He aquí lo que dice la Constitución de los Estados Unidos: "Todo proyecto de ley que tenga por objeto la obtención de ingresos públicos deberá originarse en la Cámara de Representantes; pero el Senado podrá proponer reformas o convalidarlo al igual que hace con otros proyectos de ley". ¿Cuántas veces habremos escuchado a políticos, tertulianos y guardianes de nuestros medios de información decir que el presidente Bush ha bajado los impuestos, o que Obama va a subirlos? El hecho es que los presidentes no tienen ningún poder para subir o bajar los impuestos. Pueden proponer medidas fiscales, o vetarlas, pero es el Congreso que tiene la última palabra en materia impositiva, puesto que es esta institución la que puede, con una mayoría de dos tercios, revocar un veto presidencial. El mismo principio se aplica al gasto. No se puede responsabilizar a los presidentes de los déficits presupuestarios, como tampoco de los superávit.
Un presidente no puede gastar un centavo que el Congreso no haya asignado primero. Teniendo en cuenta estos simples hechos, ¿son ignorantes, idiotas o falsos los políticos, los tertulianos y los periodistas que insisten en hablar de que un presidente sube o baja los impuestos, o genera un déficit presupuestario?
¿Quién creó más puestos de trabajo, el presidente Clinton o George W. Bush? Examinemos la cuestión de cerca. En 1996, obtuve una plaza en el Grove City College para impartir una asignatura con el profesor Dirk Mateer. Me gustaría que alguien me dijera cómo creó esa plaza para mí el presidente Clinton. ¿Llamó al rector y dijo: "Contrate a Williams"? ¿Aportó al Grove City College, una entidad privada, recursos para contratarme? Ciertamente no me llamó diciendo: "Williams, hay una plaza esperándote en el Grove City College". Por lo tanto, ¿qué quiere decir exactamente la gente cuando afirma que tal o cual presidente creó más puestos de trabajo?
Se podrá argumentar quizá: "Está usted en lo cierto en lo que respecta a los presidentes, pero el Congreso puede generar empleo a través de la asignación de dinero destinado a infraestructuras tales como autopistas o puentes". Eso es cierto en un sentido y falso en otro. Se puede comprobar preguntando: "¿De dónde saca el Congreso el dinero para crear puestos de trabajo?". No del Ratoncito Pérez ni de Papá Noel; tiene que sacarlo de los contribuyentes. Eso significa que si el Congreso le coge 100 dólares a un contribuyente y los destina a la construcción de autopistas, éste no puede emplearlos para ningún otro gasto que podría haber generado un empleo. En cambio, si el Congreso pide prestado el dinero para la construcción de autopistas, provocará una subida de los tipos de interés, y por tanto habrá menos inversiones que creen empleo. En resumidas cuentas, el Congreso puede desplazar los lugares de la economía donde habrá empleo y desempleo, pero no puede crear empleos nuevos netos.
Muchos políticos y tertulianos afirman que la burbuja crediticia y el elevado índice de ejecuciones hipotecarias son ejemplos de un fallo del mercado, y quieren que el Estado entre en escena para rescatar a agentes de crédito y a prestatarios a expensas del contribuyente que sí maneja sus asuntos monetarios con prudencia. Estos problemas financieros no se derivan de fallos del mercado, sino del fallo del Estado. La Ley de Reinversión Comunitaria de 1977 es una norma federal que intimida a los prestamistas para obligarles a ofrecer créditos a todos los segmentos del mercado y les disuade de restringirlos a los mercados de bajo riesgo, una práctica conocida como redlining (fijar líneas rojas). El Banco de la Reserva Federal, al mantener los tipos de interés artificialmente bajos, creó incentivos a compradores y constructores para comprar y construir, dando así lugar a la burbuja inmobiliaria. Los prestamistas estaban dispuestos incluso a conceder hipotecas creativas sujetas solamente a interés, con frecuencia créditos de alto riesgo sin avales y sin comprobaciones de la documentación sobre nivel de ingresos, con el fin de permitir a la gente comprar viviendas mejores de las que se podía permitir. Con la expectativa de que los precios de la vivienda seguirían subiendo, no había ningún problema ni para prestamistas ni para prestatarios, pero resultó que el precio de la vivienda empezó a desplomarse, lo cual dejó a algunas personas en situación de descubierto patrimonial (sus casas valían menos que cuando las compraron) y a los bancos en problemas.
La burbuja crediticia y los problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias son fallos de política pública. En realidad, lo que vemos ahora es una corrección del mercado a una política estatal temeraria. La maniobra del Congreso encaminada a rescatar a quienes tomaron decisiones desastrosas simplemente generará incentivos para que la gente tome decisiones imprudentes en el futuro. El filósofo británico Spencer decía que "el resultado final de proteger a los hombres de los efectos de la imprudencia es llenar el mundo de imprudentes".