Las noticias acerca del posible interés de la eléctrica pública francesa EDF sobre la española Iberdrola dejan entrever que el proceso de reordenación del sector energético español, que abrió de forma irresponsable el Gobierno con las opas sobre Endesa, puede no haber concluido y podría culminar con el 80% del sector eléctrico español en manos de los gobiernos italiano y francés.
En circunstancias normales, a EDF probablemente no se le ocurriría poner la vista sobre una compañía española. La compañía gala tiene todo para que, en otro contexto, no se le autorizara a presentar oferta alguna por Iberdrola. Es una empresa pública, controlada por el Gobierno francés, que opera en un país, Francia, que apenas ofrece reciprocidad en las inversiones: las empresas galas pueden entrar en todos los países pero las de los demás estados miembros de la Unión Europea lo tienen prácticamente imposible, sobre todo si operan en sectores considerados estratégicos, como la energía. No se trata por tanto de intervencionismo, sino de la más pura lógica: si no hay reciprocidad, no debe haberla por ninguno de los dos lados de los Pirineos. Un Ejecutivo sensato defendería estos principios a capa y espada, pero, hoy por hoy, el que preside Zapatero se encuentra incapacitado para hacerlo.
Con la forma en que acabó el caso Endesa, dejando su control en manos de la eléctrica pública italiana Enel mediante la intervención del Gobierno, el Ejecutivo hoy por hoy tiene muy difícil defender que EDF no pueda presentar una oferta por una empresa española ya que, al igual que su homóloga italiana, es una empresa pública y controlada por el Estado francés que opera en su país poco menos que en régimen de monopolio y protegida de la competencia de las grandes del sector en Europa. Aquellos polvos trajeron estos lodos y donde antes nadie como EDF se atrevía a entrar, hoy parece que tiene abiertas las puertas de par en par. El Ejecutivo de Zapatero, además, probablemente no podrá allegar a su causa a la Comisión Europea, después de cómo ha despreciado olímpicamente todas las advertencias y expedientes abiertos a España por Bruselas como consecuencia del caso Endesa. España, además, ya no tiene el peso con que contaba hace cuatro años en las instituciones comunitarias, como quedó de manifiesto recientemente en la cumbre que celebraron Alemania, Francia, Reino Unido e Italia para analizar la crisis internacional, a la que nuestro Gobierno no fue invitado pese a que Zapatero exhibe con orgullo que España acaba de superar a Italia en renta per capita. Así están las cosas.
ACS, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a hablar con quien quiera y a pretender lanzar una oferta sobre Iberdrola, con independencia de que la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán lo haya hecho extraordinariamente bien en estos últimos años, hasta convertirse en un verdadero peso pesado en el sector europeo y, además, liderar toda la rama de energías renovables. Esto es una cuestión que está fuera de discusión. El problema es que EDF no parece el socio más adecuado para ello.
De todas formas, teniendo en cuenta los tiempos que consume una operación corporativa de esta naturaleza, su culminación no tendrá lugar hasta pasadas las elecciones. Su resultado, de llegar a producirse, dependerá, en última instancia, del veredicto de las urnas, de que gobierne un partido u otro y de cuál sea la política energética del nuevo Ejecutivo. EDF, por tanto, también se la juega el 9 de marzo.
