"Cuando la ley decide qué se puede comprar y vender, lo primero que se compra y se vende son los legisladores", dijo el humorista estadounidense P. J. O'Rourke en una de sus innumerables frases redondas. Quizá en nada se note esto más que en las sucesivas leyes del suelo, españolas y autonómicas, que consagran la recalificación como paso previo obligatorio para poder construir. De la decisión de un político, por tanto, dependen inversiones extraordinarias, de las que una parte tiende a acabar en los bolsillos de quien ha de firmar los papeles que permitan la edificación.
Nada de eso ha solucionado la ley Trujillo, como tampoco han hecho las normas regionales, porque ninguna se ha atrevido a dar el paso de liberalizar el uso del suelo, de modo que la construcción sea libre por defecto y sólo se impida explícitamente allí donde hay razones ecológicas o histórico-artísticas de peso que lo desaconsejen. La nueva ley no sólo no ha dado ningún paso en esa dirección sino que, por el contrario, ha avanzado firmemente en la contraria. Ya Deloitte advirtió que el abaratamiento de la expropiación que suponía esta norma convertirá a los promotores en "contratistas de los ayuntamientos", es decir, en empresarios aún más dependientes del poder político y de la arbitrariedad; como señaló el Instituto Juan de Mariana, esto convierte a la norma en un caldo de cultivo aún más adecuado para la corrupción que los anteriores.
El Instituto de Estudios Económicos se acaba de sumar a estas voces discrepantes con el texto indicando que la elevación del porcentaje mínimo de vivienda protegida hasta el 25% y la cesión del 20% del suelo a la gestión municipal producirán un "indeseable" aumento de los costes de la vivienda libre. Y es que aunque a los ayuntamientos les resulte muy agradecido para ganar votos, y sin duda los agraciados por los sorteos están felices con la adquisición de su nueva vivienda, aquellos a quienes la diosa Fortuna no les ha sonreído tendrán que comprar su casa en el mercado libre. Y ese mercado, debido al incremento de obligaciones al que se somete a constructores y promotores, será mucho más caro. Pero, como bien indicó Bastiat, eso es "lo que no se ve", lo que no saldrá en los telediarios, lo que no hará perder elecciones a nadie. Porque la culpa, claro, es de los malvados especuladores.
