Esperanza Aguirre acaba de marcar un hito al ser la primera presidenta de una Comunidad Autónoma que utiliza la capacidad con que cuentan los ejecutivos regionales para bajar los impuestos. Lo que ha hecho Esperanza es mucho más que un gesto; es un claro ejemplo de que, cuando se hacen las cosas bien, hay alternativas a la política imperante en las autonomías de más sector público y más gasto.
Aguirre acaba de romper con la tónica dominante entre los presidentes autonómicos. Cuando el PP les confirió la capacidad de poder bajar o subir los impuestos, en función de las necesidades y las preferencias políticas de cada uno, nadie se atrevió a incrementar la fiscalidad por lo impopular que resultaría una medida semejante, ni siquiera una Generalitat catalana asfixiada por el mal estado de sus finanzas. Pero tampoco nadie quería bajar impuestos aunque pudiera hacerlo; para casi todos los presidentes autonómicos, hacerlo era renunciar a cuotas de poder a través de los presupuestos regionales que no querían perder. Y en esto daba igual el color político del presidente autonómico: era un sentimiento compartido por todos ellos, con independencia del partido al que pertenecieran. Ahora, Aguirre ha roto con esa tendencia y, con ello, no solo va a beneficiar a los ciudadanos de Madrid, sino también a todos aquellos que empiecen a pedir cuentas a sus respectivos mandatarios regionales de por qué no hacen lo mismo. Madrid acaba de asumir el liderazgo político de una forma distinta de hacer las cosas.
Aguirre ha podido llevar a cabo esta medida, uno de los compromisos que adquirió con los madrileños en su discurso de investidura, gracias a dos cuestiones relacionadas con su política económica. En primer término, el recorte de impuestos ha sido posible porque las finanzas públicas madrileñas están saneadas. Frente a otras autonomías que han apostado por políticas de crecimiento del gasto público, la Comunidad de Madrid, en cambio, se ha decantado por una buena administración y por una concepción distinta de las tareas de Gobierno en las que el sector público debe dejar espacios de libertad a los ciudadanos y a la iniciativa privada. El resultado de esta filosofía no es otro que la capacidad de Madrid para aliviar la presión fiscal de los ciudadanos mientras en el Ministerio de Economía se estudia la posibilidad de prohibir a las comunidades autónomas que bajen impuestos ante el mal estado de las cuentas públicas de muchas de ellas, una situación que el Ministerio sospecha que es mucho peor que la que declaran oficialmente.
En segundo lugar, la apuesta del Gobierno de Esperanza Aguirre por medidas liberalizadoras de la economía, dentro de la capacidad de maniobra con que cuenta el Ejecutivo regional para ello, y ese espíritu de dejar espacio a la iniciativa privada, frente a otras autonomías donde la regulación y el crecimiento del sector público son la norma, han convertido a Madrid en la economía regional que más creció en 2005, con una tasa del 4%, y la que más se ha desarrollado en los últimos diez años. Esto se ha traducido en creación de empresas y la generación de más de un millón de puestos de trabajo. Las arcas públicas de la Comunidad se han beneficiado de ello por los ingresos tributarios aportados por ese gran dinamismo económico, lo que también le ha proporcionado a Aguirre el margen presupuestario para poder bajar impuestos, un margen del que no disponen todas las comunidades autónomas como consecuencia de sus elecciones en materia de política económica.
Aguirre, con su gestión, ha beneficiado en este sentido a todos los ciudadanos y ha dado un ejemplo a las demás regiones de cómo se tienen que hacer las cosas. Un ejemplo, que sin duda, no pasará desapercibido en el tiempo, teniendo en cuenta que Madrid es el crisol de todas las Españas, el espejo donde se miran muchas de ellas y el centro de generación de muchas iniciativas que luego se difunden por toda la geografía nacional. Esperemos que, en este caso, el recorte de impuestos se encuadre en esa norma y no sea la excepción de la regla.