Las autonomías han encontrado en la creación de empresas públicas una forma de escapar al control presupuestario impuesto no sólo por el Gobierno central, tanto en la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en su momento por el Partido Popular como en el reparto del déficit público entre las distintas administraciones centrales acordado año a año en el Consejo de Política Fiscal, sino también al que ejerce la Comisión Europea sobre todos los Estados miembros de la zona del euro. Crear empresas públicas es una forma de sacar de los presupuestos regionales gastos que los Ejecutivos autonómicos no quieren que nadie les fiscalice. Así nos hemos encontrado a lo largo del último decenio con una verdadera proliferación de este tipo de compañías, en contra de la tendencia seguida por el Estado, que ha sido la de privatizar las que estaban en sus manos.
El caso andaluz es especialmente significativo por un doble motivo. Andalucía es la autonomía que más empresas públicas ha creado; también es la que lo ha hecho con fines ajenos por completo a razones económicas. Tal y como denuncia la Cámara de Cuentas andaluza, se trata de un instrumento para que el PSOE andaluz pueda perpetuarse allí eternamente en el poder mediante las relaciones de dependencia entre la sociedad civil y la administración pública andaluza que crea. La Cámara de Cuentas habla de colocaciones de personas afines a los socialistas, y es cierto, pero la lógica que está detrás de todo esto va mucho más allá. Por supuesto, se trata de que la mayor parte de los andaluces dependan de su Gobierno regional para que éste pueda ganar elección tras elección mediante la política de estómagos agradecidos. De hecho, se estima que uno de cada cuatro ocupados en Andalucía depende directa o indirectamente del presupuesto regional en todas sus vertientes, incluida la de las empresas públicas. Pero aún hay más.
En Andalucía no es tan fácil hacer negocios como en otras comunidades españolas, por ejemplo, Madrid. La razón es sencilla. El Gobierno andaluz desea controlarlo todo y apenas deja espacio a la iniciativa privada y su normal desarrollo. De esta forma, muchos negocios que se abren en Andalucía, muchas empresas que quieren instalar allí una sede, una filial o una sucursal, se encuentran con que, al poco tiempo, reciben la visita de los representantes del Gobierno regional pidiéndoles entrada en su capital a través de sus sociedades públicas, lo que, en última instancia, implica someter a la empresa privada al control del poder autonómico. Aquí no se mira la rentabilidad, lo que cuenta es el deseo de aumentar el control sobre la sociedad estando presente en todas sus iniciativas y haciendo que la vida y el bienestar de las personas dependan, en última instancia, del poder regional. Y al no tenerse en cuenta unos mínimos criterios de lógica empresarial, el resultado son pérdidas multimillonarias, como denuncia la Cámara de Cuentas.
La proliferación de ruinosas empresas públicas en Andalucía, además, no forma parte de una estrategia de política económica para desarrollar a la región más atrasada de España y una de las rezagadas de la Unión Europea. No olvidemos que su nivel de renta respecto de la media de la UE se sitúa en el 63%, por debajo de muchas regiones de los países ex comunistas del este que se adhirieron en 2004 y 2007. Por el contrario, esta iniciativa se enmarca dentro de una política de marcada naturaleza populista cuyo único fin es allegar votos al presidente andaluz, Manuel Chaves, y los suyos.
A este mismo espíritu responden otras medidas adoptadas en su momento, como que la sanidad andaluza financie medicamentos que la sanidad pública estatal ha sacado de la lista por contar con sustitutivos más baratos. El resultado de medidas de este tipo no se hizo esperar, en forma de fuertes necesidades de financiación del presupuesto andaluz. Ahora esas necesidades van a más con las multimillonarias pérdidas de las empresas públicas andaluzas. Todo sea por comprar votos que resultan cada vez más caros, mientras la libertad, la base para el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio, queda arrinconada en nombre de los intereses partidistas. Lo de las empresas públicas andaluzas es como una suerte de Gran Hermano en versión económica.
