Colapso en las carreteras de las principales ciudades españolas, retenciones en la frontera con Francia, falta de gasolina en estaciones de servicio. Estas son algunas de las notas predominantes en la primera jornada de huelga indefinida de transportistas contra el aumento de los precios del gasóleo.
A pesar del fracaso de la reunión celebrada entre representantes de los huelguistas y de la administración central, el director general de Transportes por Carretera ha querido tranquilizar a los ciudadanos asegurando que las medidas que prepara el Ejecutivo están "lo suficientemente maduras" para cerrarlas lo antes posible y alcanzar un acuerdo con el sector a "corto plazo".
Por mucho que el Gobierno quiera ahora disimular su falta de previsión y el tiempo que ha estado mirando hacia otra parte, lo cierto es que las propuestas que el Ejecutivo ha puesto encima de la mesa siguen resultando escasas, por mucho que vayan en la buena dirección. Tal es el caso de una reducción del 4 por ciento en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en 2009, la posibilidad de aplazar un año su pago o una bonificación del 50 por ciento del Impuesto de Actividades Económicas.
Los huelguistas, por su parte, deberían incidir en ese terreno de la fiscalidad y abandonar, por el contrario, reivindicaciones injustificadas como la implantación por ley de un precio mínimo que "evite el servicio por debajo de los costes"; medida que, además de no contar con el respaldo de la principal patronal del sector (CETM), supone una vulneración del libre comercio y de la libre competencia. Si quieren "evitar el servicio por debajo de los costes", lo que deben pedir es la erradicación de los precios máximos allí donde los haya, y no la imposición de precios mínimos. A este respecto, lo que se debe hacer es liberalizar el sector y erradicar todas las trabas regulatorias que imposibilitan a los transportistas repercutir el aumento de sus costes. Asimismo, la eliminación inmediata del "céntimo sanitario" que imponen algunas comunidades autónomas así como la revisión a la baja de la fiscalidad que soporta el carburante de uso profesional en la UE son medidas donde se puede y se debe buscar el acuerdo.
Lo cierto es que los precios del gasóleo se han encarecido ya más de un 20 por ciento este año, y ese es un hecho que no se debe ignorar, por mucho que se pueda paliar con medidas de tipo fiscal. Si queremos que los precios sigan siendo esas señales que ordenan el tráfico mercantil, lo que se debe hacer es de erradicar todas las barreras institucionales que, más que paliar, distorsionan los precios del mercado e imposibilitan los reajustes que requieren la repercusión del encarecimiento de los costes.
Es en el terreno de la fiscalidad y de la liberalización de los mercados donde debe ponerse a trabajar al Gobierno, sin abandonar –por cierto– su deber de garantizar el derecho al trabajo y a la libre circulación de personas y mercancías que los piquetes conculcan, disfrazando su violación con el derecho de huelga.