Rahm Emmanuel, el asesor presidencial de Obama, le aconsejaba no dejar pasar una crisis económica sin aprovecharse de ella. Desde siempre, los políticos han intentado emplear los tiempos difíciles para expandir y consolidar su poder. Cuando la sociedad atraviesa momentos desesperados, suele mostrarse dispuesta a ceder espacios de su libertad a cambio de promesas de prosperidad.
Así, la estrategia política durante la crisis suele consistir, por un lado, en lograr que cada vez un mayor número de personas dependan de las transferencias de renta del Estado y, por otro, en asumir un creciente número de competencias con las cuales poder controlar las vidas de sus ciudadanos.
El PSOE, siguiendo las consignas de la izquierda más radical que a ambos lados del Atlántico reclama aprovechar la coyuntura para acrecentar la esfera de "lo público", tiene muy bien aprendida la lección. Sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos con el dinero de todos los españoles, al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.
Este viernes los socialistas han vuelto a escenificar de qué forma la crisis supone para ellos una oportunidad a explotar y no un problema a resolver. En las horas más bajas del PSOE andaluz, el Gobierno ha trasladado a Sevilla su Consejo de Ministros para anunciar toda una batería de ayudas y gasto público dirigido a Andalucía: la condonación de la deuda histórica con el Estado, la ampliación del PER y la aprobación del plan Andalucía Sostenible y de un paquete de fondos para paliar los daños del temporal. En total, más de 1.200 millones de euros en una muestra del peor caciquismo que ha caracterizado la historia española.
Y mientras con una mano compraba votos, con la otra incrementaba sus competencias con la excusa de combatir la crisis. Ayer también, el PSOE por fin aprobó su mal llamada Ley de Economía Sostenible, donde en medio de alguna propuesta aislada aparentemente bien encaminada (como la simplificación de los procedimientos administrativos) podemos encontrar todo un despliegue de medidas cuya finalidad es la de seguir orientando la economía en la dirección que desean los políticos socialistas y no los consumidores, ahorradores, empresarios e inversores españoles; a saber, una economía apoyada en unas energías tan caras e ineficientes como son hoy las renovables. La ley apuesta por seguir cebando esta burbuja en la línea marcada por la consigna ecologista radical del llamado "20/20/20": reducir para el año 2020 las emisiones de CO2 un 20% y lograr que el 20% de la energía provenga de las onerosísimas fuentes ‘verdes’. Si algo no necesita la escasamente competitiva economía española es que le coloquen corsés adicionales a los ya padece, encareciendo su energía a costa de un incremento del gasto público que alimente aún más nuestro déficit.
Pero además la Ley de Economía Sostenible también contiene una disposición específica nada relacionada con la crisis pero sí con las restricciones de las libertades de los ciudadanos: la denominada Ley Sinde (que más bien debería llamarse "Ley Zapatero") que habilita el cierre de páginas web a través de una comisión mixta entre políticos y la Audiencia Nacional.
Como si se tratara de un capítulo más dentro de un amplio abanico de planes contra la crisis y a favor de la sostenibilidad de nuestra economía, Zapatero ha sacado adelante una normativa que le permitirá colocar bajo su control internet, cerrando cualquier sitio web que enlace contenidos protegidos por "derechos de autor" (esto es, casi todas las páginas de internet), cuando esto último ni siquiera constituye un delito. Un paso más para introducir al Estado en internet y a partir de ahí ir eliminando ese oasis de libertad que constituía la red.
Vemos, pues, que nuevamente las crisis sirven a nuestros políticos para comprar votos y extender sus tentáculos sobre la sociedad. Al margen de los dramas particulares que puede suponer una depresión económica, lo realmente grave es la oportunidad de oro que representa para que el Estado medre y recorte nuestras libertades. Las crisis tarde o temprano terminan, los regímenes políticos liberticidas tienden a perdurar demasiado tiempo.