A mediados de la pasada década, se abrió en España el tan necesario debate sobre el futuro del sistema público de pensiones. Sendos informes elaborados por José Barea, José Antonio Herce y el ex ministro chileno José Piñera, padre de la exitosa reforma de las pensiones en su país, alertaban de la crisis del modelo público español, basado en el sistema de reparto –las cotizaciones presentes a la Seguridad Social financian el pago de las pensiones actuales–, que tendría lugar en la primera mitad del siglo XXI. Piñera, además, propuso un sistema para llevar a cabo en España una reforma como la que diseñó y capitaneó en Chile. Sin embargo, aquellos avisos, como si de visiones de Casandra se trataran, fueron desoídos por los políticos de uno y otro signo que, incluso, lanzaron furibundos ataques contra todo aquel que se atreviera a cuestionar la viabilidad a largo plazo del sistema público de pensiones. Y, por supuesto, no hicieron nada para poner remedio a la situación, excepto aprobar por consenso entre el PP, el PSOE, la patronal y los sindicatos el Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, que no era sino un calco de la ponencia de Seguridad Social del último congreso que celebraron los socialistas con Felipe González todavía en el poder. Llamo la atención sobre este punto porque, como cabría esperar con semejantes antecedentes, el Pacto de Toledo no fue más que el intento de mantener el sistema de pensiones bajo control público, con todo lo malo que ello implica. Pues bien, casi doce años después de que se aprobara el Pacto de Toledo, los españoles van a conocer lo que verdaderamente significa el mismo, algo de lo cual ya advertimos algunos en su momento: un recorte del 30% de las pensiones futuras, lo que constituye un timo, una estafa, para quienes se tengan que jubilar en los próximos años.
Los políticos y los agentes sociales que firmaron el dichoso Pacto, que les sirvió como excusa para no llevar a cabo la reforma del sistema de pensiones, se hartaron de decir que las pensiones futuras estaban garantizadas. Ahora vemos a qué precio. Pero lo peor de todo es que, con esos mensajes, con los ataques tan despiadados y furibundos que dirigieron contra todo aquel que hablase de dicha reforma y con la antipatía que ha venido mostrando el Gobierno de Zapatero –obsesionado por recaudar a toda costa– a todo lo que fueran planes y fondos privados de pensiones, ya se tratara de individuales o de empresa, aquí muy pocos fueron los que tuvieron la precaución de empezar a ahorrar para el futuro, contando con que, llegado el momento de la jubilación, iban a contar con una buena pensión. Pues no va a ser así, puesto que el Estado se la va a recortar de forma drástica en cuanto el Ejecutivo apruebe la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cómputo para calcular la pensión.
Esto no habría sucedido si en aquel momento se hubiera procedido a una reforma del sistema de pensiones como la que se llevó a cabo en Chile, pasando del sistema de reparto al de capitalización –las cotizaciones de cada trabajador se acumulan y se invierten para pagar su pensión futura–, lo que habría garantizado a todos aquellos que ahora tienen menos de 55 años una pensión tan buena como digna. Sin embargo, los socialistas siempre han querido tener el control del sistema de pensiones para hacer política con él y a través de él, lo mismo que los sindicatos, mientras que al Partido Popular le faltó valor para defender una alternativa distinta al estatismo y la politización de las pensiones. Los jubilados de mañana van a pagar esos errores muy caros, salvo en el caso de unos diputados y senadores que reciben su pensión del Parlamento, en lugar de obtenerla de la Seguridad Social.
Por supuesto, habrá quien señale en estos momentos que los planes de pensiones perdieron dinero el año pasado y que qué pasaría con quien se tuviera que jubilar durante este ejercicio con una pensión procedente de un fondo o un plan privado. Sin embargo, ese problema no es tal. Lo lógico es que quien tenga un plan o un fondo privado de pensiones y esté próximo a retirarse, tenga colocado ese dinero en un plan invertido casi al cien por cien en renta fija. Y los planes de este tipo se revalorizaron el 6% en 2008. Los de renta variable, en cambio, perdieron, por término medio, un 40%, pero se recuperarán en cuanto lo haga la Bolsa y, con el paso del tiempo, obtendrán rentabilidades más altas que las que proporciona la renta fija. Esos son los planes para aquellos que aún les falten, como mínimo, diez años para jubilarse, con lo que tampoco perderán dinero. Aquí, sólo lo perderá quien sea prisionero del sistema público de pensiones y no cuente con un plan privado que complemente su jubilación. Ése sí que lo va a pasar mal, a causa del timo de la Seguridad Social que han ejecutado unos políticos cobardes que sólo pensaban en tener en sus manos más y más mecanismos para controlar la sociedad cuando, además, debido a lo larga que puede ser la actual crisis económica, apenas van a tener margen de tiempo para aportar un mínimo de recursos a un plan privado. ¿Qué tal si en lugar de tanto Pacto de Toledo no se aborda de una vez por todas la necesaria reforma? Porque, como se ve, el famoso fondo de reserva de la Seguridad Social no sirve para nada.