El que la Seguridad Social acabe de anunciar que nueve de cada diez autónomos pagan sólo el mínimo imprescindible que marca la ley a las arcas de dicho organismo hace relucir la enorme diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos los españoles. Resulta difícil encontrar conversaciones en las que se critique el sistema de pensiones públicas. Sin embargo, en cuanto nos dejan la oportunidad, procuramos aportar lo menos posible a dicho sistema y buscarnos un plan privado de pensiones. Es, por otra parte, una decisión razonable, puesto que es un sistema basado en el timo piramidal, que cuando lo hacen empresas que invierten en sellos es una estafa pero cuando lo hace el Estado se transforma un plan "solidario" y "beneficioso para todos". Y un esquema de este tipo está destinado a la bancarrota en cuanto quienes cobran de él excedan en número a quienes aportan. Y la demografía de nuestro país no deja lugar a dudas: ese momento no tardará demasiado en llegar. Seguramente, antes de que se jubile la mayor parte de los autónomos.
Sin embargo, lo cierto es que esto no sólo sucede con las pensiones. Puede verse también, por ejemplo, en la sanidad. La estatal es objeto de todo tipo de halagos, públicos y privados, pero en cuanto la renta nos lo permite, nos hacemos también un seguro privado. El más claro ejemplo de esto son los funcionarios, a los que se permite suscribir uno de esos seguros sin coste adicional para ellos; entre el 85 y el 87 por ciento se decide por la sanidad privada.
Tampoco nadie clama por la desaparición de la educación pública, pero un número creciente de padres opta por matricular a sus hijos en escuelas privadas o, al menos, concertadas, además de pagarle clases particulares si los ve con dificultades. Y los primeros, los políticos socialistas, responsables del desaguisado en que se ha convertido la enseñanza en España, bajo la consigna de que los niños deben "descubrir" aquello que sólo se puede aprender con esfuerzo, como la historia o las matemáticas, pero en cambio se les debe enseñar precisamente aquello que sí pueden captar por sí mismos, como son los valores que permiten la convivencia. Y así podríamos seguir con buena parte de lo que los contribuyentes recibimos a cambio de nuestro dinero.
En gran medida, la popularidad del Estado del Bienestar se encuentra en la tranquilidad que los ciudadanos encuentran en saber que el Gobierno les cuidará como un padre amoroso si las cosas les van mal, además de que siempre produce cierta satisfacción moral pensar que se aporta para que los más necesitados. O, al menos, resulta poco presentable expresarse en desacuerdo con quienes creen que, efectivamente, el Estado ayuda a los que menos tienen. Sin embargo, los ciudadanos no sólo prefieren pagar menos impuestos sino que incluso, cuando van a recibir los servicios "universales y gratuitos" que se dan a cambio, en cuanto tienen la posibilidad optan por rechazarlos. Es lo que los economistas llaman "preferencias reveladas"; se sabe lo que la gente quiere por lo que hace, no por lo que dice.
La respuesta que nuestros políticos deberían dar a esta realidad no debería ser la de sacralizar lo "público", como hacen los sindicalistas celosos de sus privilegios, sino adoptar las medidas que poco a poco van triunfando en el antaño paraíso de la socialdemocracia, Suecia, transformando al Estado proveedor de servicios sociales en un Estado que los financie a los que menos tienen, pero que no los gestione directamente, dejando que la empresa privada y la competencia los mejore. Así, medidas como los cheques escolares o sanitarios, además de la privatización de las pensiones al estilo chileno deberían empezar a formar parte de los programas políticos de los principales partidos. Al fin y al cabo, es lo que sus electores desean. Aunque no lo digan.
