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Cómo eliminar todo el déficit público sin subir impuestos

El sector público puede recortar más de 80.000 millones sin tocar servicios básicos. Vender empresas y activos aportaría más de 40.000 en ingresos.

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La inesperada subida fiscal aprobada por el Gobierno del PP, incumpliendo por completo su compromiso electoral, ha reabierto con fuerza el debate acerca de si otro ajuste es posible a fin de reducir el déficit público para alcanzar los objetivos marcados desde Bruselas. España cerrará 2011 con un déficit próximo al 8% del PIB -algo más de 80.000 millones de euros-, lo cual supone superar en dos puntos porcentuales el límite del 6% al que se comprometió el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así pues, el Ejecutivo que ahora preside Mariano Rajoy tendrá que intensificar sus esfuerzos presupuestarios para alcanzar la meta del 4,4% de déficit previsto para 2012. Es decir, unos 40.000 millones de euros menos en el presente ejercicio. Para ello, el Gobierno ha optado, al igual que Grecia, Portugal o Italia, por combinar subida de impuestos y reducción de gastos.

El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó un plan fiscal para recaudar cerca de 6.200 millones de euros extra y recortar el gasto público en 8.900 millones, lo cual arroja un balance total de 15.100 millones. Este ajuste, de cumplirse, situaría el déficit a final de año en el 6,5% del PIB, por lo que el Gobierno lanzará nuevas medidas con el objetivo de recortar la brecha fiscal en algo más de 20.000 millones para alcanzar el citado 4,4% del PIB.

¿Cómo lo hará? Dado el plan inicial de ajuste presentado por el PP, es muy posible que Rajoy siga abogando por subir impuestos, como por ejemplo el IVA, y luchar contra el fraude fiscal, al tiempo que recorta gastos (reestructurando el sector público). De hecho, los populares ya están trasladando este ajuste combinado a sus comunidades autónomas. Castilla y León o la Comunidad Valenciana acaban de anunciar un esquema similar, centrado en recortes y aumentos tributarios.

Sin embargo, otro plan es posible, tal y como han mostrado Juan Ramón Rallo y Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital. A continuación, en un ejercicio similar al realizado en 2010, se presenta un posible ajuste alternativo, basado únicamente en la reducción del gasto público, no sólo para situar el déficit en el 4,4% del PIB sino para eliminar por completo el desequilibrio presupuestario en 2012 (un solo año) sin necesidad de subir ningún impuesto, e incluso minorar el peso de la deuda pública hasta el 60% del PIB -y, por tanto, el coste de sus intereses-.

¿Cómo reducir 80.000 millones en un año?

La guía se divide en cuatro grandes bloques: recortes en la Administración General del Estado (Gobierno central); en los presupuestos de las CCAA; reestructuración y reforma de la administración local; e ingresos extra derivados de la privatización y venta de empresas y activos estatales.

Ninguno de los recortes descritos afecta en modo alguno a los servicios y prestaciones públicas básicas (prestaciones, pensiones, sanidad, educación...) ni implica reducciones de salario a los funcionarios, los temas más espinosos y polémicos de los ajustes de cara a la opinión pública.

A) Presupuestos Generales del Estado para 2011: 39.000 millones

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 2.085 millones

  • Cooperación para el desarrollo: 1.971 millones.
  • Cooperación, promoción y difusión de la cultura en el exterior: 114 millones.

Ministerio de Economía y Hacienda: 1.477 millones

  • Incentivos regionales a la localización industrial: 179 millones.
  • Seguros de crédito a la exportación: 280 millones.
  • Servicios de transporte de ministerios: 47 millones.
  • Transferencias a RTVE: 631 millones.
  • Aportación patrimonial al ICO: 340 millones.

Ministerio del Interior: 127 millones

  • Financiación de partidos políticos: 127 millones.

Ministerio de Fomento: 5.262 millones

  • Dirección y servicios generales de vivienda: 18 millones.
  • Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda: 1.126 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 214 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 84 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 344 millones.
  • Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 40 millones.
  • Adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre: 799 millones.
  • Aportación patrimonial a ADIF: 574 millones.
  • Inversiones ferroviarias: 1.022 millones.
  • Inversiones en nuevas carreteras: 1.041 millones.

Ministerio de Educación: 107 millones

  • Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: 107 millones.

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 8.098 millones

  • Fomento de la inserción y estabilidad laboral: 7.322 millones.
  • Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 6 millones.
  • Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 750 millones.
  • Sindicatos y patronal: 20 millones.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 5.935 millones

  • Desarrollo industrial: 585 millones.
  • Reconversión y reindustrialización: 704 millones.
  • Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 145 millones.
  • Explotación minera: 657 millones.
  • Promoción comercial e internacionalización de la empresa: 591 millones.
  • Coordinación y promoción del turismo: 623 millones.
  • Apoyo a la pequeña y mediana empresa: 156 millones.
  • Infraestructuras en comarcas mineras del carbón: 289 millones.
  • Investigación y desarrollo tecnológico-industrial: 407 millones.
  • Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 369 millones.
  • Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 721 millones.
  • Transferencias al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 688 millones.

Ministerio de Ciencia e Innovación: 5.498 millones

  • Investigación científica: 682 millones.
  • Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 2.139 millones.
  • Investigación y desarrollo técnico-industrial: 2.426 millones.
  • Investigación y experimentación agraria: 79 millones.
  • Investigación oceanográfica y pesquera: 60 millones.
  • Investigación geológico-minera y ambiental: 26 millones.
  • Investigación energética, ambiental y tecnológica: 86 millones.

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 388 millones

  • Competitividad y calidad de la producción agraria: 53 millones.
  • Competitividad y calidad de la producción ganadera: 135 millones.
  • Programa de desarrollo rural sostenible: 200 millones.

Ministerio de Cultura: 391 millones

  • Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 17 millones.
  • Promoción y cooperación cultural: 54 millones.
  • Promoción del libro y publicaciones culturales: 14 millones.
  • Fomento de las industrias culturales: 30 millones.
  • Música y danza: 107 millones.
  • Teatro: 56 millones.
  • Cinematografía: 113 millones.

Miscelánea: 9.398 millones

  • Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.063 millones.
  • Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 335 millones.
  • Primas a las energías renovables: algo más de 7.000 millones. Se trata de una partida de gasto público diferida. Es decir, este gasto no consolida en presupuesto, pero es responsable del abultado déficit de tarifa que acumula el sistema eléctrico español. Ese déficit es sufragado mediante deuda pública y, por tanto, también es gasto. La eliminación de este sistema ahorraría al contribuyente más de 7.000 millones al año de gasto, igualmente, estructural, sólo que diferido en el tiempo vía emisiones de deuda.

Las partidas previas suman en total casi 39.000 millones de euros de ahorro anual. En sentido estricto, y puesto que las primas renovables se financian de forma distinta al resto, el recorte presupuestario ascendería a casi 32.000 millones, el 17,9% del gasto estatal consolidado para 2011 (algo más de 179.000 millones).

B) Presupuestos de las CCAA para 2011: 33.000 millones

Las autonomías, por su parte, presupuestaron para 2011 un gasto público total de 163.442 millones de euros. Si el Estado es capaz de reducir su gasto en un 17,9%, resulta de recibo que las CCAA hagan, como mínimo, lo propio en sus respectivas cuentas. Es decir, la mera extensión de esta tijera a los presupuestos regionales arrojaría un ahorro próximo a los 29.000 millones de euros en un solo año.

Y ello, sin necesidad de recortar servicios básicos o sueldos públicos. No en vano, esto es, precisamente, lo que avanzó la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, mediante su particular plan de ahorro para 2012. En concreto, la secretaria general del PP pretende reducir el gasto público en más de un 20% este año "sin subir los impuestos": su presupuesto bajará de los 8.616 millones de euros en 2011 a unos 6.800 millones en 2012.

Y si Cospedal puede hacerlo, ¿por qué no el resto? La extensión del Plan de Castilla-La Mancha al resto de autonomías arrojaría como resultado un ahorro autonómico conjunto de casi 33.000 millones de euros. Es decir, la extensión del ajuste propuesto en el bloque A es similar al aplicado por Cospedal, y viceversa, mostrando una reducción de gastos estructurales de entre el 18% y el 21% interanual (entre 29.000 y 33.000 millones de euros).

¿Qué partidas concretas se pueden suprimir?

Las siguientes partidas (sacadas de los presupuestos autonómicos de 2010) sirven a modo de ejemplo. Pese a ello, parte de semejante recorte ya lo estamos contabilizando para el Estado central, como el de Fomento de Empleo, ya que parte de su financiación proviene del Estado, pero aún así demuestra el gran margen existente para recortar gasto.

En total, las siguientes partidas suman casi 41.000 millones de euros.

Fomento del Empleo: 5.592 millones

Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación: 2.722 millones

Cultura: 2.724 millones

Actuaciones de Carácter Económico: 29.792 millones

  • Agricultura, Pesca y Alimentación: 9.418 millones
  • Industria y Energía: 1.478 millones
  • Comercio, Turismo y Pymes: 2.105 millones
  • Subvenciones al Transporte: 371 millones
  • Infraestructuras: 12.096 millones
  • Investigación, Desarrollo e Innovación: 2.741 millones
  • Otras Actuaciones de Carácter Económico: 1.580 millones

C) Reestructuración de la administración local: 16.000 millones

Tal y como explica Diego Sánchez de la Cruz, un exhaustivo informe elaborado por UPyD en 2010 sobre financiación municipal muestra que la reestructuración de los ayuntamientos españoles arrojaría un ahorro anual próximo a los 16.000 millones de euros En concreto, reduciendo radicalmente el número de municipios, fusionando hasta el 95% de los mismos.

Países como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica o incluso Grecia han acometido profundas reformas en su estructura municipal de cara a reducir el número de ayuntamientos. Algunos, de hecho, han logrado reducciones radicales: en Gran Bretaña se pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596; o en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000 [...] tenemos nada más y nada menos que 8.112 ayuntamientos, casi tantos como Alemania con poco más de la mitad de su población, y en más del 80% de ellos viven menos de 5.000 personas [...]

D) Ingresos mediante venta y privatizaciones: 43.000 millones

Todo el ajuste previo serviría para eliminar el déficit público tan sólo por la vía del gasto. Pero, además, es posible elevar los ingresos a fin de minorar el abultado peso de la deuda pública española y, por consiguiente, el coste anual de sus intereses, lo cual también ayudaría a rebajar de forma sustancial la prima de riesgo. Es decir, el coste de la deuda bajaría por dos vías: menor nivel de endeudamiento y menor exigencia de intereses por parte de los inversores (prima de riesgo). Y ello, nuevamente, sin necesidad de subir los impuestos.

¿Cómo? Más allá de los presupuestos estatales, autonómicos y locales, el contribuyente sufre igualmente la carga de la una abultada administración paralela, cuyo gasto y deuda no se consolidan por completo en las cuentas públicas anuales. En concreto, en España existen más de 4.000 empresas públicas de toda índole y condición que escapan al control parlamentario: 2.357 empresas son de ámbito regional, 451 de ámbito estatal y el resto se reparte de forma muy diversa (y opaca) entre los municipios.

Todo este conglomerado arrastra una deuda de 57.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España: 32.285 corresponden a las empresas del Estado, 15.495 a las autonómicas y 9.390 a las locales. Así pues, su eliminación supondría un importante ahorro a medio y largo plazo.

A continuación, se detallan tan sólo dos operaciones muy concretas -y parciales- por las que el Gobierno central ingresaría de golpe, y también en el plazo de un año, más de 40.000 millones.

  • Un informe de la consultora Aguirre Newman estima que vender el 34% de los inmuebles improductivos o infrautilizados que posee la Administración General del Estado (sin contar autonomías ni ayuntamientos) supondría un ingreso superior a los 14.000 millones de euros para el Gobierno central.
  • Igualmente, la venta y privatización sólo de empresas estatales (excluyendo nuevamente autonómicas y locales) aportaría otros 29.000 millones de euros a las arcas públicas, según un estudio de Banco Santander. Entre otras, el Gobierno posee el 100% de Aena, Adif, Agencia Efe, RTVE, Loterías, Hunosa y Navantia; aparte, cuenta con sustanciales participaciones en grandes empresas como, por ejemplo, Hispasat, EADS, Ebro Foods, Enagás, IAG o Red Eléctrica, entre muchas otras.

En total, 43.000 millones de euros susceptibles de ser ingresados y que servirían para reducir la deuda del 70% del PIB actual hasta un nivel próximo al 65%. Extender esta dinámica al conjunto de empresas autonómicas y locales lograría, posiblemente, reducir la deuda al nivel máximo del 60% del PIB que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

RESULTADO: 88.000 millones menos y hasta 100.000 más

La suma de todas las partidas de ajuste arrojan el siguiente resultado: recorte del gasto público de hasta 88.000 millones de euros en 2012 (81.000 excluyendo la particular cuestión de las primas renovables), lo cual supondría eliminar de un plumazo todo el déficit público. España lograría así el ansiado equilibrio presupuestario; por otro lado, la venta y privatización de empresas podría reducir la deuda hasta un nivel próximo al 60% del PIB en 2012.

¿Es mucho o poco?

Aunque, a primera vista, un recorte de 80.000 millones pueda resultar una cifra colosal e inasumible para muchos analistas y, sobre todo, políticos, es preciso poner este dato en perspectiva. Y es que, apenas equivale al 17% del gasto público total del conjunto de las administraciones.

En 2009, las administraciones públicas españolas gastaron 485.200 millones, lo que supuso el 46% del PIB español (el nivel más alto en catorce años, y eso en plena crisis). De entre los gastos no financieros (los no destinados a pagar los costes de la deuda), casi un 30% correspondió a la Administración central y un 35% a la Seguridad Social (básicamente pensiones y desempleo). Mientras, a las CCAA les correspondía el 24% y a los ayuntamientos poco menos del 11%.

Por último, este ajuste alternativo, que Rajoy no se atreve a aplicar, es, precisamente, el que han llevado a cabo los países bálticos. Letonia, Lituania y Estonia sufrieron, al igual que España, un duro golpe fiscal y bancario tras el estallido de la Gran Recesión en 2008. Han sido casi los únicos países de la UE en apostar por un duro ajuste fiscal por el lado del gasto -junto a profundas reformas estructurales-, con recortes de hasta el 20% interanual. Tras la tormenta, hoy sus economías son las que registrarán el mayor crecimiento económico de toda Europa en 2012. En definitiva, otro ajuste es posible.

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