La huelga de transportistas y sus consecuencias sobre la economía española, en forma de desabastecimientos, de aceleración de la caída del crecimiento y de problemas para las empresas, como el expediente de regulación de empleo que acaba de anunciar SEAT, no es sino la consecuencia de haber permanecido el Gobierno cuatro años instalado en la autocomplacencia, sin hacer política económica. El Ejecutivo de Zapatero se dedicó a vivir de las rentas de la política económica del PP y ahora está dilapidando una buena herencia sobre la que debería haber trabajado para construir el futuro. El PP hizo mucho, pero todavía quedaban otras muchas cosas por hacer. Desde muchos ámbitos se advirtió al Gobierno que había que continuar con la política de reformas, pero Zapatero y los suyos hicieron caso omiso y ahora estamos en la que estamos, esto es, en una situación en la que todo lo que puede ir mal no solo va mal, sino peor.
¿Qué se podía haber hecho en el pasado para evitar que ahora los transportistas estén en huelga? Por supuesto, el precio del petróleo es imposible de controlar porque se fija en los mercados internacionales. Sin embargo, ya por 2005 un informe de Goldman Sachs advertía de que el precio del crudo seguiría subiendo hasta los niveles que estamos conociendo hoy. En consecuencia, lo que está pasando ahora ya se podía haber predicho hace tres años y actuar en consecuencia. ¿Cómo? Por ejemplo, introduciendo mayor competencia en la distribución de hidrocarburos. No tiene mucho sentido que el precio de la gasolina y el gasóleo suba más que lo que lo hace el petróleo y, además, de forma inmediata. Aquí, en lugar de absorber las consecuencias del encarecimiento del crudo entre todos, consumidores, refinadores y distribuidores, todo se carga al cliente final. Pero luego, cuando el petróleo baja, ni esa caída se traslada inmediatamente a los precios finales, ni en su totalidad, ni con la misma rapidez con la que se anotan las subidas. Todo ello revela que falta competencia en el sector, pero aquí nadie hace nada para resolverlo.
El problema tampoco es nuevo. El desaparecido Tribunal de Defensa de la Competencia ya tuvo que vérselas varias veces en el pasado con las petroleras por presuntas prácticas de concertación de precios entre ellas y con las gasolineras con las que tienen suscritos contratos de abanderamiento –otra medida a tomar es la ruptura de los mismos, entre otras cosas para que las estaciones de servicio puedan empezar a comercializar biodiesel–. Ahora, en cambio, la flamante nueva Comisión Nacional de la Competencia no dice nada al respecto, a pesar de que su presidente, el ex diputado socialista Luis Berenguer, fue vocal del Tribunal cuando este organismo analizó aquellos casos. Berenguer, que tanto habló en contra de Endesa y a favor de Gas Natural durante la OPA de la segunda sobre la primera, ahora guarda silencio, puede que para no molestar a un Gobierno que empieza a estar contra las cuerdas.
¿Qué más cosas podría haber hecho el Gobierno? Podría, por ejemplo, haber acabado con el sistema de fijación de tarifas del transporte por parte del Ministerio de Fomento para permitir que las mismas se adaptaran a los costes reales de los transportistas. Podría, también, haber modificado las leyes que regulan los pagos a proveedores para acercar los plazos a los estándares europeos. España es uno de los países de la UE donde estos plazos son mayores, gracias al poder que ejercen las grandes empresas sobre todas las demás. A los grandes les beneficia el aplazamiento porque les ayuda a financiarse, a los pequeños les pone contra las cuerdas en cuanto empiezan a llegar momentos de dificultades. Esto es una deficiencia institucional que va en contra del correcto funcionamiento de la economía.
Por el lado impositivo también se podían haber hecho cosas. El Gobierno ha utilizado el impuesto especial sobre hidrocarburos para aumentar la recaudación tributaria y le ha cargado, además, con la financiación de la sanidad pública a través del céntimo sanitario. Y eso que ya se veía venir que el precio del petróleo iba a subir y que ese encarecimiento no era coyuntural, sino estructural. Para una economía que depende tanto del crudo y del transporte, probablemente hubiera sido mejor en los años de bonanza el haber congelado dicho tributo, o incluso haber planteado su reducción. Ahora, en cambio, no se puede hacer porque los países productores de petróleo se lo tomarían como un signo de debilidad de la Unión Europea. Cuando la UE ha protestado ante la OPEP por los precios del crudo, ésta ha respondido que si les parece caro bajen o eliminen los impuestos sobre el mismo. Si ahora los países de la UE empiezan a hacerlo, como propuso hace unas semanas el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, la OPEP tendría margen para aplicar más subidas todavía.
En resumen, lo que está viviendo España en estos momentos se podía haber evitado, al menos en parte, haciendo lo que había que hacer, o sea, reformas estructurales, política económica. Pero no se ha hecho, siguiendo un plan estratégico, y ahora lo único que hay por respuesta es la política de la improvisación y la cesión, que resuelve poco y agrava mucho a medio y largo plazo. ¿Cuándo va a empezar el Gobierno a hacer política económica de verdad?