Las denuncias han sido remitidas a las autoridades de protección de los consumidores de las diecisiete comunidades autónomas, el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento, ha informado la organización de consumidores en una nota.
"A los recargos aplicados por Ryanair por imprimir la tarjeta de embarque, pagar con tarjeta o atender las consultas y reclamaciones de los pasajeros se une ahora una por el mero hecho de cumplir la ley" facilitando un transporte alternativo o devolver el importe del billete y ofrecer asistencia en los casos de cancelaciones, lo que FACUA considera "una provocación".
Por ello demanda de las autoridades competentes "que respondan de forma inmediata", con "sanciones proporcionales a las dimensiones del nuevo abuso en el que está incurriendo".
"La pretensión de Ryanair es utilizar esta comisión ilegal como medida de presión a las autoridades comunitarias para que eliminen derechos básicos de los usuarios establecidos en el Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos", añade.
FACUA recuerda que en una cancelación por causas reconocidas legalmente como de fuerza mayor, como huelgas o condiciones meteorológicas, tanto las compañías aéreas como los usuarios se ven perjudicadas.
"Pero lo que pretende Ryanair es que los usuarios asuman todas las consecuencias y que estas cancelaciones le hagan ganar más dinero que si volara, ya que quiere incluso quedarse con el importe de los billetes sin prestar el servicio a los pasajeros, además de no prestar asistencia con comida y alojamiento", señala el comunicado.
En sus denuncias, FACUA argumenta que la aerolínea incurre en una cláusula abusiva y por tanto prohibida y sancionable, y que "la comisión también es abusiva, entre otras causas, por imponer "renuncia o limitación de los derechos del consumidor".