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Gabriel Calzada

Entre gángsters y marcianos

Para que no paguen sólo los consumidores deberíamos exigir el embargo de todas las cuentas y bienes de los políticos que aprobaron este sistema eléctrico socialista que ha provocado el déficit tarifario.

Miguel Sebastián, el ministro que dice ser liberal, mostró la semana pasada su talante gangsteril. En medio de las reuniones con la industria eléctrica para estudiar los graves problemas que atraviesa el sector, el que fuera candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid dijo que "si no hay acuerdo [sobre la contribución de las empresas eléctricas a la eliminación del déficit tarifario] no habrá subida de la luz", a lo que añadió un chulesco "va totalmente en serio". Sólo le faltó decir que mandaría hacerles una oferta que no podrían rechazar.

Vayamos por partes para no dejarnos enredar. ¿Qué es eso del déficit tarifario? En este sector, intervenido hasta la médula, el Gobierno impone el precio de venta final de la electricidad al consumidor minorista. A su vez, los políticos añaden sobrecostes a las empresas eléctricas de tal modo que en ocasiones el coste que asumen por kilowatio producido es superior a lo que las empresas recuperan con la venta de la electricidad al precio fijado por la Administración. Esa diferencia entre lo que debería ser el beneficio "normal" y el que resulta de los sobrecostes impuestos constituye el déficit tarifario. El responsable de dos tercios de ese déficit es la subvención a las energías renovables totalmente ineficientes. Y no es moco de pavo. Hablamos de una deuda que a finales de este año rondará los 17.000 millones de euros –después de que en los últimos doce meses hayamos añadido otros 4.500 millones– y que mantiene en jaque a todo el sistema eléctrico español.

Pues bien, a pesar de que el Gobierno reconoce esta deuda y se ha comprometido a pagársela de alguna manera a las eléctricas, ahora que las cosas vienen mal dadas Sebastián quiere obligar a las empresas del sector a asumir parte del coste impuesto por la clase política. La única forma de que alguien renuncie a parte de lo que el Estado le debe es que éste le amenace tras agarrarle por las partes más íntimas. Y eso es precisamente lo que ha hecho Miguel Sebastián condicionando la subida de la tarifa –que él determina como si fuera un ser omnipotente– a la aceptación por parte de las eléctricas de tragarse parte del déficit tarifario que se les había prometido cobrar.

El ministro presenta este déficit como si fuese un meteorito que cae del cielo y a las empresas eléctricas como unas estructuras insolidarias que no quieren arrimar el hombro para evitar un desastre natural. Así se permite el descaro de afirmar que las compañías deben asumir una parte porque "no van a ser los consumidores los únicos que resuelvan el déficit". La verdad es que tiene algo de razón. Hasta cierto punto es injusto que el consumidor pague los platos rotos de un sobrecoste que no ha pedido (aunque sí se haya beneficiado del precio tasado). Por tanto, para que no paguen sólo los consumidores deberíamos exigir el embargo de todas las cuentas y bienes de los políticos que aprobaron este sistema eléctrico socialista que ha provocado el déficit tarifario. Y cuando a la casta gobernante no le quede ni un duro y al consumidor ya se le haya exigido un esfuerzo razonable a cambio del precio artificialmente reducido de la electricidad, habría que saldar cuentas con quienes se hayan forrando gracias a las subvenciones para producir tecnologías ineficientes que sólo recibían el apoyo político por ser las que más gustan a los ecologistas.

Mientras tanto, al portavoz de industria del Partido Popular en el Congreso, Antonio Erias, sólo se le ocurre proponer la congelación de las tarifas eléctricas en 2009. ¡Como si eso fuese a solucionar el problema! Si los que gobiernan son gángsters, los otros deben de ser marcianos, porque parecen estar en otro mundo. Acusan al Gobierno de "no apoyar a los consumidores en algo tan importante como el consumo eléctrico" si se suben las tarifas. Al fin y al cabo, ¿qué íbamos a esperar? Si resulta que hasta Esperanza Aguirre, que dice ser la más liberal entre los populares, se ha llegado a dar la mano con el ecologismo radical para oponerse a la construcción por parte de Electrabel de una limpísima y verdísima central de ciclo combinado en Morata de Tajuña.

Si los ciudadanos no empiezan ya a pedir voz en la política energética, el panorama seguirá siendo igual de desolador. Gángsters y marcianos se alternarán en el poder mientras los individuos de a pie asistiremos a oscuras a tanta demagogia.

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