El pasado mes de abril, la UPyD denunciaba y cuantificaba por primera vez el derroche en que incurrían las comunidades autónomas. Esa primera estimación desveló cifras de infarto: las comunidades autónomas de España incurrían en un sobrecoste y, por lo tanto, en gasto superfluo para dar un servicio eficiente a los ciudadanos, de aproximadamente 26.000 millones de euros al año. No cayó en saco roto la denuncia, porque a esa voz pronto se unieron la crítica del Fondo Monetario Internacional sobre el despilfarro y el gasto autonómico y, poco después, la del Banco de España. El libro de Alberto Recarte se publicó en el otoño analizando con autoridad la sangría estructural del Estado autonómico. Pero, no fue hasta que los mercados elevaron el diferencial del bono español frente al bund alemán (manteniéndolo por encima de los 250 puntos básicos), y la agencia de rating Moody’s puso el dedo en la llaga y dijo que ponía el país en "negative watch", es decir, anunciaba públicamente que estudiaba la posibilidad de bajar el rating del Reino de España, precisamente por ese descontrol de los déficits públicos de las comunidades autónomas, insisto, solo fue tras todo este cúmulo de denuncias cuando, por fin, accedió el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero a actuar dando más información a los mercados.
Efectivamente, el Gobierno ha adelantado información sobre los déficits públicos de las comunidades autónomas que representan más de la mitad de todo el presupuesto discrecional (sin incluir la Seguridad Social) del conjunto de las Administraciones Públicas de España. Este esfuerzo, aunque llega con una demora de décadas, tiene que saludarse como positivo. Hace falta mucha más transparencia pero a fecha de hoy, el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ha dado un paso en la buena dirección. En vez de esperar hasta marzo para saber algo más sobre el agujero presupuestario de las comunidades autónomas, se han adelantado los datos del tercer trimestre y, sorprendentemente, se nos dice que sólo hay un déficit público autonómico del orden del 1,24% del PIB español versus el 2,4% esperado para todo el año, factor que nos llevaría a la añorada senda de reducción del déficit publico de todas las Administraciones Públicas tanto en el año en curso.
Sin embargo, las cifras dadas son parciales. En primer lugar, el cuarto trimestre suele ser el de más gasto y este no se ha incluido. Pero, además, los criterios empleados por el Gobierno para estimar el déficit autonómico excluyen un significativo número de institutos, agencias públicas e instituciones. Pongamos por caso las televisiones y radios autonómicas, ninguna de ellas ha formado parte del cálculo. Y finalmente, el criterio de cómputo empleado es de caja y no el equivalente al devengo empleado en la contabilidad nacional. Por todo ello, no se puede entender cómo el Gobierno llega a afirmar que las comunidades autónomas no superarán un déficit del 2,4% para el conjunto del año en curso. Ojos para ver.
Por si fuera poco todo lo anterior, aún no se ha aclarado el mecanismo de control que quiere implementar el Estado para asegurar la disciplina presupuestaria en las comunidades autonómicas en el corto plazo. Lo que ha presentado el Gobierno como medida disciplinaria es la oportuna denuncia de situaciones excesivas confiando en que esto ejerza suficiente presión para corregir el derroche. Lo cierto es que la reputación sí es eficaz para frenar situaciones de déficit en el medio plazo, puesto que nadie presta a un derrochador. Así, el Gobierno anunció a bombo y platillo que dos comunidades autónomas superaban un déficit del 2% de su PIB regional en el año 2010. Y Moody’s, avalándose de dicho informe gubernamental, rebajó en un escalón el rating de las dos comunidades en cuestión aumentando de esta forma su coste de financiación. Pero las medidas basadas en la reputación no impiden que se produzca el daño. Actúan a posteriori, como nuestro Gobierno. Para ejercer un control eficaz hay que establecer claros límites sobre el gasto autonómico, incluyendo aquellas transferencias del capítulo IV de los presupuestos autonómicos dirigidas a empresas, consorcios, etc. que presten servicios externalizados.