Si hubiera querido ser más expresivo en el título, estas líneas que siguen habrían aparecido bajo el enunciado de "A la chita callando, o para quien y para cuando me dé la gana", más representativo del contenido que me propongo poner a su consideración.
Todos los españoles, hasta los niños de pecho, son conscientes de las idas y venidas entorno al llamado pacto social –sindicatos, patronal y como comparsa el Gobierno de la Nación, en resumen, sindicatos–, así como las demoras para su conclusión. El foro de negociación, por llamarlo de algún modo, se ha convertido en un circo confuso en el que no se sabe bien quiénes son los leones y quienes los cristianos que van a ser devorados.
Pues bien, el 12 de marzo pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 4/2011, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, de la que, al menos hasta mis oídos, no ha llegado el mínimo rescoldo de discusión. Rebuscando entre sus disposiciones, encontramos una adicional segunda, según la cual el Gobierno se atribuye la facultad de permitir un trato diferenciado, en materia de jubilación, a los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y a los profesores de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ya ven ustedes el encaje que se ha montado: una disposición adicional, en una ley complementaria, que lo es de una ley absurda. La disposición autoriza al Gobierno a promover los mecanismos que faciliten la prolongación voluntaria en el servicio activo a tales funcionarios por un período máximo de cinco años adicionales al de la jubilación forzosa (hoy, setenta años); ello siempre que en los agraciados concurran méritos excepcionales (de aquí el para quien y para cuando me dé la gana).
Porque, digo yo, si es tan excepcional, ¿para qué marear con una ley orgánica que modifica otras leyes orgánicas, cuando se va a aplicar sólo en casos excepcionales? Por otro lado, la medida de la prórroga, ¿se considera buena o mala para el individuo? Porque si es buena, debe aplicarse a todo el mundo y no sólo a los amigos, pues mucho ha llovido ya sobre la valoración de los méritos excepcionales de alguien. Si fuera mala, ninguno de ellos se acogerá voluntariamente, por lo que nos podríamos haber ahorrado la página del diario oficial.
Y, finalmente, si es buena para el sistema, pero mala para las personas afectadas, iníciese un proceso de información y de discusión, sobre el mejor modo de implantación, a fin de producir el mínimo daño a los derechos adquiridos y a las expectativas de derecho. El proclamado talante de nuestro Gobierno así lo habría requerido.
La referencia a la doble vara de medir se ha quedado corta, pues hay tal variedad de varas que nadie sabe ya con cuál le van a flagelar. Lo que no cambia es la discrecionalidad (arbitrariedad) del Gobierno a la hora de gobernar, entre amigos, enemigos e indiferentes. ¡Dios mío, qué cruz!