El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha anunciado este jueves que la inspección laboral se intensificará y "redoblará" para perseguir el empleo sumergido que no salga a flote con el plan que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros para que aflore. Gómez ha hecho esta afirmación en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), adonde se ha desplazado para visitar el Centro Ocupacional de la Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas y el Centro Municipal de Formación y Empleo, y pronunciar la conferencia La política de reformas.
El ministro ha explicado que el objetivo del plan es facilitar el proceso de legalización del empleo no declarado, aunque ha advertido de que una vez superado el plazo para llevarlo a cabo se "endurecerá" las sanciones a las empresas que mantengan o recurran al trabajo irregular.
En este sentido, ha destacado que la persecución del empleo sumergido es una de las prioridades de la inspección laboral, cuya labor se redoblará en los próximos meses en cumplimiento de las previsiones del plan, informa Efe.
Gómez ha descartado que estas medidas puedan "asfixiar" a las pymes, al entender que el problema principal al que se enfrentan no son estas medidas sino la "asfixia" financiera que sufren derivada de la falta de fluidez de los créditos. Ha destacado que el Gobierno ha tratado de evitar, en su plan de recorte del déficit público, la adopción de medidas fiscales "drásticas" que pudieran perjudicar a los trabajadores y pequeños empresarios.
El ministro ha añadido que, ante el retraso del sistema financiero en conseguir un funcionamiento normalizado, el Ejecutivo ha "convertido" el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en una entidad dirigida a impulsar el crédito a las pymes.
Por otra parte, ha defendido la enmienda presentada en el Congreso por el Grupo Socialista a la ley de reforma de las políticas activas para que las grandes empresas con beneficios que recurren a expedientes de regulación para facilitar prejubilaciones compensen al Tesoro Público por los gastos derivados del periodo de desempleo previo al que está sujeto el trabajador. El objetivo, ha explicado, "es compensar al sistema de protección por desempleo de los costes en los que incurren los trabajadores que a partir de los 50 años su objetivo no es ya ser recolocados, sino enlazar con un proceso de jubilación anticipada".