En su programa para las próximas elecciones municipales, el PSOE acaba de proponer el penalizar fiscalmente a los vehículos de gran cilindrada para reducir la contaminación y luchar contra el cambio climático. La medida, sin embargo, desprende un cierto aroma a que paguen los ricos, muy propio de este PSOE que nos gobierna.
El objetivo que dicen perseguir los socialistas es el de reducir las emisiones contaminantes de dióxido de carbono. Para ello, han preparado un conjunto de medidas que pondrán en marcha en aquellos ayuntamientos en que gobiernen a partir del próximo mes de mayo, entre las cuales se encuentra la susodicha penalización. Según la lógica que subyace en esta medida, se trataría de que la gente dejara de adquirir vehículos de gran cilindrada que, por su naturaleza, consumen más carburante y, en consecuencia, contaminan más, para, de esta forma, estimular la adquisición de automóviles menos contaminantes. Sin embargo, el efecto de esta medida va a ser pequeño, por lo que parece que se propone exclusivamente de cara a la galería de votantes de izquierdas a los que quieren demostrar que hacen algo contra el cambio climático y, además, algo socialmente justo, porque los que se verán penalizados son los que se pueden permitir la adquisición de vehículos caros de gran cilindrada, o sea, los ricos.
Si el PSOE realmente quiere reducir la contaminación provocada por el tráfico rodado en las ciudades, la vía de conseguirlo no es ésta, precisamente. Los socialistas aciertan al decir que renovaran las flotas de autobuses públicos para sustituir los actuales por otros menos contaminantes. Y aciertan porque los autobuses urbanos son, hoy por hoy, los vehículos más contaminantes de todos cuantos circulan en nuestras ciudades. Pero con lo de los vehículos de gran cilindrada, especialmente los 4x4, se equivocan de pleno. Éstos representan un mínimo porcentaje dentro del conjunto del parte automovilístico español, aproximadamente el 10% del total. En consecuencia, el impacto de esta medida sobre el total de emisiones contaminantes no será muy elevado, y mucho menos si se tiene en cuenta que, dado que lo que se pretende con esta medida es promover la sustitución de estos automóviles por otros menos contaminantes, a la reducción de emisiones de los vehículos de gran cilindrada habrá que sumar el aumento de los de cilindrada menor, con lo que el impacto final es todavía más reducido.
Desde esta perspectiva, lo que habría que hacer, si se quiere aplicar la fiscalidad para reducir la contaminación, es gravar a todos los automóviles en conjunto, puesto que todos contaminan. O incrementar los impuestos especiales sobre hidrocarburos, que es el elemento contaminante. O, mejor aún, seguir el ejemplo de Londres, que en 2003 implantó un impuesto de 5 libras diarias para aquellos que quisieran conducir por el centro de la ciudad, con un enorme éxito porque, desde el primer momento, se redujo sensiblemente el tráfico y los londinenses empezaron a utilizar otros medios de transporte alternativos u otras vías para llegar a su destino.
Estas medidas, sin embargo, son sumamente impopulares y el PSOE, en consecuencia, no quiere oír ni hablar de ellas. El mensaje que teme es que, con semejantes propuestas, al final, los ricos podrán permitirse el lujo de viajar en automóvil privado y los demás tendrán que hacerlo en transporte público o poniéndose de acuerdo varias personas para trasladarse en un mismo vehículo. Y claro, un partido que se tilda de socialista no puede ejecutar semejantes medidas. Es mucho mejor que paguen los ricos. El problema es que, contaminar, contaminan todos los vehículos, los de los ricos y los de los pobres, y si hay que reducir la contaminación, todos tendrán que asumir las implicaciones de esta política, no solo un determinado grupo de personas escogido en función de su nivel de renta.
Los socialistas, sin embargo, justifican esta discriminación en el sentido de que en China, que padece serios problemas de contaminación, se han gravado fuertemente los vehículos de gran cilindrada para favorecer la adquisición de aquellos de menor potencia y menos contaminantes. Pues bien, dejando aparte los problemas de los chinos con las emisiones de dióxido de carbono, en el gigante asiático también hay un problema político: se rige todavía por un sistema comunista e igualitarista, que se abre de forma paulatina a la economía de mercado, pero en el que los muy ricos todavía no están del todo bien vistos y, de vez en cuando, hay que penalizarles de alguna forma, aunque sólo sea para guardar las apariencias y mantener la armonía y la estabilidad de una sociedad en pleno proceso de transformación.
China, por tanto, no es ejemplo ni justificación para la propuesta de los socialistas. Londres, en cambio, sí que lo es, pero claro, su filosofía es contraria al populismo imperante en las filas del PSOE y, por tanto, jamás adoptarán una medida de semejantes características, tan proclive a la crítica fácil y demagógica. En resumen, que en vez de pagar quien contamina, ahora hemos pasado a que paguen los ricos pero los demás no, aunque contaminen tanto o más.