El Debate sobre el Estado de la Nación celebrado este martes ha arrojado dos grandes anuncios en materia fiscal, que son, precisamente, los que han copado la mayoría de los titulares.
Por un lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado una rebaja del IRPF a partir de enero de 2015. Quien gane menos de 12.000 euros al año quedará exento del pago de dicho tributo. Por otro lado, ha explicado que, con efectos inmediatos, entrará en vigor una tarifa plana en cotizaciones sociales de 100 euros al mes para los nuevos contratos indefinidos.
Aunque no ha explicado los detalles, ambas medidas incluyen matices a tener muy en cuenta a la hora de valorar su alcance y profundidad.
Rebaja del IRPF
En cuanto al IRPF, Rajoy ha señalado que la reforma fiscal que el Gobierno prevé enviar al Congreso el próximo mes de junio incluirá determinadas rebajas que, en conjunto, beneficiarán a un total de 12 millones de contribuyentes, el 65% del total de declarantes. En concreto, indicó que aliviará la carga fiscal que soportan las rentas medias y bajas.
Entre otras medidas, la citada reforma incluirá un aumento "significativo", según Rajoy, de los mínimos personales por hijos y para ascendientes y discapacitados dependientes de la unidad familiar. Actualmente, el mínimo personal en el IRPF es de 5.151 euros, que se incrementa en 918 euros para los mayores de 65 años y en otros 1.122 euros cuando se tienen más de 75 años. Por su parte, los mínimos por descendientes menores de 25 años o discapacitados van entre los 1.836 euros para el primer hijo hasta los 4.182 euros para el cuarto hijo y siguientes.
Pero en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, la gran novedad de la jornada ha sido el anuncio de que quienes ganen menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF a partir de 2015. Lo primero que hay que decir es que no se ha aclarado cómo se hará. Y es importante, porque no es lo mismo subir mínimos exentos, que aplicar una reducción especial a estos contribuyentes o eximirles de la obligación de tributar. Habrá que leerse con atención la letra pequeña de la medida.
Según aclaró posteriormente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta rebaja afectará a cerca de 1,5 millones de asalariados, que son los que obtienen rentas por debajo de 12.000 euros anuales. La idea inicial del Gobierno consiste en que la mayoría de los llamados mileuristas queden exentos del IRPF. Eso sí, el ministro de Hacienda también ha indicado que, en todo caso, sólo podrán beneficiarse los contribuyentes del IRPF con rendimientos del trabajo, nunca por rentas del capital o por ingresos procedentes de otras actividades.
Sin embargo, como apuntamos, hay que tener en cuenta una serie de detalles que el Gobierno no ha explicado. En 2011 -último ejercicio con datos disponibles-, los contribuyentes del IRPF ascendieron a un total de 19,5 millones. Así pues, dando por bueno el dato facilitado por Montoro (1,5 millones), la nueva exención hasta 12.000 euros afectaría a menos del 8% de los declarantes.
Del total de 19,5 millones de contribuyentes, unos 7,7 millones (el 40% del total) declararon unos rendimientos del trabajo inferiores a 12.000 euros al año. Por tanto, el citado anuncio apenas afectaría al 20% de las rentas inferiores a 12.000 euros. En este sentido, lo que no dijo el Gobierno es que la inmensa mayoría de esos trabajadores que ganan menos de 12.000 euros (80% restante) ya no paga IRPF.
La razón es sencilla. En la actualidad, el mínimo personal exento se sitúa en 5.151 euros y se aplica a todos los declarantes del IRPF. Y no sólo el mínimo exento es importante. También hay que aplicar la reducción por rendimientos netos del trabajo. Con ella, tenemos que los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 9.180 euros al año no pagan nada por este concepto.
Además, hay que tener en cuenta que hay determinados trabajadores a los que sus empleadores no tienen que practicar retención. Por ejemplo, los empleados solteros que ganan menos de 11.162 euros. El umbral varía en función de la situación personal de cada contribuyente. En el siguiente cuadro se incluyen los sueldos brutos no sometidos a retención.
En cuanto al ahorro, en la actualidad, un soltero y sin hijos con una renta anual de 12.000 euros sufre unas retenciones de unos 400 euros al año por IRPF, mientras que con una renta de 1.165 apenas abona al Fisco 46 euros al año. Ambas cifras dan una idea de la mínima rebaja fiscal que supone tal medida, aunque para cualquiera con un sueldo bajo todo ahorro es importante. Eso sí, según los datos de Hacienda, las rentas de menos de 12.000 euros soportan un tipo medio efectivo inferior al 5%.
Pero la cifra más significativa en esta materia es que, en 2011, Hacienda retuvo unos 1.300 millones de euros a los rendimientos del trabajo inferiores a 12.000 euros, lo cual equivale al 2,2% de las rentenciones totales, tal y como refleja la anterior tabla. Es decir, dicha rebaja afectaría una parte muy exigua de la recaudación por IRPF. Una vez descontado el pago a la Seguridad Social -que no entra en la base imponible- y dando por buena la cifra de 1,5 millones de beneficiarios, el ahorro de la medida anunciada sería muy inferior.
La tarifa plana
La segunda gran medida anunciada este martes por Rajoy tiene que ver con la instauración de una tarifa plana de 100 euros para las nuevas contrataciones indefinidas. El anuncio ha sido muy aplaudido desde la bancada popular y ha sido el tema sobre el que más se ha hablado a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, más allá de los titulares, quedan algunas dudas sobre el impacto que tendrá en la creación de empleo:
- La tarifa plana se aplicará sólo a las contingencias comunes que paga el empresario (no a la aportación del trabajador ni a lo que paga el empresario por desempleo, Fogasa o FP).
- Se aplicará a nuevos contratos fijos, durante sus primeros 24 meses, siempre y cuando se cree empleo neto.
- El presidente ha puesto un ejemplo: para un sueldo bruto de 20.000 euros, la factura a la Seguridad Social por contingencias comunes en este momento alcanza los 5.000 euros al año. Con la reforma, caerá hasta los 1.200 euros, un 75% menos.
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Si en los tres primeros años tras el inicio del contrato se revierten las condiciones (se despide al trabajador o la empresa destruye empleo neto), la empresa tendrá que pagar a la Seguridad Social por lo que se ha ahorrado.
De esta forma, la medida tira en dos direcciones diferentes. Por un lado, anima a la contratación indefinida, porque el empresario ve que se ahorrará un buen dinero mes a mes. Pero por otro, es una amenaza que pesa sobre las cuentas de la compañía. Imaginemos que unos meses después de la contratación, sufre una caída en la facturación y debe realizar una disminución de su plantilla. Pues se encontrará con que tiene una deuda extra con la Seguridad Social por haberse atrevido a contratar de forma indefinida cuando le iba mejor.
El mercado laboral español tiene un problema de incertidumbre, especialmente en lo que hace a las nuevas contrataciones. Los empresarios tienen mucho miedo a contratar de forma indefinida en buena parte porque saben que, si sus cuentas cambian en el futuro, estarán atados a las condiciones impuestas por la ley. En este sentido, la norma anunciada hoy no supone una novedad.
La segunda cuestión que hay que resaltar es que la medida será positiva para las empresas a las que mejor les va (las que están creando empleo). Para las compañías en dificultades no hay ningún cambio. El coste laboral, lo que pagan por cada empleado, sigue siendo el mismo, por lo que tendrán complicado ganar en productividad.
Además, hay que tener en cuenta que el ahorro sólo dura 24 meses. Esto quiere decir que la medida sí fomenta la contratación (con los peros antes indicados) pero no supone una reducción sustancial en los costes que revierten en las empresas, como apuntamos en el anterior párrafo. Si una empresa española compite con una extranjera y el coste de la Seguridad Social penaliza su competitividad, lo anunciado este martes le ayuda muy marginalmente. En su momento, el Gobierno anunció que a cambio de la subida del IVA habría una reducción en las cotizaciones sociales. En todas, no en los nuevos contratos, y para siempre, no para 2 años. Pero aquella promesa, por ahora, ha quedado en nada.