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Sistema eléctrico español (VII): el déficit de tarifa

Nos centraremos en este artículo en el precio pagado por los consumidores domésticos, englobados bajo la categoría de consumidores de último recurso, que somos la mayoría en España.

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A lo largo de esta serie de artículos dedicados al sistema eléctrico español hemos visto que, tras el acto de apretar un interruptor en nuestras casas, existe un complejo entramado de relaciones tecnológicas, jurídicas y económicas que posibilitan que una bombilla se encienda mediante ese interruptor. Como consumidores tenemos el derecho a disfrutar de los beneficios de la electricidad en nuestras casas y tenemos, por tanto, la obligación de abonar un importe por ella. Pero ¿cómo se determina el precio que pagamos? Nos centraremos en este artículo en el precio pagado por los consumidores domésticos, englobados bajo la categoría de consumidores de último recurso, que somos la mayoría en España.

Desde julio de 2009, la gran mayoría de consumidores con potencia contratada menor a 10 kW nos acogimos al Suministro de Último Recurso (SUR), mediante el cual teníamos derecho a recibir electricidad a un precio fijado por el Gobierno en forma de Tarifas de Último Recurso (TUR). Estas tarifas establecen el precio al cual pagamos la electricidad en nuestras casas y se componen de tres bloques que se suman para dar el precio total: lo que le cuesta la electricidad al comercializador que nos la vende, los costes de acceso a las redes (peajes) y un margen para el comercializador. Este último concepto es muy pequeño en comparación con los otros dos y no lo trataremos en este artículo.

Los Comercializadores de Último Recurso (CUR) que nos venden la electricidad compran parte de ella en un mercado a plazo conocido como subastas CESUR. Estas subastas son trimestrales o semestrales y en ellas se fija el precio del kWh para los siguientes tres o seis meses. Hay que tener en cuenta que este precio se fija por adelantado y, posteriormente, no tendrán influencia sobre él los cambios que puedan tener lugar en el escenario internacional (por ejemplo una subida en los precios del petróleo). Estas subastas están recibiendo múltiples críticas en la actualidad porque el precio del kWh resultante de las mismas se ha ido incrementando sucesivamente. Sin embargo, este aumento en el precio es el resultado de un proceso transparente de ofertas y demandas en forma de subasta. Personalmente, no soy un gran defensor de este proceso de fijación de precios porque le veo algún agujero. Pero si el precio sube, probablemente no haya que culpar al proceso de formación de precios, sino a los motivos que hacen que los productores oferten cada vez a precios más altos. Tal vez el hecho de que sean ellos los que están financiando con su dinero el déficit de tarifa tenga algo que ver.

Como explicamos en artículos anteriores, en el sistema eléctrico hay actividades que no están liberalizadas, como son el transporte y la distribución. Las empresas que realizan estas actividades reciben sus ingresos a través de unos peajes de acceso a las redes que son fijados por el Gobierno. Sin embargo, y aquí está el origen de la perversión del sistema, dentro de la categoría de peajes de acceso se engloban, además, todos aquellos costes del sistema eléctrico que no tienen absolutamente nada que ver con el transporte ni la distribución. Estos costes son una especie de cajón de sastre donde entran todo tipo de conceptos como pueden ser la moratoria nuclear de Felipe González (que aún seguimos pagando), los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el uso del carbón nacional, los desajustes del déficit de años anteriores o las primas a las energías renovables y la cogeneración.

Ahora bien, el Gobierno estima estos costes (y siempre se confunde) por adelantado y debería establecer los peajes de acceso consecuentemente para cubrir todos los costes de esas partidas. Pero no lo hace, sistemáticamente establece unos peajes inferiores a los necesarios. ¿Por qué? Simplemente porque si los españoles pagáramos la totalidad de conceptos que el Gobierno incluye en los peajes, el precio político sería inasumible. Por motivos electoralistas el precio real de la electricidad permanece escondido para el consumidor final de tal modo que nos estamos subvencionando a nosotros mismos y acumulando esa deuda en lo que se conoce como déficit de tarifa eléctrico.

Como siempre, lo mejor para entender un problema es poner los números. Según la Comisión Nacional de Energía, en el año 2010, el importe total de las actividades que se financian a través de los peajes ascendió a 18.000 millones de euros. Esto incluía casi 7.100 millones de subvenciones al régimen especial (en su mayoría energías renovables). Según esta cifra, los españoles deberíamos haber pagado unos peajes de acceso que cubrieran la totalidad de esos 18.000 millones. ¿Qué hizo, sin embargo, el Gobierno? Establecer unos peajes que recaudaron apenas 13.000 millones de euros. Los 5.000 millones de euros restantes han ido a engordar un déficit de tarifa que se está convirtiendo en algo dantesco. Entre 2004 y 2010 el déficit acumulado rondaba los 25.000 millones de euros y al finalizar 2011 puede pasar de los 30.000 millones.

Es importante hacer hincapié en un aspecto fundamental. De los 13.000 millones de euros que se recaudaron en peajes de acceso, más de la mitad se han ido a pagar las subvenciones al régimen especial. El déficit de tarifa fue de unos 5.000 millones, pero nos gastamos más de 7.000 millones subvencionando este tipo de energías, usted, yo y todos los españoles. Es cierto que, en los últimos años, los costes de transporte y distribución de electricidad también se han incrementado. Sin embargo, entre 2004 y 2010, estos costes han subido un 48% mientras que el importe de las subvenciones al régimen especial se ha incrementado en un 160% en el mismo periodo. Desde el año 2009, la mayor contribución a los peajes de acceso corresponde a las subvenciones al régimen especial, siendo la conclusión clara: cuantas más renovables más caros serán los peajes de acceso. Ahora bien, como el Gobierno no tiene ni la valentía de fijar los peajes necesarios ni la valentía de recortar las subvenciones, la conclusión es otra: cuantas más renovables más déficit de tarifa eléctrico.

Para muestra un botón, analicemos lo acontecido en la última subasta CESUR de electricidad llevada a cabo hace menos de un mes. El resultado de la misma arrojó una subida en el kWh cercana al 12%. Como el resultado de la subasta equivale, aproximadamente, a la mitad del precio final de la luz (la otra mitad son los peajes de acceso) ésta debería haber subido un 6%, aproximadamente. ¿Qué ha hecho el Gobierno? No sólo no ha subido la electricidad, sino todo lo contrario. Ante las protestas sociales ha rebajado un 12% los peajes de acceso para compensar el 12% que había subido el kWh en la subasta, de tal modo que el precio de la electricidad se congela y seguiremos pagando lo mismo los próximos meses. Es decir, más déficit. Están aumentando la deuda de España, ¡y encima nos lo venden como si nos hicieran un favor!

Los peajes de acceso ni siquiera cubren los gastos que deben cubrir, incurriendo año tras año en déficit tarifario. Pero este Gobierno, haciendo un inenarrable exceso de populismo, reduce aún más esos peajes para que haya "tranquilidad social", hipotecándonos a todos y mirando hacia otro lado mientras nuestra deuda aumenta sin un horizonte claro de solución. La cuantía de las subvenciones al régimen especial crece cada año, agravando el problema y se pretenden cerrar las centrales nucleares que producen los kWh más competitivos del mercado junto con las grandes centrales hidráulicas. Se ha estimado que la jugada hecha hace un mes con la subasta CESUR añadirá otros 1.000 millones de déficit a los casi 6.000 que previsiblemente se acumularían este año. El acumulado pasará ya, probablemente, de 30.000 millones. Calcúlenlo en número de empleos... si es que los escalofríos se lo permiten.

El sr. Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear.

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