La pasada semana el Financial Times presentó un análisis sobre la deuda pública de los países europeos más débiles, destacando que España parecía haberse situado fuera de la zona de peligro ya que ha encontrado más que suficientes compradores para sus últimas emisiones de deuda pública. El rotativo británico indicaba que este incipiente despertar del apetito inversor internacional por la deuda pública española es atribuible al compromiso de nuestro Gobierno con las reformas recientemente anunciadas. Pero, como bien indica Juan Carlos Barba en las páginas de Libertad Digital, la economía española está lejos de estar fuera de peligro.
Analicemos ciertos datos. Al cierre del viernes el diferencial del bono a 10 años entre España y Alemania seguía anclado en los 185 puntos básicos, mientras que el pasado mes de marzo escasamente llegaba a los 70. Por otro lado, los CDS (credit default swaps) se sitúan por encima de los 230 puntos básicos, lo que indica que el mercado contempla una probabilidad de quiebra del Reino de España de aproximadamente el 20% y por lo tanto nada desdeñable.
Es cierto que la situación española no es tan precaria como la de Grecia, Irlanda o Portugal, lo cual es lógico ya que la deuda de esos países alcanza el 124%, 78% y 86% respectivamente de su PIB, mientras que la nuestra todavía no roza el 60% aunque seguramente supere el 65% a finales de año.
Definitivamente, España no está fuera de peligro. Las razones de ello son, en primer lugar, unas paupérrimas perspectivas económicas que nos devolverán a una situación recesiva en breve, con crecimiento negativo en la segunda mitad del año en curso. Situación dificilísima de corregir hasta que no se hinque el diente al paro español del 20%. Y para hacer esto hacen falta muchas reformas, sobre todo en el ámbito del mercado de trabajo. Es cierto que nuestro Gobierno ha dado ciertos pasos para iniciar un proceso de reforma laboral, pero la precariedad y, por ende, la persistencia de trabajos de muy baja productividad (¿quién invierte en un obrero temporal?) todavía no han sido debidamente tratados. Reformas sobre energía, educación y, sobre todo, una reforma profunda del tupido entramado de administraciones públicas que duplican e incurren en gastos estrictamente espurios son absolutamente necesarias para que levantemos cabeza.
Esta última observación nos trae de lleno al segundo factor: el desbordado gasto público. Nuestro Gobierno ha dado pasos de contención del gasto público, es cierto. Pero con su obstinado proceder en rectificar cualquier paso hacia delante, ya ha anunciado la concesión de 1.500 millones de euros a las entidades locales y de permitir que sigan endeudándose. Es decir, vuelta atrás. Además, el grueso del gasto público discrecional de España (gasto tras pagar la Seguridad Social), se encuentra en las comunidades autónomas y éstas todavía no han afrontado frenar su gasto. En vista de lo cual, y sin mecanismos para exigir esa efectiva reducción del gasto público, sobre todo en un año electoral, cuesta creer en las proyecciones del déficit público de todas las administraciones públicas.
Por todo ello, es fácil otear otro tropiezo en la deuda pública española. Quizás, incluso, éste se adelante con motivo de la reacción del Gobierno ante la huelga general del próximo 29 de septiembre, o bien a consecuencia de unas negociaciones ruinosas para lograr aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2011. Ahora bien, lo que queda meridionalmente claro es que otro batacazo nos aguarda. Ojalá que cuando ocurra sirva para convocar unas elecciones anticipadas, solución imprescindible para rectificar la situación económica desoladora que atraviesa nuestro país.