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El Tribunal Constitucional suspende el euro por receta en Cataluña

La suspensión afecta también a la tasa judicial que el Gobierno llevó al TC y al impuesto a los depósitos bancarios.

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este martes el recurso presentado por el Gobierno central contra la tasa del euro por receta que entró en vigor en Cataluña en junio del año pasado. El tribunal ha acordado su suspensión durante cinco meses, según han confirmado a Efe fuentes del tribunal. La suspensión afecta también a la tasa judicial que el Gobierno llevó al TC y al impuesto a los depósitos bancarios.

A mediados de diciembre el Gobierno anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por las tasas de un euro por receta y otra judicial aprobadas por la Generalidad de Cataluña el pasado mes de marzo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la tasa catalana "perjudica" a la igualdad de los españoles al "gravar dos veces" la adquisición de medicamentos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende además que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al tribunal de garantías la suspensión del euro por receta en Cataluña para "evitar que los ciudadanos sigan pagando" un sobreprecio que "afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".

El Ejecutivo central atendió entonces el dictamen emitido por el Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por la Generalitat podía ser "inconstitucional".

En un "ejercicio de coherencia", la vicepresidenta anunció el pasado viernes que el Consejo de Ministros había acordado recurrir también ante el Constitucional el euro por receta de la Comunidad de Madrid al entender que vulnera el "principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico". Al concluir los cinco meses, el Constitucional tendrá que decidir si prorroga su decisión.

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