Que el tema de la salud es prioritario para todos es algo que no está en discusión. Lo que no está tan claro es comprender cuáles son los caminos más idóneos para asegurar a la población una atención médica adecuada.
Lo más común, y lo más fácil de vender en Latinoamérica, es que el Estado se ocupe o controle el asunto, sin analizar seriamente si es lo más conveniente. La propaganda socialista machaca sin cesar que "aquello que proviene del Gobierno sólo puede estar movido por las mejores intenciones porque, a diferencia de lo que sucede con los particulares, al Estado no lo mueve el lucro".
Pocos no caen en el engaño ni se percatan que al Estado no lo mueve el deseo de ganancia porque, en realidad, es tan sólo una abstracción. Por lo tanto, es incapaz de actuar o de tener voluntad propia. Sin embargo, es obvio que sí hay algo que en realidad existe, tiene voluntad y actúa en nombre del Estado. Y ese "algo" son los políticos y los burócratas. Pero estos, según Transparencia Internacional, no suelen comportarse muy bien que digamos.
Cuando hablamos de cosas concretas, el panorama comienza a aclararse, aunque muy pocos se atreven a afirmar que a esas privilegiadas corporaciones gubernamentales no las mueven los intereses personales.
Bueno, nos podrán decir, pero, a fin de cuentas, ¿no es legítimo que así sea?
Si un individuo persigue sus propios objetivos, arriesgando su dinero, respetando el derecho de sus semejantes a hacer lo mismo y sufre en carne propia los efectos de sus errores y de sus aciertos, entonces, por supuesto que es válido. El problema está en que los políticos y los burócratas se las ingenian para camuflarse con algo que, en rigor, no tiene vida propia. Y, aprovechándose de esa confusión, han creado los marcos legales adecuados para asegurarse la impunidad y que sus platos rotos los paguen los demás.
El tema de la salud, por la sensibilidad que despierta, es uno de los más fértiles para que los gobernantes pongan en práctica su "solidaridad", utilizando y malgastando dinero ajeno.
Al Uruguay liberal y próspero del siglo XIX llegaron muchos inmigrantes europeos muy pobres. La solidaridad –genuina– se manifestaba a través de las organizaciones "mutualistas" o las "asociaciones de socorros mutuos", por medio de las cuales los gremios ayudaban a sus miembros. Asimismo, las iglesias tenían sus propias redes para ayudar a los más necesitados. Esas entidades, basadas en la cooperación voluntaria, fueron muy vigorosas en esa época.
Pero en el siglo XX, Uruguay se volvió tremendamente socialista. Los tentáculos estatales se extendieron por todas direcciones. Desde la década de los 50, casi todo el sistema privado de salud adoptó la forma de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que están fuertemente reguladas, con prestaciones obligatorias y precios máximos administrados. El Estado comenzó a subsidiar al sector mutual y lo obligó a atender a los empleados públicos. Más tarde fue incorporando a otros sectores.
En 1984, el seguro de salud obligatorio se hizo universal y fue administrado por un nuevo organismo estatal llamado DISSE (Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad). Desde entonces, el sistema está en crisis permanente y la calidad de los servicios ha caído notablemente. Lo habitual es tener que esperar varias semanas para poder acceder a la consulta con un médico. El día de la consulta, el paciente suele esperar varias horas antes de ser atendido y los médicos tienen instrucciones de otorgar apenas 12 minutos a cada paciente.
Esta realidad provocó que surgieran otros servicios médicos que escapan a la regulación estatal y que son muy ágiles y eficientes. Pero los socialistas no pueden permitir que algo eluda su control. Por eso, el gobierno está empeñado en hacer aprobar un "Sistema Integrado Nacional de Salud" que parece significará la desaparición de las instituciones médicas que realmente son eficientes.
