Durante casi 30 años ha ocurrido lo contrario. De estar las cajas en manos de sus impulsores, normalmente privados salvo excepciones, pasó a estar en manos de alcaldes y políticos socialistas, desplazando a impositores y a fundadores de la dirección y el control de los fondos.
Ahora, cuando el clamor por la mala gestión de las Cajas ya es sonoro en toda Europa y cuando se ve cercana la pérdida del poder, el PSOE, además de otras cosas, pretende limitar la presencia de los políticos para que el PP no tenga jamás el poder que él tuvo sobre las Cajas. En el caso andaluz, la Junta, y por decreto, reduce el poder de los ayuntamientos del 22% a un 15%. El poder de los partidos del arco parlamentario baja de un 15 a un 12%.
Permanece igual el peso(13%) de las entidades fundadoras de las cajas (en el caso de Cajasur desaparece la referencia a la Iglesia). Ahora, tras 30 años de dominación socialista, sube la representación de «otras organizaciones», en el que se incluyen sindicatos, empresarios, economía social y consumidores entre otros del 8 al 18% y no varía el poder de los impositores (27%) y empleados (15%).
Esto es, el esquema de poder dentro de las Cajas sería el siguiente:
Municipios...................... 15%
Parlamento.................... 12%
Fundadores.................... 13%
Otras organizaciones..... 18%
Impositores.................... 27%
Empleados..................... 15%
TOTAL............................ 100%
De este modo, impositores(normalmente desorganizados aunque sus métodos de elección pueden ser fácilmente controlados por grupos organizados como siempre ha demostrado el PSOE), empleados(controlados habitualmente por los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT) y las otras organizaciones, donde la izquierda tiene mayor presencia, suman más el 50% del poder de la caja.
Si antes tal mayoría era alcanzada fácilmente por el PSOE por su peso municipal y su peso parlamentario, ahora, en la expectativa de una derrota política en las próximas elecciones, tal planteamiento impide de hecho que el control que ha ejercido durante 30años pueda ser ahora detentado por el PP, si es que puede gobernar en la Junta y en los principales ayuntamientos de las provincias.
Eso sí, la Junta se ha reservado el control político sobre la concentración de cajas, su obra social, la retribución de los directivos u otros aspectos.
La Junta se reserva el derecho de veto en el caso de las concentraciones. Si la caja en cuestión no se incluye en fusión fría con otras o no termina por canalizarse hacia la figura de un banco, podrá constituir una Fundación que será tutelada asimismo por la Junta y en cuyo patronato estará presente.
También en las Comisiones de Obras Sociales de las Cajas, ahora obligatorias, habrá tres representantes de las Cajas y dos de la Junta, con voz pero no con voto. A las cajas no andaluzas se les exigen reinversiones en obra social de los depósitos específicamente andaluces que tengan.
El gobierno Griñán impide sentarse en los órganos de gobierno de las Cajas a los cargos políticos electos y a los altos cargos de la administración pública, pero aplaza tres años su entrada en vigor.
A partir de ahora, treinta años después, no podrán cobrarse simultáneamente dietas y sueldos, lo que indica a las claras que hasta ahora sí y el sueldo de sus directivos no podrá los 68.891 euros que cobra actualmente el presidente de la Junta de Andalucía.
Aunque algunas medidas eran absolutamente necesarias, se hacen treinta años tarde y ayudan al PSOE en su tarea de oposición si pierde las elecciones en 2012.
La reacción del PP
El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, afirmó ayer que la aprobación prevista del decreto ley de adaptación de la Ley de Cajas de Andalucía a la ley estatal se va a hacer sin consenso y pensando en el futuro desastre electoral del PSOE. Agregó que se trata de "una visión torpe, miope y muy equivocada cuando deberíamos ir de la mano para buscar el fortalecimiento del sistema financiero andaluz y el acceso al crédito de las familias".
Sanz aseguró que el PP no ha recibido ningún borrador de la ley y sólo ha habido una breve información verbal sobre el planteamiento general de la misma. Señaló que, por tanto, la ley se va a aprobar sin consenso ni de los partidos de la oposición ni de las propias cajas de ahorro.
Añadió que, con este texto, el PSOE "hace un intento a la desesperada por mantener el control político y seguir mandando en las cajas aún después de perder las elecciones. El PSOE no se ha enterado de su fracaso en las cajas y de que no es la hora de los políticos en las cajas".
Agregó que es una propuesta llena de intervencionismo político y alejada de la realidad, por lo que sólo oscuros intereses electorales del PSOE explican la aprobación mañana sin consenso, puesto que no cabe la urgencia después de haber tenido casi ocho meses para elaborar la adaptación, de la que se sabían los plazos.