La trágica muerte de un huelguista en Granada como consecuencia de una imprudencia ha marcado un negro punto de inflexión en la huelga de transportistas que afecta a toda España desde este lunes. Horas antes de que diese comienzo ya se podían ver piquetes a la entrada de los principales mercados centrales y el día anterior las movilizaciones habían comenzado prematuramente en las carreteras catalanas. Una huelga, pues, anunciada y que, por las características del sector convocado, ha puesto en jaque a todo el país vaciando los estantes de los supermercados y los depósitos de las gasolineras.
Nadie duda del legítimo de derecho que asiste a los profesionales del transporte de convocar y secundar una huelga. Nadie cuestiona que, en lo esencial, el motivo que les ha llevado a convocarla es comprensible. Muchas otras profesiones se ven, además, reflejadas en el espejo de los transportistas, porque el alza desmesurada en los precios del combustible ha afectado, en menor o mayor medida, a todos los ciudadanos. Que la huelga tuviese, al menos en un principio, una justificación razonable, no significa, como ya apuntábamos ayer, que las soluciones que los huelguistas proponen sean las más adecuadas ni, por supuesto, las más justas. Tampoco significa que los huelguistas, por muy cargados de razón que estén, disfruten de patente de corso para imponer el paro por la fuerza.
Sin embargo, así ha sido. Los piquetes "informativos" se han extendido como una mancha de aceite por toda la piel de toro paralizando la red viaria y ocasionando altercados de distinta consideración en polígonos industriales, centros de transporte y mercados centrales. El resultado está a la vista. Sobre Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades aletea el fantasma del desabastecimiento. Al cierre de esta edición Mercabarna tiene sus accesos bloqueados por los huelguistas, Mercamadrid, por su parte, podría quedarse sin existencias este mismo jueves y los muelles del puerto de Valencia se encuentran al borde del colapso. La movilización está siendo tan extendida que las islas Baleares corren el riesgo de quedarse incomunicadas por mar, si persiste el goteo incesante de navieras –mercantes y de pasaje– que cancelan sus rutas entre la península y el archipiélago.
Ante semejante estado de cosas sólo cabe apelar a otro derecho tanto o más importante que el de hacer huelga: el derecho a trabajar. El desbarajuste de los últimos días ha sido causa de los desmanes de los huelguistas, cierto, pero éstos serían inexplicables si las fuerzas de orden público hiciesen su trabajo garantizando el derecho de unos a hacer huelga y de otros a no hacerla. El Ministerio del Interior, las autonomías y los ayuntamientos deben hacer cumplir la Ley, la única, la que es igual para todos. Quizá ahora, tras el luctuoso suceso de Granada, sea el momento idóneo de reformar la trasnochada legislación vigente que regula la huelga, que data de 1977 y no ha experimentado modificaciones salvo las relativas a la jurisprudencia. Porque sólo delimitándolos bien podremos asegurarnos de que ambos derechos no colisionen.