El PP ha presentado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a reformar la Ley de Expropiación Forzosa con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, obligar a que los presupuestos de las obras públicas incluyan esta previsión de gasto y "armonizar las garantías y derechos" de los afectados en todo el país.
Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, la protección de la propiedad privada que garantiza la Constitución limita las expropiaciones forzosas al cumplimiento de un fin público y social, a la existencia de un equilibrio compensatorio y a la reserva de norma legal, principios respaldados por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
Sin embargo, la normativa que regula esta figura data de 1954, y sólo ha sufrido algunas modificaciones desde la entrada en vigor de la Carta Magna, lo que según los 'populares' ha llevado a "ciertas deficiencias" en su aplicación, particularmente en aspectos como los procedimientos expropiatorios que acaban sin indemnización previa o suficientemente rápida, así como la "exagerada" burocratización de todos los procesos.
Demasiados incumplimientos
Además, también se dan con excesiva frecuencia incumplimientos por parte de los órganos expropiantes de plazos legales para la fijación o pago de justiprecios, mal uso de los procedimientos de urgencia, falta de reconocimiento de intereses de demora o impago, retrasos en los Jurados Provinciales de Expropiación o falta de transparencia.
"La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 se ha visto superada por el desarrollo económico y social experimentado en nuestro país en las últimas décadas, por el aumento de la obra pública y por la ingente acumulación de asuntos pendientes de actuación administrativa y judicial. Habría que considerar, además, la necesidad de adaptar el procedimiento de expropiación al nuevo modelo territorial, de modo que se ofrezcan idénticas garantías en todo el territorio nacional, así como la necesaria coordinación administrativa", defiende el PP.
La propia ministra de Fomento, Ana Pastor, criticó este jueves los precios marcados por los tribunales para algunas expropiaciones por ejemplo en el caso de las autopistas de peaje, para las que "algunos tribunales decidieron que un metro cuadrado de esos terrenos valía lo mismo que un metro cuadrado en la Gran Vía".
Por ello, los 'populares' consideran pertinente "impulsar una reforma de la Ley de Expropiación Forzosa" y marcan algunas líneas a tener en cuenta a la hora de abordar esta modificación legislativa por parte del Ejecutivo.
En concreto, creen necesario armonizar en todo el territorio nacional las garantías y derechos de los afectados, eliminar trabas burocráticas, incrementar la transparencia y la participación del afectado en el procedimiento de expropiación, limitar el uso del procedimiento de urgencia y obligar a estimar en el presupuesto de la obra pública la previsión aproximada del gasto de la expropiación, de manera que se incluya en las programaciones plurianuales y retenciones de crédito.