Pensarán ustedes, y razones más que suficientes hay para ello, que en el enunciado de estas líneas se ha producido un error o, de no ser así, es que en el mismo se ocultan intenciones malévolas que habrá que desvelar. Es evidente que cuando hablamos de mendigos o de mendicidad, ambos términos están asociados a la pobreza, a personas que sufren carencias hasta de lo más necesario, sin embargo, el mundo está repleto de personajes que viviendo en la opulencia son tan pobres que practican habitualmente la mendicidad, sin que ello les haga sentir dañada su estima personal, tras haber dejado en el estercolero su propia dignidad que, muy a pesar suyo, es lo único que les distingue del resto de mamíferos que sobre la tierra deambulan.
La diferencia entre los dos modos de mendicidad es bien notable. Mientras la mendicidad del pobre es una denuncia a la despreocupación del rico, que de no existir la pobreza habría sido socorrida sin necesidad de la petición de auxilio, en la mendicidad del rico, por el contrario, lo que sobresale es la avaricia, manifestada en el deseo irrefrenable de amasar más y más recursos, hasta el punto de estar dispuestos a empobrecer a los ya pobres a cambio de incrementar sus caudales de riqueza. Frente a la misericordia que inspira el primero, el vicio del segundo le hace acreedor de las iras de los empobrecidos, a la vez que detestable por la comunidad en la que mora.
La semana que termina ha sido testigo de la ignominia en la forma de distribuir los recursos financieros adicionales –11.000 millones de euros– entre las distintas comunidades autónomas a fin de, por un lado, garantizar el igual acceso de todos los españoles a los servicios públicos esenciales, en cantidad y en calidad, con independencia del lugar en el que vivan; por otro, subvenir con esos recursos a alcanzar un nivel de vida decoroso de la población en las comunidades de renta más baja, con el objetivo de ir disminuyendo la lacerante desigualdad económica entre los españoles. Eso que los políticos, pero fundamentalmente los miembros del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero –al fin y al cabo los demás no cuentan o cuentan muy poco a la hora de delimitar responsabilidades–, se ufanan en proclamar como solidaridad.
Nuestra nación, es un espacio de gran desigualdad; no tanto histórica como algunos se empeñan en demostrar, como producida a lo largo de la historia por falta de adaptación de nuevos modelos económicos, de nuevos parámetros de riqueza, del aprovechamiento o no de nuevas oportunidades, etc. Tan evidente es la desigualdad que casi cualquier niño de pecho sería capaz de distinguir las comunidades ricas de las comunidades pobres. Bien que sin soporte estadístico, su resultado se desviaría muy poco del que arrojaría un estudio riguroso sobre la materia. Me atrevo a afirmar que una encuesta que se realizase entre todos los alumnos de secundaria, pidiendo que se señalasen las tres comunidades más ricas de España, nos incluirían a Cataluña en ese grupo.
Pues bien, Cataluña, para vergüenza de sus ricos mendigos, va a ser financiada mediante el sacrificio de los pobres en rentas pero ricos en dignidad, cuyo nivel económico está muy por debajo del que ostenta la comunidad catalana. Sí, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón... se habrían visto más favorecidas a como lo han sido, si no hubiera imperado la necesidad de atender la mendicidad de la rica Cataluña. Si las previsiones se cumplen, desde unos cálculos muy iniciales –pues la opacidad es una de las características del modo dialogante del presidente Rodríguez Zapatero– se comprobará que ese sistema de solidaridad interterritorial, tal como lo entienden los socialistas del Gobierno, ha conseguido que Cataluña reciba más recursos que aquellos que entrega. Es decir, una solidaridad a la inversa, según la cual los pobres financian a los ricos, acentuando así su pobreza. La fascinación que produce el nuevo modelo es difícil de superar.
Ahora entiendo aquella afirmación del profesor Castells de que una competencia fiscal entre comunidades, es decir, si tú bajas impuestos, yo los bajo más, produciría un "efecto indeseado". Y pregunto yo: ¿indeseado para quién? No será para el contribuyente, que manteniéndose todo igual vería incrementar su renta disponible y, por tanto, su capacidad económica. Es ahora cuando veo la respuesta correcta: efecto indeseado para la Comunidad de Cataluña, que espera financiarse con parte de los impuestos pagados por el resto de los españoles.
Pero, ¿se puede tener tanta avaricia? La industria catalana ha estado altamente protegida frente a los productos del exterior desde que se inició la Revolución Industrial. Por ello, los españoles han pagado los bienes allí producidos a precios más elevados de los que habrían satisfecho en un caso de mercado libre. Todavía se dejan sentir las recientes protestas por la eliminación de la protección a los textiles, consecuencia del Acuerdo Multifibras. Y, además de todo eso, dinero fresco para crear embajadas, para conseguir retener determinadas empresas que amenazan con desplazarse al exterior, para contentar a grupos minoritarios a fin de contar con sus votos en los momentos precisos...
¿Hasta dónde piensa llegar señor presidente? Después de estos acuerdos, ¿puede usted pasearse por las cuencas mineras leonesas sin una mirada avergonzada? Ojalá la falta de información nos haya conducido a resultados erróneos, seríamos los primeros en celebrarlo, pero a la intuición del cálculo se une el gozo incontenible de los negociadores catalanes por el resultado de la negociación. Señor presidente, con estos procedimientos exaspera usted a la población y genera división entre los españoles al configurar dos grupos de ellos: el de los ricos mendigos privilegiados y el de los pobres resignados que acuden en su ayuda. Es lo que yo llamaría un talante perverso, sólo posible cuando desaparecen los ciudadanos para ser sustituidos por los simples contribuyentes.