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Cataluña eliminaría su déficit cerrando sólo el 20% de sus empresas públicas

El gasto corriente de la Generalidad apenas bajó un 1% interanual en 2012. Los consejos comarcales cuestan más de 550 millones al año.

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En sus primeros 16 meses de gobierno, Mariano Rajoy ha dado alas al sector más intervencionista del Partido Popular. Con Cristóbal Montoro a la cabeza, el Ejecutivo ha aprobado la friolera de 30 subidas de impuestos, incluyendo revisiones al alza de IRPF, IVA y Sociedades, creación de nuevos tributos y aumento de tasas y gravámenes secundarios (patrimonio, impuestos especiales, fiscalidad verde, etc.).

Según el catedrático José Félix Sanz, solamente la subida del IRPF provocó la pérdida de 337 puestos de trabajo al día. Además, tal y como anticipó Arthur Laffer, el aumento de los tipos impositivos de dicho gravamen no se ha traducido en una mayor recaudación: en 2012, el IRPF apenas aumentó sus datos en un 0,1%, y los datos de 2013 hablan ya de una caída de la recaudación superior al 2,6%. En el primer trimestre de 2013, los ingresos por IRPF fueron inferiores en 853 millones a los conseguidos entre enero y marzo de 2012.

La tasa del 20% impuesta a los premios de Loterías es otro ejemplo del fracaso recaudatorio de Montoro. En sus primeros tres meses de funcionamiento, los ingresos ascienden a 62 millones de euros, un 92,5% menos de lo previsto inicialmente por el Ministerio de Hacienda, que esperaba generar 824 millones de euros al año pero apenas ha recogido 62 millones en el primer trimestre de 2013. Eso sí: al igual que ocurre con el IRPF, no solamente hablamos de un fracaso recaudatorio sino también de un enorme daño causado al negocio de Loterías, cuya recaudación se ha desplomado un 12%, según las últimas estimaciones disponibles.

La fiscalidad está tan presente en nuestras vidas que el Estado "se bebe" el 40% del precio del alcohol con sus impuestos a estas bebidas. Por otro lado, los impuestos duplican el precio final de la gasolina, otro ejemplo del coste encubierto que tiene mantener la actual estructura de gasto público. Al hilo de todas las informaciones anteriores, no debería sorprendernos que España sea uno de los países europeos que más carga fiscal impone a sus contribuyentes.

El despilfarro que no cesa

En 2012, el gasto público registrado en España no solamente no se redujo, sino que aumentó en 13.550 millones de euros. Al hilo de esta ausencia de austeridad, la deuda pública aumentó en 40.000 millones solamente durante el primer trimestre de 2013. Los datos oficiales la sitúan cada vez más cerca del 90% del PIB, pero estos datos se ajustan a los criterios de Eurostat y, por tanto, subestiman la ratio total de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas.

Zapatero aumentó la deuda pública a un ritmo de 265 millones de euros al día, pero Rajoy la ha disparado casi un 50% más, a un ritmo de 411 millones cada 24 horas. Toda esta cuestión no es baladí: el PIB español ha caído un 5,2% debido a este aumento del endeudamiento vivido entre 2008 y 2013, y los contribuyentes tendrán que pagar más impuestos en el futuro para devolver toda esta carga.

Las universidades públicas son un ejemplo del enorme endeudamiento que han acumulado los diferentes entes del sector público: deben la friolera de 1.400 millones de euros, la mitad correspondientes a Andalucía. En la Comunidad de Madrid tenemos el ejemplo de la Complutense, cuyo agujero financiero equivale al 30% de su presupuesto anual.

Otro campo en el que encontramos incontables ejemplos de despilfarro es en los gobiernos autonómicos. Cataluña, por ejemplo, podría cumplir el déficit cerrando apenas el 20% de su administración paralela (entes, empresas, fundaciones dependientes del gobierno regional). Otra vía de ajuste interesante sería la supresión de los Consejos Comarcales, que cuestan más de 550 millones de euros cada año. No obstante, el Gobierno de Artur Mas prefiere seguir aumentando las subvenciones (acaba de comprometer 39 millones en "programas de formación") y los impuestos (acaba de anunciar nuevas subidas que podrían costar hasta 350 millones a los contribuyentes catalanes). Mientras tanto, el gasto corriente del gobierno de Cataluña apenas cayó un 1% en 2012.

Un buen ejemplo de ajuste lo tenemos en la Comunidad de Madrid donde, simplemente, investigando las bajas de los empleados públicos se han generado ahorros por 90 millones de euros. No obstante, la región madrileña aún puede hacer más para ajustar sus presupuestos: ¿tiene sentido mantener Onda Madrid, una emisora que cuesta 444 euros por oyente, para un total de 4 millones de euros al año?

Pasando de la Comunidad al Ayuntamiento de Madrid, también encontramos margen de ajuste de gastos en la Empresa Municipal de Transportes, que consume un 71% de su presupuesto en salarios. El conductor de autobús medio gana 46.000 euros; los trece directivos se llevan alrededor de 96.000 euros cada año; los 180 administrativos ganan, de media, 42.000 euros anuales… Pero además hay diversos pluses: 161 euros al mes por más de diez años de antigüedad, 5,3 euros al día por "tener turno partido", 1,6 euros diarios por "entregar la recaudación" o 440 euros "para compensar la obligación de vestir adecuadamente el uniforme reglamentario".

Viajemos ahora a Andalucía, porque la Comunidad gobernada por PSOE e IU es todo un clásico en esta serie sobre el despilfarro. Esta vez hablamos de la Diputación de Sevilla, que tiene en plantilla a 105 funcionarios… y a 1.605 contratados "a dedo". Por cada funcionario de carrera, este ente público mantiene a 15 "enchufados". Pueden conocer más escándalos de la "dedocracia" española en nuestro especial sobre este tema.

A nivel nacional, el Gobierno central sigue presupuestando la friolera de 10.000 millones de euros en diferentes subsidios. Entre 2000 y 2012, estas partidas nos han costado más de 125.000 millones de euros. A todo esto se le suman las subvenciones otorgadas por gabinetes autonómicos, provinciales y locales. En muchos casos, estos programas de gasto fomentan la dependencia del Estado hasta extremos escandalosos. Un ejemplo son los más de 200 millones de euros que hemos gastado en 2013 para pagar una "Renta Básica de Emancipación". En esencia, el Estado paga dinero a los jóvenes para que dejen de "depender" de sus padres… ¡Pero acaba convirtiéndoles en "dependientes" del dinero público!

La forma en que se gasta nuestro dinero es tan discrecional que ni siquiera los planes que buscan "crear empleo" consiguen controlar el uso de los recursos públicos de forma efectiva. Por ejemplo, esta semana hemos conocido que numerosas contrataciones del Plan E apenas generaron empleo ¡durante 24 horas!

Incluso a nivel local, nos encontramos con más casos de despilfarro. Hacienda estima que 5.900 de los alrededor de 8.000 ayuntamientos españoles son "ineficientes" a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes. El coste: más de 7.000 millones de euros cada año. Otro ejemplo llamativo de gasto descontrolado lo tenemos en Alcalá de Henares, donde los concejales de UPyD han gastado más de 6.000 euros en comidas y otros gastos no justificados.

Expertos en poner trabas al sector privado

Para que la recuperación llegue lo antes posible, es imprescindible una revitalización efectiva del sector privado. No obstante, en este ámbito encontramos todo tipo de trabas y obstáculos a la creación de riqueza por parte de las empresas. Aquí van algunos ejemplos:

  • Se habla mucho de "promover la exportación", pero Hacienda tarda hasta cinco meses en devolver los pagos del IVA efectuados por las ventas al exterior.
  • IKEA ha denunciado que la sobrerregulación española y las restricciones a la libertad comercial le han impedido crear hasta 20.000 empleos directos en nuestro país.
  • La CEOE ha destacado que la fragmentación del mercado en España nos cuesta la friolera de 45.000 millones de euros cada año.
  • Hay entre 100.000 y 200.000 leyes y regulaciones vigentes (depende del criterio que usemos para medir el dato final). Cada año se genera un millón de páginas por la aprobación de nuevas normativas.
  • A todo esto le unimos las deudas y los impagos de la Administración, la rigidez laboral o las subidas de impuestos.

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