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Las tarifas eléctricas, a debate

La negativa del Gobierno llevó a los regantes a abandonar temporalmente el escenario político para saltar al ámbito privado, donde las eléctricas parecían más predispuestas a ratificar convenios que facilitaran el acceso al mercado liberalizado.

Desde que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) iniciara su defensa en contra de la supresión de las tarifas especiales para regadío, hace casi dos años, no hemos dejado de esforzarnos por recabar el apoyo de las distintas formaciones políticas con el fin de conseguir la aprobación de una serie de medidas que permitieran un acceso al mercado liberalizado lo menos traumático posible.
 
Desde el pasado mes de julio, los regantes deben afrontar una nueva tarificación, con un sobrecoste de más de 50 millones de euros para el sector, lo que unido a la subida de la factura desde el pasado enero, supone un sobrecoste aún mayor que puede frenar el proceso de consolidación de regadíos e incluso hacer inviable algunos de los proyectos de modernización ya en curso. A pesar de las dificultades, los esfuerzos de la Federación por conseguir el apoyo político no han cesado y, a pesar de las trabas, nuestras reivindicaciones siguen adelante.
 
En el plano político, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó el pasado mes de junio una moción por la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas ante la eliminación de las tarifas oficiales eléctricas para riego. El objetivo de esta moción era asegurar los mecanismos necesarios que garantizaran una transición en las mejores condiciones posibles al mercado liberalizado, de manera que el sector agrario no quedara abocado a las condiciones de precio que las grandes eléctricas quisieran imponer.
 
En concreto, esta moción planteaba una prórroga mínima de dos años de la tarifa especial de riego así como la aplicación de un tipo reducido de IVA del 4% -que podría ser del 7% en el peor de lo casos- en el suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de regadío, bombeo y evacuación de agua, tomando como antecedente inmediato el caso exitoso de Italia. Los populares estaban convencidos de que este tratamiento fiscal permitía obtener las devoluciones de IVA con periodicidad mensual en lugar de anual, como ocurre en el régimen general.
 
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular planteaba dos medidas -valoradas en 120 millones de euros- que hubieran permitido al sector agrario aliviar el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica que los regantes estamos sufriendo -entre un 20% y 40% en la nueva campaña de riego- castigando injustamente el esfuerzo de quienes estamos modernizando nuestras explotaciones para ahorrar agua.
 
Una enmienda a favor y otra en contra
 
Asimismo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado también quiso hacer su particular aportación a finales de junio a este debate, presentando una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que instaba el Gobierno a modificar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de elevar el tipo reducido hasta el 7% a los suministros de gas natural y electricidad. Además, con gran acierto, CiU supeditaba la prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas oficiales hasta la entrada en vigor de este tipo superreducido que veníamos demandando insistentemente hasta la fecha.
 
Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista presentaría también a finales de junio en el Senado una enmienda de sustitución a la moción de los populares instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias ante la eliminación de las tarifas oficiales para riego, pero desde un punto de vista “estructural”, según el boletín de sesiones, y no “coyuntural”. En definitiva, los planteamientos del grupo socialista hablaban de moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos, lograr unos precios justos, potenciar el cooperativismo y la universalización de los seguros, pero no encerraban ninguna medida en firme para hacer frente a la subida de las tarifas.
 
El debate político no podía ser más participativo y, a pesar de la moción socialista, que echaba un "jarro de agua fría" a las expectativas de los regantes, existían señales de que los esfuerzos de la Federación por conseguir un aplazamiento de las nuevas tarifas o, en su defecto, medidas para paliar sus efectos podrían salir adelante…
 
Finalmente, el 30 de junio fue aprobada la moción en el Senado, con los votos a favor del PP, CIU y BNG, y con los votos en contra del PSOE y Grupo mixto Entesa y la abstención del PNV.
 
De la negociación política a la privada
 
Sin embargo, el último Consejo de Ministros del mes de junio daba luz verde sin paliativos a la supresión de las tarifas especiales para regadío, truncando así las esperanzas de los regantes, que confiaban en que el Gobierno acometiera las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas no excedieran la subida del IPC, tal como adelantó el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en su intervención en la Expo de Zaragoza.
 
Esta negativa llevó a los regantes a abandonar temporalmente el escenario político de la negociación para saltar al ámbito empresarial privado donde las principales suministradoras eléctricas parecían más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que facilitaran a los regantes el acceso al mercado liberalizado.
 
Después de arduas negociaciones, Fenacore suscribió a finales de julio -en un tiempo casi récord- sendos acuerdos marco de colaboración con las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola con el objetivo de obtener condiciones más competitivas en la contratación de energía eléctrica que permitieran hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío.
 
En virtud de estos acuerdos marco, los regantes asociados a Fenacore están formalizando individualmente convenios de colaboración específicos con ambas suministradoras de acuerdo a sus necesidades concretas de riego, definiendo una tarifa "personalizada" y "específica" adaptada a su consumo en función de las particularidades de sus territorios, climatología y cosechas.
 
Dificultades en el camino
 
Si bien en esta senda negociadora se ha ido avanzando lentamente, también han ido surgiendo algunas trabas que hemos tenido que ir sorteando con mayor o menor dificultad. Desde mediados de septiembre las comunidades de regantes pueden beneficiarse de descuentos especiales en su factura eléctrica siempre y cuando estén acogidas a tarifas de riego y no al régimen general, lo cual ha obligado a la Federación a tener que intervenir con el fin de gestionar condiciones específicas para casos muy particulares.
 
Por otro lado, a finales de septiembre se aprobó un Real Decreto por el que se establecían las denominadas Tarifas de Temporada que permitían a las comunidades de regantes formalizar contratos de suministro de energía con las compañías eléctricas siempre y cuando la duración fuera inferior o igual a cinco meses. De esta forma, los precios del término de potencia se incrementan en un 35% para los meses de temporada alta, en lugar de un 100% como establece la legislación, y en un 15% para los restantes meses, siempre y cuando se cumplan unas condiciones determinadas.
 
Sin embargo, la aplicación de este Real Decreto que, en principio, suponía una leve mejora para los regantes, ha conllevado diversas irregularidades ya que algunas comunidades han tardado más de un mes en ver materializada su aplicación desde la firma del contrato. A modo de ejemplo basta citar el caso de algunos comuneros que, a pesar de contar con varias estaciones de bombeo, sólo disfrutan de los descuentos estipulados en la mitad de ellas.
 
Una negociación que debe llegar a buen puerto
 
A pesar de las dificultades en el camino, Fenacore, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, continúa tratando de conseguir sin éxito un acercamiento al Ministerio de Industria con el objetivo de reducir, a través de las medidas legislativas necesarias, el coste del término de potencia, de manera que los agricultores regantes paguen sólo por la potencia realmente utilizada.
 
Por otro lado, la Federación continúa insistiendo en la necesidad de la aplicación de un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad para los regantes por ser “usuario finalista”, de acuerdo a lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia y haciendo valer la moción aprobada en el Senado el pasado 30 de junio.
 
Los regantes somos conscientes de que el camino de la negociación es duro; pero estamos dispuestos a recurrir a movilizaciones generalizadas en toda España con el fin de hacer oír nuestra voz y conseguir que se estudien los diferentes costes energéticos en el regadío y se analicen, sobre bases firmes, las modificaciones específicas propuestas por Fenacore, con el fin de facilitar la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.
 
 
Andrés del Campo
Presidente de Fenacore

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