La quiebra de Lehman Brothers marcó la fecha en la que nadie podía negar ya la existencia de una grave crisis económica. Así, los políticos de todas las latitudes trataron de aprovecharse de esa crisis acusando a "Wall Street" y a los grandes directivos de los bancos de no estar sometidos a ningún tipo de regulación y de haberse dejado llevar por una avaricia descontrolada que los condujo a engañar a todo el mundo. Sólo faltó para rematar esta escenografía que a los pocos meses de quebrar Lehman, estallara el caso Madoff y más adelante la propia banca de inversión estadounidense volviera a estar en la mirilla de la burocracia política por haber manipulado sus cuentas anuales mediante ciertas tretas contables (el famoso "Repo 105") y por estafar a sus clientes con productos estructurados complejos como el Abacus.
La estrategia de los políticos tenía dos claras ventajas: por un lado, podían ocultar que la burocracia estatal de la que formaban parte era la auténtica responsable de la crisis (las expansiones crediticias de la Reserva Federal y la absurda política de promoción de la vivienda en EEUU); por otro, les permitía reclamar para sí mismos más poderes de regulación, supervisión e intervención sobre el sector privado.
Desde esos episodios vividos en 2008 y 2009, mucho ha llovido. Los gobiernos comenzaron a gastar sin freno hasta el punto de haberse convertido hoy en la principal amenaza para la recuperación global. Y, por si fuera poco, los políticos de todo el mundo no sólo se han comportado como unos pródigos despilfarradores, sino como unos mentirosos y manipuladores de primer nivel.
En España algo podíamos intuir sobre la catadura de la clase política tras el deplorable espectáculo que supuso la campaña electoral de las últimas elecciones generales, en las que el PSOE revalidó victoria gracias a la persistente negación de una crisis de la que ningún economista serio dudaba. Pero han tenido que llegar los escándalos de Grecia y Hungría para que comience a ponerse seriamente en duda la credibilidad de aquellos que quieren introducir transparencia y honradez en el sector privado mediante más regulaciones.
Primero fue el Gobierno griego quien reconoció haber manipulado los datos sobre deuda y déficit y ayer fue el nuevo Gobierno húngaro quien anunció que, tras eliminar todo el maquillaje de las estadísticas oficiales introducido por su antecesor socialista en el cargo, se hallaba próximo a la quiebra.
Cualquier directivo de una empresa privada que hubiese recurrido a tan arteras tácticas habría sido procesado penalmente y, cómo no, habría sido puesto como ejemplo de las terribles consecuencias de la insuficiente regulación de los pérfidos mercados. Sin embargo, la izquierda no verá en los escándalos de Hungría y Grecia una demostración de aquello que decía Lord Acton: que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Al contrario, dejará pasar la noticia como si de un hecho totalmente exógeno a la crisis se tratara.
Sin embargo, hay que repetirlo una vez más: ha sido la avaricia de unos políticos que querían gastar y acumular tanto poder como les fuera posible lo que ha llevado a Grecia y a Hungría a la quiebra y al resto del mundo a ver cómo se esfuman sus esperanzas de recuperación. Correspondería, pues, plantearse si no conviene reducir los tamaños de unos Estados tan mastodónticos como para arrastrar a una sociedad entera a la quiebra.
Si, como no se cansaron de repetir los socialistas, el hecho de que haya empresas demasiado grandes para quebrar debería implicar que hay empresas demasiado grandes como para existir, sería bueno que comenzáramos a aplicar la misma vara de medir a los Estados, responsables primero de causar la crisis con sus absurdas intervenciones en los mercados financieros y ahora de hundirnos en el pozo de la miseria al dilapidar los ahorros de varias generaciones. Una camarilla de irresponsables y vividores tienen demasiado poder y demasiadas competencias que deberían regresar a la sociedad; es el momento de exigírselo: en España hay muchas instituciones por donde empezar.