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El Gobierno irrita a las autonomías con la Ley de Unidad de Mercado

La pretensión de Economía es instaurar de facto la licencia única y acabar con muchas de las trabas burocráticas para las empresas.

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Este viernes, el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de Ley de Unidad de Mercado. Es una de las grandes apuestas del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Economía, que se ha ido retrasando en los últimos meses, mientras se negociaba con el resto de los implicados.

El objetivo del equipo de Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio y responsable de la norma, es instaurar la licencia única, para que una empresa que tenga autorización para operar en cualquier autonomía pueda hacerlo, sin necesidad de más requisitos en el resto. El problema es que para conseguirlo tendrá que meterse en el terreno que hasta ahora controlaban muchos otros actores (gobiernos regionales, otros ministerios, ayuntamientos,...). Y no parece sencillo que vayan a permitírselo pacíficamente.

El Gobierno asegura que "los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos de inmediato y en toda España sin requisito adicional. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad". Si se cumple este deseo, cualquier producto o servicio producido al amparo de una normativa autonómica se podrá ofertar en todo el territorio nacional sin ningún trámite adicional.

La normativa incluirá también un procedimiento mediante el cual los operadores podrán exponer ante un "órgano de Estado" las dificultades económicas o jurídicas que les provoca la dispersión normativa, y ese órgano podrá establecer unas "máximas de actuación" en la aprobación de las normas por las comunidades autónomas. Según ha adelantado en varias ocasiones el Gobierno; el Estado y las autonomías han aprobado más de 100.000 leyes que afectan al comercio desde 1978.

Un paso adelante

Esta ley es una petición clásica de las empresas, que tienen que lidiar desde hace años con la maraña normativa autonómica. En los boletines oficiales españoles se publican cada año 1 millón de páginas de nueva legislación. En las clasificaciones de facilidades para hacer negocio, como el Doing Business del Banco Mundial, o el Índice de Libertad Económica de The Wall Street Journal y la Fundación Heritage, España aparece muy alejada de sus vecinos de la UE. No es que esta Ley de Unidad de Mercado vaya a resolver todos estos problemas, pero debería ser un importante paso adelante. Como explica el Gobierno, "es muy difícil entender que una empresa holandesa pueda operar en España con la licencia de Holanda y un producto español requiera varias licencias".

El problema es que en estos meses de tramitación casi todos los que han intervenido en las negociaciones han intentado aguar el proyecto. El equipo de Legaz tenía un texto casi cerrado a finales de octubre, pero no se ha llevado al Consejo de Ministros hasta finales de enero. Todas las partes interesadas admiten que ha habido una dura negociación, tiras y aflojas y en que ha habido partes sustanciales de la ley que han sufrido importantes modificaciones.

Como era de esperar, una de las principales trabas estará en las regiones con lengua propia. El Gobierno ha asegurado que será "absolutamente respetuoso con las competencias autonómicas". Hace unos días, Expansión publicaba que del texto definitivo se ha caído una referencia que prohibía la "discriminación lingüística". Además, existe una salvedad con respecto a los servicios, que "tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad". Esto abre una puerta a que los nacionalismos mantengan las leyes lingüísticas que penalizan a aquellos comercios que rotulan sólo en castellano. Y queda por resolver el asunto del etiquetado y de si será obligatorio hacer un envase para cada autonomía.

También quedarán exentos de la ley las aseguradoras, los fondos de pensiones, las cooperativas de crédito, el transporte por ferrocarril y algunas licencias municipales como taxis y autobuses.

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