La Comisión Europea ha dado de plazo a España hasta 2013 para reducir el déficit público hasta el 3% del PIB, desde los niveles próximos al 12% en que puede terminar este año. Si se tratara de otro país, cuatro años de tiempo podrían bastar para reconducir las cuentas públicas hacia los niveles establecidos en el Pacto de Estabilidad. En el nuestro, semejante proceso se antoja poco menos que una misión imposible porque aquí lo importante no son, ni serán, las circunstancias económicas, sino un verdadero compromiso político de saneamiento de las cuentas públicas que, hoy por hoy, se antoja imposible.
Para acometer esta tarea el Gobierno no puede contar con una evolución favorable de la economía, en primer lugar porque es bastante posible que ésta no se produzca. Que el Ejecutivo se quiera creer su propio discurso es una cosa y la realidad de nuestro país es otra muy distinta. Aquí, mientras no se acometa la reforma laboral, no se podrá crear un empleo estimulador del consumo, el crecimiento económico y la recaudación tributaria. Y mientras Zapatero y los suyos no se convenzan de que hay que aplicar a fondo la tijera al gasto público, no habrá forma de que los recursos que hoy financian el agujero fiscal se destinen a los créditos que tanto necesitan las empresas, los autónomos y las familias. Sólo por estas simples razones, a la economía española le aguarda una larga travesía del desierto antes de poder hablar de una verdadera recuperación generadora de puestos de trabajo, sin la cual no habrá los ingresos tributarios ni la caída en los pagos por prestaciones por desempleo necesarios para reducir el déficit.
De todas formas, pongámonos en el mejor de los escenarios, el del Gobierno, y supongamos que, efectivamente, a partir del año próximo se produce esa reactivación generadora de empleo y de ingresos tributarios. ¿Bastará con ello para reconducir el déficit público hasta el 3% del PIB? Pues no, porque la crisis sólo explica la mitad del déficit, la de naturaleza coyuntural. La otra mitad, la estructural, necesita de recortes en el gasto, que la OCDE estima en 60.000 millones de euros, sin contar con que tanta deuda como emite y va a emitir el Ejecutivo va a disparar los pagos por intereses y obligar a recortes del gasto aún mayores. Aquí es donde interviene la voluntad política, o su falta, para acometer los ajustes necesarios.
Es difícil pensar que un Zapatero que ha hecho del gasto público una de sus principales banderas políticas esté dispuesto a aplicar la cirugía necesaria con la profundidad que se precisa y más aún teniendo en cuenta que ya estamos casi a mitad de legislatura, que ya empieza a aproximarse la fecha de las municipales y autonómicas, primero, y de las generales, después, en las que, hoy por hoy, los socialistas parten con desventaja en las encuestas de intención de voto. Así es que en esta segunda mitad de legislatura van a chocar frontalmente la necesidad de apretarse el cinturón con la tendencia de Zapatero a utilizar los recursos del Estado para conseguir apoyos electorales, y dudo mucho que ZP vaya a renunciar a ello por el bien de la economía española, que es el de los ciudadanos, si piensa que puede perder las elecciones.
Además, por mucho que el Gobierno quisiera apretarse el cinturón, cuando el Estado sólo gestiona el 25% del gasto público difícilmente se va a conseguir reducir el déficit hasta el 3% si no se cuenta con el concurso de las autonomías. Y este es otro problema porque implica forzar a los Ejecutivos regionales a gastar menos y disciplinarlos en cuanto a la gestión de los recursos de que disponen. Es más, probablemente, para poder volver a niveles de déficit manejables, habría que empezar por dar marcha atrás en el nuevo sistema de financiación autonómica y, posiblemente también, el Estado tendría que recuperar parte de los recursos que ya ha cedido a las comunidades autónomas con los sistemas de financiación autonómica. Pero para todo esto hace falta voluntad política y dudo mucho de que Zapatero la tenga, en parte porque desde que llegó al poder ha jugado a desmembrar el Estado, en parte porque es prisionero de los nacionalistas, en parte porque dudo de que los socialistas catalanes estén dispuestos a renunciar a todo cuanto ya han conseguido arrancar al presidente del Gobierno.
Por todo ello, y salvo que ocurra un milagro, mucho me temo que España no va a cumplir, ni de lejos, con las exigencias de la Comisión Europea en cuanto al déficit público, por mucho año de prórroga que hayan conseguido. El 3%, digan lo que digan, es casi una misión imposible.