Cada vez que surge cualquier propuesta o posibilidad de liberalización del comercio minorista, las asociaciones de comerciantes cargan contra quien la lanza, con argumentos tan poco sólidos, y en ocasiones tan ridículos, que ellos mismos se quitan la razón. En esta ocasión, los comerciantes han arremetido contra el informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por considerarlo un "panfleto antiautonomista". La descalificación frente a lo que dice la CNC es su único argumento.
La CNC ha elaborado el informe a raíz de la próxima adaptación que debe hacer España de la directiva europea de servicios aplicada al comercio. El organismo que preside Luis Berenguer dice en el informe que hay que retirar a las autonomías la facultad de poder exigir y conceder licencias para la apertura de grandes superficies porque los gobiernos regionales están utilizando esta facultad para restringir más y más la liberalización del sector y la competencia en el mismo. Los pequeños comerciantes, sin embargo, insisten en que se debe mantener una medida que nació, promovida por CiU, para tratar de conseguir que el pequeño comercio pudiera sobrevivir a los cambios que se avecinaban en el sector de la distribución comercial, ganando tiempo para poder adaptarse a ellos. Sin embargo, ni el pequeño comercio aprovechó ese margen ni con esta normativa restrictiva se ha conseguido impedir su declive, sino todo lo contrario. El resultado de la limitación a la apertura de grandes superficies ha supuesto un fuerte desarrollo de los supermercados, que está dando la puntilla al pequeño comercio, el único tipo de estructura comercial que está reduciendo el número de establecimientos, y de forma drástica, en España. Al pedir esa protección, por tanto, los comerciantes se han cavado su propia tumba, se han convertido en enemigos de sí mismos con los supermercados como brazo ejecutor de la sentencia que ellos mismos se han impuesto.
Además, en el debate sobre la liberalización del comercio hay que tener en cuenta también los intereses generales de la sociedad, que son los que siempre suelen caer en el olvido. La liberalización, allí donde tiene lugar, implica mayor creación de empleo y menores tasas de inflación. Madrid, la única comunidad autónoma que ha aprovechado verdaderamente las posibilidades liberalizadoras que abrió la ley Montilla en 2004, ha generado muchos puestos de trabajo en el sector gracias a la liberalización y, siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de crecimiento económico de los últimos años, su inflación se encuentra por debajo de la media nacional. Nada de esto se hubiera conseguido sin una mayor liberalización del comercio. Por desgracia, Madrid es un ejemplo aislado porque las demás autonomías aprovecharon la ley Montilla para restringir aún más la libertad de comercio.
Las grandes superficies, por su parte, pueden y deben desempeñar un papel muy importante en todo lo referente al control de la inflación que, en última instancia, implica calidad de vida para los españoles. Uno de los principales problemas con los precios de consumo en España es el de los alimentos. Resulta difícil comprender por qué se incrementan tanto para el consumidor final cuando el dinero que perciben los agricultores, ganaderos y pescadores por sus producciones es tan escaso y, mucha veces, decreciente. La respuesta se encuentra en la cadena de distribución comercial y en la falta de competencia en la misma, algo que ya advirtió el año pasado la Comisión Europea en su informe sobre la crisis alimentaria. Pues bien, una de las medidas necesarias para corregir este problema es incrementar la competencia, lo que sólo será posible si se eliminan las trabas a la expansión de las grandes superficies. Lo malo es que las comunidades autónomas son poco sensibles a esta cuestión. Por ello, la CNC insiste, con razón, en que se les debe de retirar la facultad de establecer licencias para su apertura, ya que no la han ejercido para promover el interés general, sino unos dudosos intereses particulares de los pequeños comerciantes que, por otra parte, están acabando con ellos mismos. Esto no es ser antiautonomista. Esto es ser lógico, sobre todo cuando las autonomías no están ejerciendo sus competencias como deberían.