El debate concerniente a los salarios de los políticos se ha reabierto recientemente a raíz de la aceptación de Eduardo Zaplana de una posición en Telefónica y, sobre todo, por la discutible designación de David Taguas como presidente de SEOPAN. Numerosas personas se han expresado en contra de esta última designación, mientras otras la han defendido excusándola en la baja remuneración de los políticos en España. ¿Se puede justificar esta queja? Echamos un vistazo a los homólogos europeos.
El salario de los actuales miembros de la Cámara de los Comunes del Reino Unido es de 61.820 libras esterlinas (78.292 euros). Los gastos por viajes, personal, alojamiento, entre otros, ascendieron a un promedio de 135.600 (171.769) el año pasado. Se les otorga, además, otras 90.505 (114.643) al año para cubrir gastos de su personal, el cual puede estar compuesto por miembros de su propia familia. A aquellos no residentes en Londres se les otorga 23.000 (29.136) para gastos de manutención.
Un parlamentario alemán recibe un salario básico anual que ronda por los 88.000 euros. Adicionalmente, recibe 45.384 para gastos de manutención y entretenimiento, así como más de 163.000 para la administración de su oficina en el parlamento y su distrito electoral. En Francia, los miembros de la Asamblea Nacional reciben un salario básico de 62.160 euros antes de descontar los impuestos. Se les asigna, además, la suma de 69.480 para alojamiento, viajes y entretenimiento, así como 107.400 para personal. Actualmente el salario básico de un senador italiano es de 62.820 euros al que se le suma anualmente otros 48.000, correspondientes a gastos de presentación. Los parlamentarios irlandeses disfrutan de un salario básico de 96.650, sin gastos incluidos.
En contraste, en España un diputado tiene un salario básico por debajo de 40.000 euros al año, pero que sube según su cargo. Para afrontar los gastos de alojamiento y manutención los diputados con domicilio en Madrid reciben 871 euros y para los que se encuentran en una circunscripción distinta se incrementa en menos de 1.000. Y el Congreso cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil, barco). El año pasado los ministros ganaron unos 77.000 euros y un secretario de Estado 73.000.
El presidente del Gobierno recibirá unos 92.000 euros este año. En contraste, el primer ministro Irlandés –quien se encuentra a la espera de un aumento salarial– ganará 310.000, convirtiéndose en el jefe de Gobierno mejor pagado de Europa. Por su parte, el británico Gordon Brown disfruta de un salario de 188.849 libras (239.372 euros) y el francés Nicolas Sarkozy 240.000 euros. No cabe la menor duda de que los políticos españoles están pobremente remunerados en relación con sus colegas europeos.
El estudio de la economía organizacional nos sugiere que para poder contar con un personal con talento es necesario ofrecer un paquete de compensación lo suficientemente atractivo. Cuando se afronta una reforma judicial, por ejemplo, una de las primeras áreas a estudiar corresponde a los salarios judiciales, con miras de comprobar que sean lo suficientemente atractivos como para atraer personal cualificado para el puesto. De hecho, en los últimos años la discusión sobre basar los salarios de funcionarios y políticos en los precios de mercado se ha convertido en algo habitual en el Reino Unido e Irlanda.
Pero el aumento de los salarios de los políticos per se no dará lugar a un aumento en el esfuerzo de los mismos, ya que los salarios no están relacionados al desempeño. Incluso es posible que aquellos políticos que valoran más el tiempo de ocio pudieran tener mayores incentivos para trabajar menos considerando que tienen mayores ingresos por hacer lo mismo, o incluso menos.
Uno elemento muy presente en el ámbito político es la compresión de sueldos, consistente en la convergencia de los sueldos sin que influyan sobre los mismos el mejor o peor desempeño ni la responsabilidad. Teóricamente, en aquellas situaciones donde existe mucha diferencia entre los salarios de los empleados de rango superior e inferior existirán incentivos para que un individuo motivado por el dinero sea más productivo. Pero este no es necesariamente el caso en el ámbito político, dada la dificultad de medir la calidad del desempeño de un político, y considerando que su promoción dentro del partido se consigue tanto por lealtad como por competencia.
Desde el punto de vista institucional, los salarios deben ser los suficientemente altos como para atraer a personas con talento a la esfera política, especialmente ahora que los salarios del mercado han aumentado sustancialmente en los últimos años en comparación con los salarios de los políticos. Sin embargo, se puede destacar diversos argumentos en contra de ofrecer a los políticos sueldos equivalentes a las de los directivos de las empresas:
- El desempeño de los políticos no puede ser medido con los estándares con que se mide el desempeño empresarial.
- Los costes de aumentar los salarios al nivel de los altos directivos de las grandes empresas serían exorbitantes y políticamente impopulares.
- Dicha medida implicaría pagar de más a un buen número de políticos mediocres, la mayoría de ellos, sólo para mantener a un pequeño grupo que sí lo valga.
- El éxito en el sector privado no garantiza el éxito en el ámbito político.
- Resulta más beneficioso contar con mayor diversidad en la política que en las instituciones corporativas. Allí donde la política se basa exclusivamente en el mérito, existen sustanciales costes democráticos.
Resumiendo, la política nunca atraerá a los mejores y más brillantes, y además no queremos que así sea.
Por estas razones es necesario llegar a un compromiso. En mi opinión los actuales niveles de salarios de políticos en España son insuficientes y fallan en su intento de atraer a suficientes personas de talento al ámbito público. Más aún, unos niveles de salarios tan bajos lo que pueden lograr es aumentar la tentación de los altos funcionarios de utilizar la política como puente para alcanzar una posición lucrativa en el sector privado. Se supone que las leyes sobre conflictos de intereses regulan estas prácticas, pero no son especialmente herméticas, como hemos comprobado con el reciente nombramiento del señor Taguas.