Los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno va a enviar al Parlamento suponen un buen resumen del desempeño del Ejecutivo durante toda la legislatura: populismo, cesión a los nacionalistas y desesperación creciente de Solbes, que ha dejado con la boca abierta a los periodistas presentes en la rueda de prensa al reconocer que él, el vicepresidente económico del Gobierno, había hecho una propuesta de presupuestos generales al Consejo de Ministros sin haberse estudiado las cifras.
Y es que las exigencias de los nuevos estatutos de Cataluña y Andalucía han llevado al Gobierno a primar a estas regiones en sus cuentas, lo que, como debería ser normal, ha provocado la pregunta de un periodista curioso sobre si las autonomías gobernadas por el PP se han visto relegadas en las inversiones en infraestructuras. Y la respuesta de Solbes, el hombre cuya sola presencia debería tranquilizar a los mercados por ser el valladar frente a la irracionalidad como gobernante de Zapatero, ha reconocido que no tiene ni la más remota idea, pero que de todos modos no se puede hablar de discriminación. Un genio.
No obstante, la principal novedad de estos presupuestos son las partidas destinadas a cubrir las propuestas electoralistas de Zapatero, pese a que hayan tenido tan mala acogida como la de las ayudas al alquiler. Según cálculos recientes, si se suman superarían los 4.000 millones de euros y se comerían el 60% del superávit presupuestario. Son partidas que se destinarán a grupos concretos, como los jóvenes que viven de alquiler o las parejas que tienen un niño en una fecha afortunada, con la esperanza de que sus votos agradecidos marquen la diferencia entre ganar y perder las elecciones.
Pero para juzgar este intento de comprar votos con dinero de los contribuyentes hay que recordar que las enormes cantidades que se planean gastar en estos presupuestos se les han extraído por la fuerza a todos los ciudadanos, como demuestra el hecho de que nadie se dedica a pagar de más porque considera que el Gobierno merece tener más recursos. Si no se pagan los impuestos, uno puede acabar en la cárcel. Por tanto, resulta de difícil justificación que los superávit en las cuentas del Estado no lleven a una inmediata rebaja impositiva.
Además, la reducción de los impuestos tiene la ventaja de que ayuda a todos los españoles, mientras que los regalos que hace Zapatero con nuestro dinero sólo alcanzan a colectivos determinados. Por ejemplo, una rebaja del IRPF permitiría aliviar, aunque fuera en una parte pequeña, los apuros que sufren las familias a las que han subido la hipoteca. Lo cierto es que la solución de Zapatero si se le planteara este caso, como el buen populista que es, sería dar más regalos de nuestros impuestos a quienes se ven en esa situación. Pero hay muchas otras. Cada uno de nosotros tiene la suya y sabe perfectamente en qué podría gastar ese dinero que dejaría de quitarle Hacienda. Optar por bajar los impuestos o hacer populismo con el dinero público es la diferencia entre un Gobierno que cree en las personas y uno que cree en el Estado. Entre liberalismo y socialismo.
Esperemos que Solbes, después de un fin de semana de intenso estudio de las cuentas a las que ha dado su plácet, al parecer, sin leerlas antes, pueda aclararnos si, además de intentar comprar votos de determinados grupos, el Gobierno también intenta mejorar sus resultados en comunidades autónomas que, como Cataluña y Andalucía, resultan claves para su reelección. Eso nos dará la medida justa de la responsabilidad con que los socialistas llevan a cabo la tarea de gobernar.
