Los ciudadanos suponen que la entrega de subvenciones públicas en materia de empleo va destinada a la creación directa de puestos de trabajo, de forma que las empresas encuentren con estos fondos estatales el estímulo suficiente como para contratar a desempleados. Sin embargo, tan sólo una pequeña parte de esta ingente cantidad de recursos públicos se dedica directamente a la creación de empleo. El grueso de todas estas subvenciones tiene como objeto la realización de cursos de formación y otras actividades conexas sin impacto inmediato en la reactivación económica.
Esto es lo que ocurre con la última convocatoria de subvenciones abierta por el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo es financiar con dinero público "las acciones dirigidas a la promoción y difusión de la formación, y su extensión hacia los sectores, empresas y colectivos de trabajadores donde no está plenamente introducida, especialmente en las pequeñas empresas".
En concreto, estos 12 millones de euros de las arcas estatales servirán para subvencionar esas labores de difusión de las virtudes de los cursos de formación realizados por sindicatos y patronal, pero también para financiar otras actividades como la "investigación y experimentación" (sic) en la materia o la "creación de foros para la reflexión, análisis, intercambio de experiencias y elaboración de propuestas sobre formación, cualificación y desarrollo empresarial".
Dado que a estas subvenciones sólo pueden concurrir las entidades y organizaciones que tienen entre sus objetivos estatutarios los definidos en la convocatoria, resulta bastante obvio que finalmente estos 12 millones de dinero público tendrán como beneficiarios a los sindicatos y las numerosas organizaciones empresariales repartidas por todo el territorio nacional.