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El BCE lanza un informe muy crítico contra la 'derrama De Guindos'

Rechaza que el Fondo de Garantía de Depósitos compre acciones de cajas nacionalizadas y que la banca sana cargue con sus preferentes.

Rechaza que el Fondo de Garantía de Depósitos compre acciones de cajas nacionalizadas y que la banca sana cargue con sus preferentes.

La "derrama extraordinaria" impuesta por el Gobierno a la banca sana para que sufrague parcialmente el canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada de las cajas nacionalizadas no ha gustado al Banco Central Europeo (BCE). A finales del pasado marzo, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para que los bancos sanos aportaran entre 1.500 y 2.000 millones de euros extra al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con el objetivo de que éste pudiera comprar acciones de las entidades nacionalizadas que no cotizan en bolsa (Novagalicia y Catalunya Banc) y, de este modo, dotar de liquidez a sus titulares de preferentes.

En este sentido, el rescate financiero acordado entre el Gobierno y la UE en 2012 obligó a asumir pérdidas a los accionistas y acreedores de las entidades en problemas. Así, los tenedores de participaciones preferentes de Bankia perderán de media el 38% de su inversión, los de Catalunya Banc el 61% y los de Novagalicia el 43%. Una vez aplicadas estas quitas se procederá al canje de preferentes por acciones de cada entidad. En el caso de Bankia, los titulares recibirán acciones nuevas, pero el problema con las otras dos entidades es que no cotizan por lo que sus acciones carecen de liquidez.

Por ello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, decidió emplear el FGD para comprar las acciones de Catalunya y Novagalicia y así efectuar el canje de preferentes al "precio de mercado" que determinen los expertos independientes, según la citada norma. Pero como el FGD, ideado para garantizar los depósitos de hasta 100.000 euros en caso de quiebra bancaria, no tiene suficiente dinero, el Gobierno impuso una "derrama extraordinaria" a los bancos sanos para afrontar la operación, castigando especialmente a BBVA por negarse a participar en el capital del 'banco malo'.

Esta contribución de hasta 2.000 millones de euros, aprobada en el Congreso el pasado jueves, ha recibido duras críticas por parte de la banca española, tanto en público como en privado. La más destacable fue, sin duda, la del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, al señalar que "cada uno debe pagar lo suyo", rechazando de plano que su entidad se hiciera cargo de las preferentes de las cajas nacionalizadas.

El BCE se muestra muy crítico

Sin embargo, a la banca española le ha salido un aliado inesperado cuya influencia no es, precisamente, desdeñable. Se trata del BCE. En un dictamen emitido el pasado miércoles, justo un día antes de la aprobación del real decreto en el Congreso, el organismo monetario lanza críticas muy duras contra la derrama De Guindos, lo cual arroja dudas sobre su aplicación en caso de mantenerse su actual redacción.

La nueva normativa del Gobierno otorga al FGD dos funciones nuevas, aparte de proteger los depósitos garantizados:

  • Suscribir o adquirir acciones no cotizadas emitidas por entidades de crédito nacionalizadas y sujetas a procesos de reestructuración o resolución, así como acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada.
  • Y suscribir acciones o instrumentos de deuda subordinada emitidos por el banco malo, es decir, por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

Y, para ello, obliga a los bancos a realizar una aportación extra equivalente al tres por mil de de sus depósitos (hasta 2.000 millones de euros), si bien establece algunas exenciones, entre las que destaca el descuento de hasta un 30% del importe total inyectado en el banco malo hasta finales de año, lo cual penalizaría más a BBVA a día de hoy (rechazó participar en la Sareb).

La cuestión es que el BCE se muestra crítico por tres razones básicas:

1. En primer lugar, si bien apoya que el FGD pueda utilizarse para financiar los procesos de resolución bancaria, "considera de vital importancia que ello no ponga de ningún modo en peligro la función principal de los sistemas de garantía de depósitos, es decir, la protección de los depósitos garantizados".

2. Y, precisamente, para proteger los depósitos garantizados "es preciso que el FGD pueda contar con un patrimonio de elevada liquidez". En este sentido, el BCE considera que la compra de acciones de entidades nacionalizadas que no cotizan es "contraria a ese principio prudencial y, por lo tanto, desaconseja modificar las normas de inversión de aplicación al FGD que permitan esas adquisiciones".

3. Por si fuera poco, advierte de que "puede ser necesario examinar las disposiciones del proyecto de ley desde la perspectiva de las normas sobre ayuda estatal".

Es decir, el BCE rechaza que el FGD adquiera acciones de Novagalicia y Catalunya, ya que podría poner en riesgo la protección de los depósitos garantizados. Además, deja entrever que la derrama De Guindos podría vulnerar la normativa europea sobre ayudas estatales.

Rechaza que los bancos sanos paguen

Por otro lado, la normativa del Gobierno no se ajustaría del todo a las condiciones que establece el rescate europeo en el Memorando de Entendimiento (MoU). Así, el BCE alerta de que esta aportación extra lastrará los beneficios de la banca sana, con lo que pagarán menos impuestos y les restará capacidad para fortalecer su solvencia mediante el aumento de sus reservas de capital. Además, los accionistas de las entidades sanas podrían resultar "desfavorecidos".

Asimismo, el informe duda de "la conveniencia de usar los recursos limitados del FGD en beneficio de los inversores minoristas en lugar de destinarlos a otros fines de estabilidad financiera, tales como reponer los recursos del FGD y reforzar así la confianza del mercado en la capacidad del FGD para llevar a cabo su función principal", que no es otra que la de proteger los depósitos garantizados.

El BCE también alerta de que "deben respetarse los principios de reparto de cargas acordados en el MoU" a fin de minimizar la factura del saneamiento bancario para el contribuyente. Según la agencia Fitch, las quitas acordadas sobre las preferentes y subordinadas permitirán ahorrar al contribuyente cerca de 13.000 millones de euros. Sin embargo, el precio que finalmente pague el FGD por las acciones de las cajas nacionalizadas podría suponer una carga extra para el Estado si no es "justo" (precio estrictamente de mercado).

Por último, el informe indica que "no es necesario eximir del pago de la aportación extraordinaria al FGD a entidades que han decidido invertir en la Sareb", ya que el plan de negocio del banco malo prevé repartir beneficios entre los inversores. Así pues, el BCE rechaza el castigo adicional que el Gobierno impone a BBVA por negarse a entrar en la Sareb.

Los gobiernos de la eurozona tienen la obligación de solicitar la opinión del BCE en la elaboración de normas que afecten al ámbito de sus competencias, pero sus dictámenes no son de obligado cumplimiento. Pese a ello, tras el rescate financiero de la UE y dado que el BCE forma parte de la troika, la opinión del organismo monetario sobre todo lo que tenga que ver con el sistema financiero español tiene, actualmente, una relevancia muy sustancial. Además, sus dictámenes son tenidos muy en cuenta por las autoridades comunitarias y otorgan artillería jurídica pesada a los bancos españoles en caso de que decidan denunciar la derrama De Guindos ante Bruselas.

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