Tras concluir una "útil y positiva" reunión con el líder de la oposición, Zapatero ha asegurado a los medios de comunicación que ha informado a Rajoy de "todos los mecanismos para la máxima transparencia, rigor y control" en la ejecución del plan aprobado unilateralmente por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis financiera a cargo del contribuyente. De ser esto cierto, no se entiende que, tras la reunión y la comparecencia pública de ambos dirigentes, los ciudadanos aún no conozcamos uno sólo de esos mecanismos de "control y transparencia" que, pudiendo estar en la cabeza de ambos políticos, no están especificados en los decretazos que ayer entraban en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
A este respecto, Rajoy se ha limitado a describir acertadamente el plan de Zapatero como "la mayor movilización de recursos públicos de la historia de España" después de decirnos (Zapatero) que "aquí no pasaba nada". Sin embargo, el líder de la oposición nada ha adelantado tampoco de esos "mecanismos de transparencia, rigor y control", sin los cuales esta "movilización de recursos públicos" –ciertamente sin precedentes– pudiera convertirse, además, en la mayor estafa institucionalizada de nuestra historia.
Rajoy, sin embargo, se ha mostrado predispuesto a brindar su apoyo al plan de Zapatero, dado el "momento excepcional" que atravesamos, y si "cumple con sus compromisos". ¿Y cuáles son estos? Sabemos que, en la víspera de la reunión, Rajoy anunció que apoyaría el plan de Zapatero bajo tres premisas: "máxima transparencia" sobre su puesta en marcha, una comisión parlamentaria que supervise el proceso y la garantía de que el "objetivo básico" sea apoyar a las familias y a las pymes, y no sólo a los bancos.
Tras la reunión en La Moncloa, sabemos que esa comisión parlamentaria que supervise el proceso no se va a crear. También sabemos que los decretazos, justificados por Zapatero por razones de urgencia, tampoco se van a tramitar como proposiciones de ley, lo que permitiría corregir su unilateralidad y presentar enmiendas tras un profundo debate en el Congreso. En lugar de ello, se ha acordado que la Cámara Baja se limite a convalidar dentro de seis días los decretos en un pleno y que sea durante el posterior desarrollo reglamentario cuando el gobierno introduzca sus comprometidas –y al tiempo, desconocidas– garantías de control.
Si tenemos en cuenta que estamos hablando de fondos de una cuantía equivalente al 15 por ciento de nuestro PIB, causa pánico pensar que estas medidas puedan llevarse a cabo con tal grado de opacidad. Eso, con total independencia, de que semejante movilización de recursos públicos sea o no necesaria para evitar un pánico bancario que, por otra parte, no debería causar más temor que el descontrolado y abultado uso del dinero del contribuyente.
Por mucho que se hable del papel fiscalizador del Banco de España, en detrimento del poder discrecional concedido al Ministerio de Economía y Hacienda, no deberíamos olvidar la complaciente actitud de su gobernador ante el irresponsable expansionismo monetario que está en el origen de la crisis financiera, ni tampoco su posterior ocultación de informes que denunciaban la inminencia y gravedad de la crisis en España por no perjudicar las expectativas electorales de Zapatero.
El hecho es que la opacidad sigue siendo tal que Zapatero la ha tenido que disimular con no menos opacas propuestas de creación de una "mesa de reformas estructurales" –que en realidad se sigue dejando al albur de un inoperante y sordomudo "diálogo social"–, y de una reunión del Pacto de Toledo, cuyos convocantes empiezan por silenciar el desastre al que nos conduce la recesión y el propio sistema de Seguridad Social.
Si a eso unimos la inamovible negativa de Zapatero a retirar sus irresponsables Presupuestos Generales del Estado, debemos concluir señalando que el más elemental sentido de la prudencia –no ya bancaria, sino política– nos debería aconsejar a todos rechazar todo plan que no tenga más aval que la palabra de Zapatero.