese despido se reduce, habrá muchos más españoles cuya contratación indefinida pase a merecer la pena a su empleador, del mismo modo que hay productos que los consumidores sólo compramos si su precio baja de cierto límite que nos hemos marcado.
Este apaño laboral permite a las empresas convertir los contratos temporales en fijos con una indemnización de 33 días, en lugar de los 45 habituales. Es decir, se amplía el ámbito en el que se puede aplicar el "contrato de fomento del empleo" creado por la reforma de 1997. La crítica principal es la misma, tanto entonces como ahora. Si ese contrato con menos coste de despido fomenta el empleo, ¿por qué restringirlo a sólo unos casos particulares? ¿Acaso no habría más contrato indefinido si se permitiera su uso en todos los nuevos contratos indefinidos?
Sin embargo, esta reforma tiene un agravante añadido, que es la fecha de caducidad. Sólo los contratos temporales suscritos antes de que termine el año 2007 podrán convertirse a fijos empleando esta fórmula, en lo que el gobierno ha calificado como "plan de choque". Las consecuencias son claras. Si los contratos temporales realizados antes de esa fecha tienen esa ventaja, los efectos beneficiosos de una rebaja del precio del despido se concentrarán en ese limitado periodo de año y medio que transcurrirá entre la publicación en el BOE de este apaño y el fin del "periodo de gracia". Es decir, que esta reforma permitirá reducir el desempleo sólo durante el tiempo suficiente como para permitir al gobierno presentar un buen expediente en las próximas elecciones. Y es que Zapatero y los suyos, en esto como en tantas otras cosas, no son capaces de mirar más allá del horizonte de la reelección de su gobierno.