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Pablo Molina

Luchar contra el paro trincando la subvención

Si la principal solución que se le ocurre al Gobierno para reducir el paro es la puesta en marcha de un Plan E con fondos europeos, el camino hacia un desastre laboral sin precedentes queda completamente despejado

Cuando Méndez se postuló como representante del Gobierno para discutir con Merkel la reforma laboral en ciernes no estaba diciendo ningún disparate. A tenor de las propuestas que Rajoy ha presentado en su primer Consejo Europeo para reducir las cifras monstruosas del paro español, el secretario general de la UGT podía haberle sustituido perfectamente con la ventaja añadida de que las habría defendido con mayor convicción.

Las subvenciones a las empresas que contraten trabajadores en paro y el aumento de los fondos destinados a ese agujero insondable conocido como "formación para el empleo", dos de los principales ejes del programa laboral de Rajoy, no se distancian ni un milímetro de las recetas sindicales para seguir manejando el cotarro, aunque la consecuencia necesaria sea el aumento imparable de la cifra de desempleados.
 
Si la principal solución que se le ocurre al Gobierno para reducir el paro es la puesta en marcha de un Plan E con fondos europeos, el camino hacia un desastre laboral sin precedentes queda completamente despejado, porque, como demuestra la realidad española, el empleo no se crea cuando el gobierno sustituye a los empresarios gastando un dinero público del que encima carece, sino cuando alivia las cargas que gravan la contratación y reduce las regulaciones escleróticas que impiden el dinamismo laboral.
 
Resulta difícil de creer que haya todavía quien confíe sinceramente en los planes de formación como herramienta eficaz para reducir las cifras del paro, porque lo cierto es que los ocho mil millones de euros que anualmente gestionan sindicatos y patronal con tal fin no han servido para nada, tampoco en estos años de crisis. Muy al contrario, el desempleo ha seguido creciendo exponencialmente a pesar del importante esfuerzo que la financiación de estos cursos inútiles ha supuesto para el bolsillo de todos los contribuyentes españoles. Ante esta realidad la decisión del gobierno de insistir en el error no tiene fácil explicación, salvo que se trate de un peaje a pagar al sindicalismo de clase (alta) para compensar ulteriores reformas en la dirección correcta y evitar así las previsibles protestas callejeras que de otra forma resultarían inevitables.
 
Es difícil sustraerse a la sensación de que lo avanzado por Rajoy ante las instituciones europeas no es más que es una componenda para evitar damnificados entre los que manejan el mercado laboral español. A base de subvenciones, naturalmente, que para eso ya estamos los que pagamos impuestos. Si estos trincones son los que nos han de salvar, más vale ir reservando un buen puesto en la cola del paro. Cuestión de tiempo.

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